Foto: UGT
UGT y CCOO proponen limitar los precios del alquiler para frenar la especulación y proteger el derecho a una vivienda digna
Presentan una iniciativa conjunta en la que defienden la necesidad de crear 100.000 viviendas a lo largo de la legislatura para responder a la demanda existente
|
03/3/2020 06:35
|
Actualizado: 02/3/2020 19:29
|
Hechos y no palabras. Esto es lo que desde los sindicatos UGT y CCOO piden al Gobierno de Pedro Sánchez. El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, manifestó este lunes que, aunque el problema de la vivienda en España “es complejo, viene de lejos e intervienen muchos actores”, hay que “dejar de hablar y empezar a hacer” para garantizar el derecho constitucional y reconocido en la Carta Social Europea a una vivienda digna.
En este sentido, se inscribe la ‘Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda’ presentada este lunes por los sindicatos UGT y CCOO y que se trasladará al Gobierno y a los grupos parlamentarios. «Se trata de abrir un debate amplio, que no sea flor de un día, para adoptar soluciones”.
En el estudio los sindicatos indican que España destina uno de los presupuestos públicos más reducidos de Europa a política de vivienda (apenas el 0,1% del PIB), mientras que durante décadas ha priorizado las bonificaciones fiscales a la compraventa de viviendas, cuyo funcionamiento es regresivo, en lugar del desarrollo de las viviendas públicas.
El resultado es que los hogares han tenido que realizar en las últimas décadas un enorme esfuerzo económico en materia de vivienda y se ha producido una elevada extracción y transferencia de rentas a favor del sector inmobiliario que controla el mercado de la vivienda, al tiempo que amplias capas de población han permanecido marginadas de ayudas públicas y del derecho a un alojamiento digno.
Esta iniciativa se basa en maximizar el uso residencial del amplio parque de vivienda construida a través de diversas fórmulas de alquiler público y social, la rehabilitación del parque residencial y un mayor esfuerzo público en materia de vivienda.
Asimismo, estos sindicatos señalan que el alquiler, y especialmente el alquiler público y/o social, está infrarrepresentado en la oferta de vivienda en España. «Es necesario corregir ese déficit porque que lastra el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda».
Para UGT y CCOO parece claro que el ámbito competencial en materia de urbanismo, suelo y vivienda es complejo y compartido entre varias administraciones (central, autonómica y local) lo que requiere la colaboración activa de todas ellas.
Por eso, subrayan, el Gobierno Central debe legislar y regular en su ámbito de competencias (ley del suelo y rehabilitación, ley de arrendamientos urbanos, ley de propiedad horizontal,…) e impulsar directamente actuaciones en materia de vivienda social.
Además consideran que debe plantear un ambicioso plan de vivienda, alquiler y rehabilitación, dotado de fondos suficientes y sostenidos en el tiempo, que focalice los recursos públicos en el alquiler asequible y en un parque público de vivienda de alquiler.
Mientras tanto el debate esta abierto y en él tienen que estar los sindicatos porque “la vivienda hoy en día se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, indicó Alvarez.
A su juicio, “tiene tanta importancia para su disponibilidad de renta, como negociar bien su convenio colectivo. Por eso hay que propiciar que se tomen medidas y se adopten políticas para tener una vivienda digna en unas condiciones compatibles con su salario”.
La crisis ha agravado el problema
Álvarez destacó que el problema de la vivienda en España se ha agravado para los trabajadores y trabajadoras en los últimos años, especilamente, después de la reforma laboral. Así el aumento de la precariedad y los bajos salarios supone que en algunos casos se tenga que destinar hasta el 60-70% del salario al pago de una solución habitacional y que en otros muchos casos ni siquiera se pueda pagar esa vivienda.
En este sentido, una de las medidas propuestas en esta iniciativa sindical es establecer un precio máximo de alquiler en zonas tensionadas que no supere el 25-30% del ingreso medio de los hogares en dicha zona.
También se refirió a cómo el problema de la vivienda repercute en la movilidad de los trabajadores. “No se puede pedir a ninguna persona que cambie de domicilio con un contrato en precario, con un salario de miseria y sin posibilidades de acceder a una vivienda por lo menos como la que tenía en su situación de origen. Y eso hoy no es posible”.
En este sentido, criticó que las administraciones no dedican ningún euro de las tasas turísticas, ni de los impuestos, a hacer compatible una vivienda digna a los trabajadores que se desplazan a trabajar.
Por su parte, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, invitó al Gobierno a ser valiente y a no limitarse a tomar medidas de buena voluntad. «Un derecho básico no puede resolverse desde el mercado», defendió, al tiempo que aseguró que la precariedad en el empleo y el acceso a la vivienda son los principales factores de inestabilidad para los hogares en la actualidad. «El mejor convenio colectivo es el acceso a la vivienda».
Sordo denunció que el pago del alquiler supone «un drenaje de salario insostenible», porque un 43% del salario neto medio se dedica al alquiler, que de media se sitúa en los 674 euros al mes y para el 55% de los hogares españoles pagar ese precio supone un tercio de sus ingresos mensuales.
Ello supone, explicó Sordo, una extracción de rentas que implica una disminución de la renta disponible, del consumo de otros bienes y de la capacidad de ahorro
Para la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen Barrera, el objetivo principal de esta iniciativa sindical es “establecer un derecho real a la vivienda para la mayoría de la población en España, con rentas medias o bajas y muchas dificultades para conseguir una vivienda por sus propios medios”.
“Lo que queremos es alejar el carácter especulativo del derecho a la vivienda, estableciendo un conjunto de actuaciones destinadas a moderar los precios de la vivienda lo más rápidamente, mientras se avanza en la constitución de un parque social de vivienda pública en alquiler”.
Barrera explicó que “se trata de actuar sobre los precios y sobre la oferta con medidas de emergencia como captar vivienda desocupada facilitando la rehabilitación, si procede, preferentemente en zonas tensionadas (con poca disposición de alquiler y precios muy elevados), limitando las rentas a pagar por el inquilino y complementando el importe de las rentas con fondos públicos y, a su vez, dando seguridad al arrendador y priorizando las actuaciones sobre las personas más vulnerables”.
En cuanto a la oferta de vivienda pública, Paula Guisande, secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras, apuntó que la construcción de 20.000 viviendas en cuatro años que propone el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se queda corta. «Hay que ser más ambicioso».
Desde su punto de vista lo lógico sería hablar de 100.000 nuevas viviendas a lo largo de la legislatura, que podría incluir también compras de inmuebles por parte de la Administración Pública. Asimismo, propone incrementar el presupuesto destinado a la vivienda desde el 0,1% del PIB hasta el 0,3%, «sin perder de vista el objetivo del 1% a largo plazo», planteío Guisande. Esta propuesta tendría un coste anual de 2.980 millones de euros.
Noticias Relacionadas:
