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Precios, sombra y coronavirus

Fernando Simón, a quien menciona Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer, exdirector general de la Agencia Tributaria y expresidente de la SEPI, en su columna. Foto: Pool/Puig de la Bellacasa.
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Que los españoles estamos en estado de shock es un hecho. Que estamos abrumados por los datos que diariamente nos proporciona Fernando Simón en el fatídico parte y por las expectativas que de los mismos se deducen, también.

Que nos encontramos impactados por el creciente número de famosos y de personas de nuestro respectivo entorno que han resultado afectadas por el maldito virus asesino, también.

Que nos encorajinamos cada vez que escuchamos las precarias condiciones en las que nuestros sanitarios (y demás héroes del momento) realizan su función, también.

En este terrorífico escenario, es lógico que sintamos rabia al recordar la infundada e injustificada tranquilidad que se nos transmitió con las primeras informaciones oficiales de la actual pandemia.

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Que estemos dolidos con la irresponsable autorización de las manifestaciones del 8-M, y con la extensa e intensa llamada a participar en ellas.

Que asistamos estupefactos a la ausencia de cualquier reconocimiento de culpa por los responsables de tamaño crimen.

Que nos inunde el estupor al contemplar que, desde el anuncio de la declaración del estado de alarma, se consumieran más de treinta horas hasta la aprobación del plan de emergencia vinculado.

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Que nos resultara un auténtico dislate que, tras decidir la centralización (más que razonable) de la logística de adquisición y distribución del material de prevención sanitaria, se encargara de ello a un auténtico cascarón vacío como es nuestro actual Ministerio de Sanidad, con las nefastas consecuencias que ha supuesto.

Sin embargo, al margen de todo lo anterior y de otras muchas ineptitudes cometidas, estremece especialmente el actual debate existente en el seno del Gobierno y en el conjunto de sabios oficiales sobre la conveniencia o no de ordenar el cese o stop de toda actividad económica que no sea precisa para las necesidades del momento.

Nadie niega -no podría hacerse- que la reducción de desplazamientos y la menor agrupación en centros de trabajo, reduciría la dimensión del contagio y, consecuentemente, salvaría vidas humanas.

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COSTE ECONÓMICO

Pero los que se oponen al stop esgrimen que éste comportaría un excesivo coste económico: más desempleo, menor recaudación fiscal, mayor gasto en prestaciones sociales y, por tanto, mayores niveles de déficit y deuda públicos.

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Lo anterior me ha retrotraído a mi etapa de estudiante de Económicas, cuando me enseñaron que los precios sombra surgen para poner precio a lo que no tiene precio y, en base a ello, adoptar decisiones relativas a la gestión pública.

Pues bien, el argumento esgrimido revela que, en su decisión o propuesta de decisión, los contrarios al stop económico han puesto un precio sombra a las vidas humanas que van a perderse por no parar la actividad económica ahora innecesaria, y que prefieren asumir ese coste implícito que sufrir el coste económico explícito que implicaría evitarlas.

Se les ha caído la excusa del cumplimiento obligatorio del Plan de Estabilidad, dado que la Comisión Europea lo ha suspendido transitoriamente.

Se les ha caído la excusa de la dificultad del Estado para obtener financiación, toda vez que el Banco Central Europeo ha anunciado su disposición casi ilimitada a adquirir deuda nacional.

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Da igual, ellos han puesto un precio sombra a las vidas humanas, les han dado un valor menor al coste económico del stop, y optan por rechazar éste, cueste lo que cueste en términos de nuevos fallecimientos.

Si persisten en su posición y finalmente la imponen, quedará sobre sus conciencias la cifra de muertes que no se podrán evitar en el fututo, como la tienen ya sobre las suyas aquellos que, con sus irresponsables decisiones en el pasado inmediato, han aumentado la dimensión del drama al que nos enfrentamos.