El primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, se ha desmarcado de la venta en 1991 de la empresa Grand Tibidabo y de las supuestas mordidas que se pagaron por esta operativa.
Ha atribuido el ingreso de 8,5 millones de pesetas -unos 51.000 euros- en una de sus cuentas en Andorra, que los investigadores vinculan con esta operación, a un producto bancario que denomina «láminas financieras» y que le reportó beneficios, según han informado fuentes jurídicas.
No ha explicado cuánto dinero destinó a ello para que le reportaran esos beneficios ni el origen de la cantidad invertida, añaden las mismas fuentes.
Pujol Ferrusola ha declarado hoy como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata por un posible delito de blanqueo de capitales, supuestamente cometido tras la quiebra en diciembre de 1999 de la sociedad Grand Tibidabo.
Los actuales dueños acusan a la familia Pujol de blanquear en Andorra dinero de la empresa cuando estaba dirigida por el empresario Javier de la Rosa, quien ya fue condenado por la venta de 1991.
Sólo ha respondido a su letrado, Cristóbal Martell, para asegurar, como ya ha dicho en anteriores ocasiones cuando se le ha interrogado por la procedencia de su dinero, que el ingreso de 8,5 millones de pesetas que recibió en una cuenta andorrana tiene origen en los beneficios obtenidos por un producto financiero.
No ha querido contestar a las preguntas del abogado de Grand Tibidabo, que fue quien solicitó su comparecencia, ni a la acusación que ejerce Podemos, según las citadas fuentes, que indican también que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no han planteado ninguna cuestión.
Según la investigación, el primogénito de la famillia recibió este ingreso en su cuenta de Andorra sólo unos días después de la venta de la empresa a la Generalitat de Cataluña. Parte del dinero de la venta fue a parar a la sociedad Catalana de Mitjans i Edicio, vinculada a Joan Anton Sànchez Carreté, asesor fiscal de los Pujol.
De la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, investiga el origen de la fortuna de la familia, una instrucción en la que están imputadas una treintena de personas, entre ellas el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, su esposa y sus hijos, por delito fiscal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.
El pasado septiembre, De la Mata prorrogó la instrucción del caso hasta el 23 de marzo de 2021, como le pidió la Fiscalía.
En junio de 2016, ya acordó la complejidad de la causa en tanto que la investigación presuntamente recaía sobre una organización criminal, tenía por objeto numerosos hechos punibles, numerosos investigados, eran necesario analizar abundante documentación y realizar actuaciones en el extranjero que obligaban a mantener la instrucción.
En el auto de septiembre, informaba que se había descubierto recientemente una nueva Fundación, la ‘Fundación Paty’, vinculada a Josep Pujol Ferrusola, en un banco de Andorra en el que se ha identificado un ingreso de 600.000 euros, lo que había motivado una nueva petición de la Fiscalía para cursar otra comisión rogatoria internacional al Principado de Andorra “a fin de obtener información sobre este nuevo instrumento societario opaco tras el que se parapetaba Josep Pujol”.
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorporado por esas fechas al sumario, Josep Pujol hijo llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casi dos millones y medio de euros entre los años 1993 y 2000 a través de 69 movimientos que incluyen ingresos en efectivo de origen desconocido.
Además, según se desprende de un informe policial que trascendió el pasado agosto, presuntamente la familia Pujol, al frente de la cual se situaban el expresidente catalán y su primogénito, impuso su ‘modus vivendi’ de corruptelas y negocios ilegales mediante la coacción a muchas personas a las que tuvieron atemorizadas durante años y no quisieron denunciar porque “estarían muertos civilmente” si lo hacían y “les sería imposible continuar con su modo de vida”.
Así resume la UDEF el supuesto sistema de sobornos que habría establecido la familia Pujol en Cataluña desde 1980, cuando Jordi Pujol accedió a la presidencia de la Generalitat, hasta mucho después de que éste abandonara el cargo, pues para eso “fue introduciendo a su hijo Oriol, quien sucesivamente fue ganando cuota de poder” en las instituciones catalanas.
Y mientras Oriol Pujol ascendía en el plano político, la investigación ha acreditado el papel esencial del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, “en el desarrollo de un sistema espurio, la financiación de partidos políticos con capitales adulterados”, dice la UDEF.
“Sus propias cuentas en Andorra, alimentadas con comisiones ilícitas, sirvieron para financiar campañas electoras de CDC, que además en gran parte finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos”, explica.
