El derecho forma parte del sistema que regula la convivencia entre nosotros, los ciudadanos. Y como suele ocurrir en otros órdenes de la vida, como la medicina o el fútbol, tiene un lenguaje muy preciso, aquilatado a lo largo de siglos, que en muchas ocasiones es opaco para el común de los mortales.
La conciencia de la opacidad del lenguaje jurídico y la necesidad de aclararlo para los ciudadanos, en un proceso de divulgación similar al aplicado al mundo de la medicina, llevó al Congreso de los Diputados a aprobar por unanimidad, el 16 de abril de 2002, la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
En la misma se establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje comprensible y el derecho a que las sentencias y resoluciones judiciales se redacten de una forma comprensible.
Debemos preguntar y preguntar y preguntar hasta tener la cosa clara, diáfana.
Y esta claridad debe extenderse a todos los órdenes del derecho.
Este parece ser uno de los objetivos de la nueva Administración de Justicia, ahora bajo la dirección del ministro, Juan Carlos Campo -magistrado en servicios especiales, no hay que olvidarlo–, que desde 2009 a 2011, siendo secretario de Estado, impulsó la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico, asumiendo su Presidencia.
Una Comisión que estuvo formada por el entonces director de la Real Academia de la Lengua Española, Víctor García de la Concha, como vicepresidente, Gabriela Bravo, Carlos Carnicer, Gabriela Cañas Pita de la Vega, Álex Grijelmo, Jesús María García Calderón, Mercedes Bengoechea, María Peral y Salvador Gutiérrez.
En septiembre de 2011 presentó su informe ante el Consejo de Ministros.
El informe contiene recomendaciones sobre corrección lingüística y ofrece una guía de ejemplos para mejorar la redacción de los escritos jurídicos.
En él se reconoce que los ciudadanos consideran críptico el lenguaje judicial y propone sustituir los particularismos lingüísticos por términos del lenguaje común, siempre que sea posible.
Las recomendaciones propuestas por la Comisión van más allá de la pura ortografía y pretenden crear un marco institucional para devolver la relevancia que el uso del lenguaje nunca debió de perder.
El informe, de 24 folios, se estructura en dos tipos principales de recomendaciones.
Unas están dirigidas a los profesionales. Son recomendaciones básicas sobre la base de los errores gramaticales y de sintaxis más comunes.
Y también a las instituciones. Se dice que corresponde a las instituciones impulsar medidas que permitan acercar el lenguaje jurídico al ciudadano y poner al alcance de nuestros profesionales del derecho medios suficientes para la búsqueda de la excelencia en su expresión lingüística.
Tras la victoria del PP, en 2011, el Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico cayó en un olvido del que ahora va a ser rescatado por aquellos que lo gestaron en su momento.
Y está bien. No hay que olvidar lo que dice el artículo 117 de la Constitución: «La Justicia emana del pueblo». La consecuencia lógica es que el pueblo entienda lo que sus jueces escriben.
En Inglaterra hace tiempo que el movimiento de inglés sencillo, –»plain English», lo llaman– es una realidad. Es un esfuerzo colectivo, por parte de los hombres y mujeres del mundo legal por escribir de una forma que el ciudadano sencillo pueda entenderlo.
¿Un espejo en el que mirarnos? Más bien un ejemplo a seguir.
