La Justicia ante la crisis del COVID-19: Respuestas ante las graves repercusiones económicas

Decía el Premio Nobel José Saramago que “somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos; sin memoria no existimos y sin responsabilidad no deberíamos existir”.

Qué duda cabe que para todos ya siempre quedará fijada en nuestra memoria la terrible pandemia que estamos viviendo, en la que además de un elevadísimo e irreparable número de pérdidas humanas, se añade un escenario desconocido de enorme incertidumbre que se abre ante una más que evidente crisis económica mundial, cuyos efectos pueden ser devastadores.

Dejando la “memoria” para el final, permítanme que me centre ahora en la “responsabilidad”.

El tan socorrido en estos días Winston Churchill (poco habría imaginado que fueran tantos los dirigentes que estos días acudieran a sus citas para infundir coraje ante las graves dificultades del momento) solía decir que “un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y un optimista ve la oportunidad en cada dificultad”.

¡Es la hora de la Justicia! Decía nuestro nuevo ministro el Sr. Juan Carlos Campo en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Sin perjuicio de que estos días el personal sanitario de nuestro país se está comportando como los verdaderos héroes de esta triste historia, creo que hasta el menos optimista y previsor debería pensar ya en el “día después” de que por fin acabe este mal sueño.

Ese día llegará tarde o temprano y, por desgracia, serán muchas las empresas y los particulares que tendrán que acudir a nuestros Tribunales, ya de por sí sistémicamente saturados y olvidados como la “hermanita pobre” de nuestras Administraciones Públicas.

Se necesita desde ya un plan de contingencia y que nuestro Consejo General del Poder Judicial sepa actuar con mayor celeridad ante ese alud de demandas, principalmente en el ámbito laboral y civil, como previsiblemente —y por desgracia también— en los Juzgados de lo Mercantil para responder de la mejor manera posible a una avalancha de procedimientos concursales.

Nuestros jueces, letrados de la Administración de Justicia y resto de funcionarios (sorprende que en pleno siglo XXI no todos puedan trabajar desde sus casas) precisarán de las herramientas y de las plantillas adecuadas para responder a esas demandas, a riesgo, en caso contrario, de hundir aún más nuestra olvidada Administración de Justicia, que ahora más que nunca, el “día después”, deberá ser capaz de dar rápidas respuestas, por ejemplo, a los derechos legítimos de aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

DAR A LA JUSTICIA LO QUE SE MERECE 

Entre todos hemos de ser capaces de abandonar la habitual resignación y tolerancia ante la carencia de medios y la lentitud de nuestra Justicia, para aprender de otras Administraciones (probablemente con muchos más medios), poniendo por fin a la Administración de Justicia a la altura que merece.

Una Justicia, ahora más que nunca, como Servicio Público esencial y no sólo como poder, que deberá poder contar con todos los medios materiales y de personal necesarios, tanto cuantitativa como cualitativamente, para poder hacer frente a aquellas peticiones que traigan causa de esta inesperada (o no…) y descomunal crisis sanitaria.

Son ya innumerables los estudios (por ejemplo, del Banco de España) que demuestran la estrechísima relación entre el adecuado funcionamiento de la Justicia y el crecimiento económico de un determinado territorio. No tengan ninguna duda de que, para salir de esta crisis, el buen funcionamiento de nuestros órganos judiciales va a resultar esencial.

Sin duda alguna ante este gran reto no podemos dejar solos a nuestros jueces y resto de funcionarios, pues precisarán del máximo apoyo del resto de operadores jurídicos que más cerca estamos de ellos, como son los abogados, los procuradores de los Tribunales y también, en el ámbito laboral, los graduados sociales.

Todos sin excepción tendremos que hacer grandes esfuerzos, al igual que en su día hicieron nuestros padres y nuestros abuelos en los períodos de posguerra; nosotros, nuestras generaciones de profesionales, no podemos ser menos.

Un primer paso, tan impopular como estrictamente necesario, sería que excepcionalmente este año se habilitase el mes de agosto para la práctica de todas las actuaciones judiciales (no sólo de las estrictamente urgentes).

Nadie entendería en una sociedad moderna y avanzada, pero sobre todo responsable, que después de estar parada toda la actividad judicial durante probablemente como mínimo dos meses, luego, poco tiempo después de levantarse el Estado de Alarma, nuestros Juzgados cuelguen el cartel de “cerrado por vacaciones”.

Sinceramente, y aun siendo consciente de las muchas críticas que me voy a granjear, creo que nuestro país no se lo puede permitir y además es el mínimo homenaje que los profesionales de la Justicia le podemos hacer a todos aquellos que durante este largo y todavía incierto período de confinamiento han dedicado prácticamente las 24 horas del día a salvar la vida de los demás, jugándose la propia.

Es verdad que hoy en día todavía son muchos los despachos unipersonales en el mundo de los profesionales del derecho, pero con la colaboración de los respectivos colegios profesionales se pueden arbitrar los oportunos mecanismos de sustitución que permitan no tener que paralizar la actividad judicial durante el próximo mes de agosto, turnos de sustitución que igualmente será necesario arbitrar para los jueces y resto de funcionarios públicos del ámbito judicial.

Acabo como empecé: hablando de la “memoria”.

Recientemente, el escritor chino Yan Lianke se dirigió a sus alumnos de la Universidad de Hong Kong en su primera clase virtual señalando “que cuando esta pandemia acabe, nos quede la memoria”.

Espero a que a todos nosotros nos quede el recuerdo de lo que hicimos y pusimos de nuestra parte para poder superarla.

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