El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dejó ayer claro a las cuatro asociaciones de jueces que la renovación del próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se llevará cabo mediante elección parlamentaria, como el del último mandato, pero que estaba abierto a desarrollar un sistema perfeccionado como el que se introdujo en 2001, en el que la carrera judicial elegía a 36 candidatos y de esos el Parlamento escogía a doce, y que se eliminó en 2013.
Campo recordó, en la reunión que mantuvo ayer por la tarde su equipo con los representantes de las cuatro asociaciones de jueces, las tres de fiscales y una cuarta, representante de la asociación de fiscales sustitutos, que en diciembre de 2018 el Parlamento tumbó la propuesta de que los doce vocales jueces fueran elegidos por los 5.500 jueces que componen la carrera, y que esa mayoría, responsable de esa decisión forma parte del gobierno de coalición.
Las cuatro asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– apoyan que los 12 vocales jueces sean elegidos por los jueces.
Las tres primeras entienden que lo que manda ahora es la renovación del órgano de gobierno de los jueces y que, no habiendo una mayoría en el Parlamento para cambiar el actual estado de cosas, no queda más remedio que acatar el sistema.
Por el contrario, FJI, con la presidenta de su Comisión Gestora a la cabeza, Concepción Rodríguez, se mostró diametralmente en contra.
Y anunció que no participarían en ningún proceso de ese tipo, exigiendo a Campo que cumpliera las exigencias del Grupo de Países contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO), para despolitizar el CGPJ.
Campo se reunió ayer por la tarde en la biblioteca del Ministerio con Manuel Almenar, portavoz de la APM; Ignacio González Vega, portavoz de JJpD; Jorge Fernández, portavoz nacional de la AJFV; Concepción Rodríguez, de FJI; Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales; Teresa Peramato, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales; Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profeisonal e Independiente de Fiscales y Carlos Ballesteros, presidente de la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos.
Flanqueando al ministro, estuvieron Pablo Zapatero, secretario de Estado de Justicia; Miguel Bueno, subsecretario de Justicia; Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia; Amaya Arnáiz, directora del Gabinete del Ministro; Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; y Concepción López-Yuste, directora general para el servicio público de Justicia.
COOPERACIÓN Y VOLUNTAD DE ACUERDO
Durante las dos horas que duró la reunión de trabajo –de 18 a 20 horas–, el ministro les pidió «cooperación y voluntad de acuerdo» para llevar a cabo el Plan Justicia 2030, para la transformación del servicio público.
Al igual que hiciera 48 horas antes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Campo les explicó su estrategia de los tres ejes y el listado de objetivos a conquistar.
Léase, la instauración de los tribunales de instancia, la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal –que contrariamente a lo que anunció en el Parlamento, no va a estar lista para final de año–, y que conllevará la entrega de la instrucción penal a la Fiscalía, la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de la Ley de Planta.
A diferencia de las asociaciones de fiscales, que apoyan todas la asunción de la instrucción penal, tres de las asociaciones de jueces –la APM, la AJFV y FJI– están en contra de dicho trasvase.
Nuevamente, la líder de FJI, Rodríguez, que es juez de Menores en Madrid, mostró su disconformidad y puso como ejemplo las instrucciones que llevan a cabo los fiscales en la jurisdicción de menores, donde se produce una pérdida de garantías constitucionales.
«Las decisiones fiscales no son recurribles», puso como ejemplo.
Y sobre el resto de las propuestas, afirmó que están dirigidas a conseguir un mayor control sobre los jueces.
El ministro, asimismo anunció que tienen previsto crear 75 nuevos órganos judiciales y 80 plazas fiscales, pero no dio ninguna fecha. Como tampoco vio posibilidad de subidas lineales de sueldo para jueces y fiscales si no es por vías indirectas, como la retribución variable, las guardias y las sustituciones internas.
La ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado aprobados lastra este frente.
NO HABRÁ SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE OPOSICIÓN
Durante la reunión también se abordó algo que preocupa seriamente a la mayoría de las asociaciones: la modificación del sistema de oposición libre para el acceso a la carrera judicial y fiscal.
Campo tranquilizó a jueces y fiscales y les aseguró que «no es, en absoluto, una prioridad» para su Ministerio.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos llevaban en sus programas de gobierno la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial, introduciendo otras variables que lo hicieran menos basado en la memoria.
El ministro de Justicia, por último, propuso como forma de trabajo el envío de un cuestionario para recoger las líneas estratégicas concretas que, en su opinión, deberían contemplarse en el Plan Justicia 2030.
Posteriormente se celebrarán reuniones de trabajo para definir las actuaciones y trazar la hoja de ruta del plan.
Campo se ha comprometido a aprobarlo en el Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses para su inmediata puesta en marcha.
