El Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona ha condenado a 8 meses de prisión al sujeto detenido por agredir en la madrugada del pasado viernes a un guardia civil en Alsasua (Navarra), por un delito de atentado a agente de la autoridad.
Además, le ha impuesto una multa de 100 euros por un delito leve de lesiones, y tendrá que indemnizar al agente con 400 euros.
El condenado responde a las iniciales de J. M. M. A.
Fue detenido el viernes por la tarde.
El sábado aceptó ante la magistrada Inés Hualde Juvera, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona, la pena reclamada por la Fiscalía, y al notificársela verbarmente manifestó su voluntad de no recurrirla, por lo que es firme.
La magistrada ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante dos años condicionada a que el condenado no delinca en el plazo fijado, cumpla con la responsabilidad civil impuesta y se someta a un programa formativo en materia de igualdad de trato y no discriminación.
Según los hechos probados, J. M. M. A., mayor de edad, y con antecedentes penales cancelables, se encontraba en la madrugaba del pasado 7 de febrero en la Calle García Ximénez de Alsasua, donde poco antes se habían volcado en la vía pública unos contenedores de vidrio, por lo que acudieron al lugar varios guardias civiles.
Cuando los agentes trataban de identificar a varias personas, «el acusado con una actitud desafiante y violenta y con ánimo de denigrar el principio de autoridad, golpeó fuertemente en la espalda» a uno de los agentes.
Cuando éste trató de identificarlo, J. M. M. A. esgrimió una botella de vidrio simulando golpear al agente en la cabeza dos veces, «teniendo que retroceder este último para evitar ser golpeado».
Acto seguido, el condenado arrojó la botella contra una pared, y los cristales rotos alcanzaron a otro de los agentes, sin causarle lesión, y a quien el condenado, «momentos antes, y con idéntico ánimo, había arrojado de forma violenta el contenido liquido del vaso que portaba».
El agente sufrió una «tumefacción a nivel lumbar, con dolor a la palpación y percusión, así como mareos y ansiedad; lesiones que requirieron de una primera asistencia facultativa y supusieron 5 días de pérdida temporal de calidad
de vida moderado».
Ha permanecido de baja hasta hoy.
COVITE SEÑALA QUE ES ‘UNA PRUEBA MÁS DE QUE LA CULTURA DEL ODIO PERMANECE INTACTA EN LAS CALLES DE NAVARRA Y EL PAÍS VASCO’
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha destacado que esta nueva agresión a un guardia civil registrada en la localidad navarra de Alsasua es “una prueba más de que la cultura del odio permanece intacta en las calles de Navarra y del País Vasco”.
Covite ha exigido a todos los partidos políticos con representación en las instituciones navarras que condenen de forma expresa la agresión y que “no se pongan de perfil ante unos hechos que reavivan los métodos del matonismo abertzale en estado puro”.
Este colectivo, que preside la abogada Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995, ha criticado a las «autoridades navarras y vascas por no tener ninguna estrategia para combatir la radicalización violenta, que alcanza en estas regiones los niveles más altos de toda la Unión Europea».
“El reto de combatir la cultura del odio nos compete a todos, especialmente a las fuerzas políticas que siguen amparando el
culto al asesino y la criminalización de las Fuerzas de Seguridad”, ha sentenciado.
Covite ha denunciado que «dos años y medio después de la brutal agresión a dos agentes de la Guardia Civil y a sus respectivas parejas en Alsasua el ecosistema de odio siga reforzándose en la localidad navarra».
«La impunidad social a la violencia que ejerce el nacionalismo vasco radical incentiva a que se hayan repetido los gravísimos hechos de octubre de 2016″, denuncia Consuelo Ordóñez.
Covite, que interpuso una denuncia por esos hechos ante la Audiencia Nacional y que estaba personado en el proceso como acusación popular, cree que el fallo de esa sentencia constató «la gravedad de una brutal agresión y las motivaciones políticas que movieron a los agresores, que apalearon a las víctimas por su condición de guardias civiles y de parejas de guardias civiles».
Critica que, a pesar de ello, la izquierda abertzale siga “emitiendo propaganda sobre la teoría de la ‘pelea de bar’, que quedó totalmente desacreditada”.
Covite censura, asimismo, que “haya partidos políticos e instituciones públicas que asuman esa perversa propaganda de la izquierda abertzale” y emplaza a todas las fuerzas políticas a que “emitan una condena expresa de esta nueva agresión” y a que “pregunten a Belén Pozueta, madre de uno de los condenados por el caso Alsasua y ahora
diputada en el Congreso por EH Bildu, si la condena”.
Para Covite, el caso Alsasua dejó en evidencia que “en esta y en otras muchas localidades de Navarra y del País Vasco se impone un clima dominado por los radicales y un ecosistema de odio, algo que hemos vuelto a comprobar con una nueva agresión a guardias civiles”.
“Quienes se oponen y se desmarcan de los radicales siguen teniendo su libertad secuestrada”, sentencia.
