El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha estimado las medidas cautelarísimas solicitadas por tres sindicatos de ‘Mossos d’Esquadra’ para urgir a la Consejería de Interior de la Generalitat a entregar a los efectivos del cuerpo material de protección contra el coronavirus y hacerles test de la enfermedad.
En concreto, el tribunal de la Sala de lo Social requiere a la Consejería para que «con carácter urgente e inmediato» provea a todas las Unidades y dependencias del Cuerpo de ‘Mossos’ de mascarillas, gafas de protección y guantes, contenedores de residuos infecciosos, material adecuado para la desinfección del equipo del personal, se apliquen procesos de descontaminación y eliminación de residuos, desinfección
diaria de las comisarías y vehículos policiales y que se haga test a todos los mossos para aislar focos de contagio.
Responde así a la solicitud del ‘Sindicat de Policies de Catalunya’ (SPC), el ‘Col·lectiu Autonoms de Treballadors Mossos d’Esquadra’ (Cat-Me) y del ‘Sindicat de Mossos d’Esquadra’ (SME).
Este auto, que tiene fecha de ayer, está firmado por los magistrados Gregorio Ruiz Ruiz, Adolfo Matías Colino Rey y Nuria Bono Romera.
Contra el mismo no cabe recurso alguno.
Los magistrados recuerdan que estas medidas quedarán sin efecto si la demanda no se presentase ante este mismo tribunal que conoció de la solicitud de las mismas en los veinte días siguientes a su adopción.
Es el segundo acuerdo de la Sala de lo Social del TSJCat en la misma línea. El pasado 1 de abril también estimó las medidas cautelarísimas solicitadas por la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (Uspac) para que la Consejería de Interior de la Generalitat entregue «con carácter urgente e inmediato» material de protección, test de coronavirus para los agentes del cuerpo y desinfecte cada día las comisarías y centros de trabajo; un auto contra el que tampoco cabe recurso alguno.
Por otra parte, la Sala de lo Social del TSJCat ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) por falta de competencia de esta Sala al haberse solicitado medidas cautelares para el ámbito de todo el territorio nacional.
Este auto está fechado a 3 de abril y lo firman los magistrados Andreu Enfedaque Marco, Daniel Bartomeus Plana y Amador García Ros.
Indican a STAJ que el asunto competería a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
