“Abrumadora”. Así calificó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la cifra de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) recibida tanto por las autoridades autonómicas como por la Dirección General de Trabajo en las horas siguientes a la agilización de este instrumento frente al desplome de la actividad comercial motivado por el COVID-19.
Tal y como se barruntaba, la oleada de consultas recibidas por los despachos en los días previos a la publicación del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes ha desembocado en una cascada de procedimientos.
Sólo en el ámbito nacional hay en cola alrededor de medio millar de solicitudes por parte de empresas que, por lo general, alegan causa de fuerza mayor.
Desde el Ministerio Trabajo y las distintas autoridades laborales se han comprometido a examinar cuidadosamente cada ERTE y atenderlo en tiempo y forma.
Guillermo Barrios, «Of Counsel» (asesor legal) en el área laboral de CECA MAGÁN Abogados, considera que, en estas circunstancias, “no resultaría en absoluto coherente con los reiterados mensajes lanzados desde la Presidencia del Gobierno sostener la existencia de directrices administrativas tendentes a la sistemática denegación de los ERTE solicitados”.
Sea como fuere, la avalancha de expedientes plantea varias disyuntivas. Una de ellas. desde el punto de vista judicial, cuya actividad está paralizada, salvo servicios esenciales.
Esta situación inédita plantea limitaciones ante cualquier impugnación individual por parte de un trabajador despedido o afectado por un ERTE.
Así lo explica en declaraciones a este medio el magistrado de lo Social Carlos Javier Galán: “Ahora mismo hay que tener en cuenta que se encuentran suspendidos todos los plazos judiciales y los juicios y vistas, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, si un trabajador o trabajadora quisiera impugnar individualmente ante la justifica que le hayan incluido en un ERTE, sólo se le daría trámite en estas fechas si invoca una vulneración de derechos fundamentales”.
En cambio, sí se podría tramitar un conflicto colectivo planteado por sindicatos o representantes de empleados.
Por el lado de las empresas, es posible que muchos expedientes se encuentren con un portazo como el recibido por Burger King.
La compañía anunció a principios de semana el cierre de todos sus establecimientos y el despido temporal de más 14.000 trabajadores por la suspensión de su actividad a pie de calle.
Un ERTE total justificado por la crisis del coronavirus y ajustado en principio al criterio de flexibilización marcado por el Gobierno.
Sin embargo, la Administración Pública le ha obligado a replantearlo ya que su línea de reparto a domicilio puede seguir operando, según el decreto de alarma.
El Real Decreto aprobado por el Ejecutivo es bastante claro respecto a las situaciones asimiladas a fuerza mayor.
Se considerarán como tal aquellas en las que el COVID-19 impida gravemente y de forma directa continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, cuando no su cancelación.
Estas circunstancias no proceden en el caso alegado por Burger King, donde la autoridad laboral entiende que del estado de alarma y cierre de establecimientos no deriva un supuesto de fuerza mayor que justifique la suspensión de toda la plantilla.
“El servicio a domicilio puede mantenerse sin problema, ya que es posible seguir prestando el servicio aunque se cierren restaurantes: hay suministro de materia prima, puede seguir trabajándose adoptando las medidas que eviten el contagio y hay demanda en el mercado”, explica el abogado laborista Nicolás Martín.
Sólo en el supuesto de que fallase el factor de la demanda como consecuencia de una menor actividad por el COVID-19 podría justificar otra medida de ajuste.
“Esto debe canalizarse a través de otro ERTE y con diferente justificaciones y, en todo caso, no sería por fuerza mayor, sería por causas económicas, productivas, técnicas, organizativas, etcétera”, recalca este experto.
La flexibilización del procedimiento no implica carta blanca
Además de como ejemplo, el caso del grupo de restauración puede observarse como aviso para otras empresas que han presentado un ERTE para ajustar su capacidad a la escasa demanda o evitar la quiebra.
Básicamente porque al margen de su flexibilización, se trata de un procedimiento complejo que requiere de una tramitación compleja. Por tanto, son varias las razones por las que puede ser tumbado.
Guillermo Barrios expone como motivos de rechazo desde los meramente formales, por ejemplo un defecto en la preparación de la documentación exigida, a los relativos a la cuestión de fondo aducida, como en el caso de Burger King.
“Si un ERTE resulta denegado, habrá que analizar las causas que han motivado tal denegación para, en su caso, si la necesidad de regulación temporal existe, solicitar un nuevo procedimiento que cumpla, en forma y fondo, los requisitos legalmente exigidos”, añade.
En cualquier caso, las medidas adoptadas por el Gobierno en este ámbito hacen suponer cierta celeridad en la tramitación de los expedientes de ajustes. Pero una mayor diligencia no es sinónimo de carta blanca.
Como advierte Martín, “el Covid no puede ser un ‘coladero’ que se asimile a la fuerza mayor en todo caso. Cada solicitud debe ser estudiada caso a caso y la obligación de todos es mantener la actividad económica que puedan continuar”.
Tesis esta última que comparte el magistrado Galán al establecer que “no es una vía libre que implique que cualquier empresa pueda suspender todos los contratos sin más. No hay un automatismo, hay que justificar cómo afecta la situación a al empresa”.
