Gonzalo Boye, letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont y a quien recientemente ha fichado el histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, figura como profesor de un curso del turno de oficio sobre derecho penitenciario en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Está previsto que comience el próximo 16 de marzo y se desarrolle hasta el 1 de abril, según se desprende del programa que hay colgado en la web del ICAM.
Cabe recordar que en septiembre de 2018, Boye presentó su renuncia como profesor en el Centro de Estudios del ICAM, del que es colegiado, como consecuencia de «los acontecimientos» que habían culminado con la interposición de una querella en él por parte de diversos colegiados, según explicó entonces en la carta de renuncia, que colgó en Twitter.
La querella fue presentada por la asociación de juristas Movimiento 24DOS.
Acabo de presentar mi renuncia como profesor en el Centro de Estudios del @icam_es ante todo coherencia y dignidad #Seguimos pic.twitter.com/9KL4l35eRK
— Gonzalo Boye (@boye_g) September 6, 2018
En septiembre de 2018, el entonces eurodiputado Enrique Calvet también denunció a Boye ante el ICAM en relación a la demanda presentada ante un Juzgado de Bruselas por cuatro abogados en nombre de Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’.
En la misiva de renuncia, Boye recordó que llevaba muchos años impartiendo clases de Derecho procesal en cursos de procesal-penal del Departamento del Turno de Oficio del ICAM y en el Máster de acceso a la Abogacía que organizan desde la corporación madrileña.
Según ha señalado a Confilegal el director de este curso del turno de oficio sobre derecho penitenciario, el abogado Carlos García Castaño, coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del ICAM, el curso «está en stand by».
«Hasta que no tengamos el número de alumnos correcto no sabemos si se va a dar o no, y luego determinaremos lo relativo a Gonzalo Boye», explica.
Fuentes del ICAM indican que los directores de los cursos son quienes proponen a los ponentes y que la capacidad del centro de Estudios para «vetar» es escasa o nula.
Gonzalo Boye es socio fundador junto a su esposa, Isabel Elbal, del bufete Boye-Elbal y Asociados, en Madrid.
Pasó a formar parte de la defensa de Carles Puigdemont a finales de 2017, cuando éste ya se encontraba en Bélgica huido de la Justicia. También es abogado de su sucesor en el cargo, Quim Torra.
El pasado 25 de febrero trascendió que Josu Ternera lo ha fichado como abogado para que le represente en la causa en la que está procesado por un delito de lesa humanidad.
De momento, sólo representará a Josu Ternera en esta causa, según ha publicado Europa Press, que ha detallado que es su abogado desde el 20 de febrero.
Otro de los clientes de Boye es el rapero Valtònyc, también huido de la Justicia en Bélgica, que fue condenado por la Audiencia Nacional a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas no condicionales en sus canciones.
Ha defendido también al líder de Def con Dos, César Strawberry, a quien el Tribunal Constitucional ha anulado recientemente su condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo, al considerar que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión.
Boye se licenció en Derecho por la UNED durante su ingreso en prisión. En 1996 fue condenado a 14 años y 8 meses de cárcel por el secuestro en 1988 del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA, concretamente como autor responsable de un delito de detención ilegal.
El secuestro se prolongó 8 meses y finalizó con la liberación del empresario tras el pago de un rescate millonario.
Boye cumplió seis años de cárcel. Quedó en libertad en diciembre de 2002.
El mes pasado, la Audiencia Nacional ordenó embargarle y realizar una investigación patrimonial al no haber afrontado la indemnización que le impuso el tribunal por aquella condena, una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).
El pasado 17 de enero denunció ante la Policía que habían entrado a su despacho en Madrid, ubicado en el despacho en la calle Pilar de Zaragoza, en el barrio de Salamanca, y que le habían hecho destrozos importantes de material informático y mobiliario.
El letrado no echó de menos documentos ni otros enseres. Denunció destrozo de cables, mobiliario y material informático como su servidor.
Nos han entrado en el despacho durante la noche…todo revuelto pero no sabemos si también iban para robar mientras la empresa de alarma informó que no había “indicios de intrusión”. Si piensan que nos van a intimidar lo llevan claro
— Gonzalo Boye (@boye_g) January 17, 2020
En Twitter colgó imágenes del estado en el que se lo encontró:
Our office has been vandalized overnight. Apparently they have not stolen anything but destroyed a lot pic.twitter.com/lqMEgW0Rj1
— Gonzalo Boye (@boye_g) January 17, 2020
Dijo que los “‘ladrones’ no se llevaron los ordenadores, pero que parece que sí les interesaba su servidor. «¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Mi casa, mi familia o yo?», se preguntó.
¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Mi casa, mi familia o yo? #Seguimos
— Gonzalo Boye (@boye_g) January 17, 2020
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