Volkswagen ofreció una gorra y un llavero a los afectados por los motores diésel presuntamente trucados, según ha denunciado hoy la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en el juicio por la demanda colectiva de esta asociación contra Volkswagen-Audi España por el caso del software instalado en vehículos diésel de Volkswagen que alteraba las emisiones cuando estaban siendo objeto de pruebas de laboratorio.
Así lo ha manifestado la portavoz de la OCU, Iliana Izverniceanu, al inicio del juicio, que se celebra en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.
La OCU, que representa en la demanda a más de 7.500 personas, pide 3.000 euros para cada usuario por daños y perjuicios, un total de 22,5 millones de euros.
Después de 4 años del escándalo de Dieselgate, hoy, 17 de febrero, se celebra el juicio contra Volkswagen en el que OCU representa a 7.500 afectados y reclama 22 millones de euros. Unidos los consumidores europeos somos más fuertes: https://t.co/73X3RjsIAi #JusticiaVW pic.twitter.com/oTLjNQyR6V
— OCU (@consumidores) February 17, 2020
La asociación destaca que los usuarios afectados «tienen derecho» a ser indemnizados por el perjuicio sufrido, «en condiciones similares a los consumidores americanos y australianos», donde la empresa ha llegado a acuerdos.
«La situación es totalmente distinta en Europa», explican desde la OCU. Denuncian «pasividad» por parte de distintas administraciones, lo que ha obligado a organizaciones de consumidores de toda Europa a acudir a los tribunales para exigir la indemnización a la que tienen derecho los afectados.
«Mientras la Agencia de Consumo Catalana archivaba las reclamaciones de los usuarios, las autoridades polacas imponían al grupo VW una multa de 28 millones de euros por las mismas infracciones», señalan desde la OCU.
Esta es la única vía judicial abierta en España por el «dieselgate», cuatro años y medio después de que en septiembre de 2015 se conociera que Volkswagen instaló en algunos de sus modelos un dispositivo que camuflaba el nivel real de emisiones contaminantes de los vehículos, ha recordado la portavoz de la OCU a la entrada del Juzgado.
Ha señalado que en España no ha habido ni siquiera sanción administrativa, en contra de lo ocurrido en otros países, donde los ciudadanos han sido compensados.
Según ha informado, en Estados Unidos se les ha indemnizado con una cantidad similar a la que la OCU pide en España, unos 3.000 euros.
La OCU ha publicado un comunicado en el que indica que «después de que se desestimara la denuncia en vía administrativa y de que todo el procedimiento penal se trasladara a Alemania, la vía civil que inició OCU es la única vía posible para que los afectados por el escándalo de las emisiones reciban las compensaciones a las que tienen derecho».
Dice que «tras recurrir a todo tipo de estrategias para dilatar el proceso, y después de un intento fallido de conciliación», «por fin» el pasado octubre tuvo lugar la Audiencia previa del caso, donde el juez fijó la vista oral del caso Volkswagen para hoy.
La OCU confía en que, como ya está sucediendo en otros países europeos, «la justicia dé por fin la razón a los consumidores españoles, afectados directamente por la manipulación de lo motores del grupo VW y sus reiteradas mentiras sobre las emisiones».
La Organización de Consumidores y Usuarios considera necesario endurecer las sanciones por infringir la normativa de protección de los consumidores. También ve imprescindible que se reforme el proceso de acciones colectivas en defensa de los consumidores, de forma que se facilite a los consumidores la reclamación ante los fraudes masivos.
