La advertencia del Tribunal Supremo ha hecho mella en los funcionarios de las juntas de tratamiento de las cárceles donde están cumpliendo condena los presos del «caso procés». Ninguno de ellos saldrá de prisión durante el tiempo que dure la pandemia, según ha informado en un comunicado la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima.
Así lo han acordado hoy los miembros de las juntas de tratamiento de Lledoners (Barcelona), Mas d’Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Girona), donde permanecen recluidos los condenados.
El pasado martes la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo advirtió de que si dichas juntas de tratamiento acordaban la excarcelación de estos para que cumplieran el confinamiento en sus domicilios, se dirigiría a ca cada una de ellas, y al director de las cárceles, “para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo”.
Y añadió que “ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación”.
Esta fue la respuesta del Alto Tribunal a una declaraciones anteriores, de la consejera de Justicia del gobienro autonómico catalán, Ester Capella, que adelantó que ese día dichas juntas iban a estudiar si la situación de emergencia por el COVID-19 permitía que más presos pasasen su confinamiento en sus respectivas casas, aplicándoles el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, del que ya disfrutaban los presos del caso «procés».
La decisión tomada hoy por todos los funcionarios afectados por la advertencia del Supremo ha sido evidente.
Capella después declaró que, con esa adverencia, el Supremo había «coaccionado» a dichos funcionarios.
