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Más de 50 organizaciones de todo el mundo piden proteger a quienes alerten de irregularidades durante la crisis del coronavirus

Hacen un doble llamamiento: A los ciudadanos para que denuncien los abusos cometidos, y a las autoridades e instituciones públicas para protegerles Han suscrito un manifiesto titulado 'Coalición para alertar de forma segura durante el Covid-19 y más allá', impulsado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).
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Más de 50 organizaciones sociales, sindicatos y expertos se han unido para instar a las autoridades e instituciones públicas a “proteger a quienes alerten o expongan los daños, abusos y faltas graves que se produzcan durante este período de crisis causado por la pandemia del coronavirus a nivel global”.

Hacen este llamamiento a través de un manifiesto, titulado ‘Coalición para alertar de forma segura durante el Covid-19 y más allá’, que ha sido impulsado por ‘The Good Lobby Italia’ y ‘Blueprint for Free Speech’, en el marco del proyecto europeo para promover el uso de canales de denuncia en instituciones públicas y privadas, denominado ‘Expanding Anonymous Tipping (EAT).

Todos ellos coinciden en que los ciudadanos y trabajadores “deben participar para garantizar que nuestros gobiernos, instituciones corporativas y mercados sigan siendo responsables, y para defender los derechos humanos y las libertades de todas las personas”.

Pinchando aquí tiene acceso al documento y al listado de firmantes.

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La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que ha aportado sus comentarios, manifiesta que “las organizaciones de la sociedad civil tienen la responsabilidad de generar herramientas para ayudar a alertar de manera segura”, pero señala que ante todo “son las instituciones públicas las que tienen que responder frente a la responsabilidad democrática protegiendo a cualquiera que, mediante su voz o su pluma, participe en el desarrollo de una sociedad más justa”.

FIBGAR destaca que “los alertadores son un factor fundamental en la detección temprana de abusos, crímenes y malas prácticas, pudiendo contribuir a la disminución del impacto de la crisis, sobretodo en las poblaciones más vulnerables” y dice que por ello “más de 50 organizaciones, en más de 25 países en todo el mundo” han firmado este manifiesto “para recordar a todas la autoridades e instituciones públicas que tienen el deber de protegernos”.

En él la coalición indica que esta pandemia “pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de que nuestras instituciones públicas y nuestros dirigentes proporcionen información periódica y fiable”.

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Destaca que la gente de los países afectados por el coronavirus “necesita saber la verdad” sobre la propagación de la enfermedad tanto a nivel local como internacional “para poder responder eficazmente y ayudar a proteger a sus comunidades”.

“La equidad, la transparencia y la cooperación son vitales y más que nunca durante una pandemia”, subrayan estas organizaciones sociales, sindicatos y expertos.

Ponen de manifiesto que “ya hemos visto ejemplos de malas prácticas y mala gestión en nuestras instituciones públicas, mercados comerciales y empresas” como resultado del Covid-19.

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Indican que entre “las nuevas esferas de preocupación se encuentran la capacidad y la prestación del sistema de salud, las licitaciones públicas, las violaciones de la legislación en materia de salud y seguridad y del derecho laboral, las cadenas mundiales de suministro no equitativas y mal preparadas, las prácticas de competencia desleal y los abusos del mercado, y las violaciones importantes de los derechos de privacidad personal a gran escala mediante el seguimiento digital de los individuos”.

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Y reiteran que “la notificación adecuada del riesgo a toda la población y a los trabajadores, la conducta justa y responsable de todas las instituciones y la recopilación transparente de datos son fundamentales para que el público confíe en nuestra capacidad de superar esta crisis”.

Señalan que esto es aún más importante cuando las protecciones que normalmente ofrecen los pilares democráticos fundamentales de nuestras sociedades “se reducen o se dejan de lado”.

En este sentido, recuerdan que los parlamentos y las asambleas democráticas están siendo suspendidos en muchos países, y destaca que el uso de poderes extraordinarios por parte de los gobiernos sin la debida supervisión pública y transparencia crea “un riesgo tangible de extralimitación y posible mal uso.

Exponen que “los trabajadores se arriesgan diariamente para mantener los numerosos servicios esenciales de los que dependemos, especialmente en estos tiempos, nuestros servicios de salud, la atención a los ancianos y otros servicios sociales y públicos, así como el suministro de alimentos y la logística”, entre otros, y hacen hincapié en que es preciso “reconocer y proteger a estos importantes trabajadores, así como su derecho a un entorno de trabajo seguro y a alertar las amenazas a la salud y la seguridad públicas, la corrupción y otros abusos”.

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“Sus alertas, así como las de todos los ciudadanos, son vitales para prevenir grandes desastres y reducir los impactos de la crisis en todos nosotros, especialmente en los miembros más vulnerables de la sociedad y en nuestros sistemas democráticos”, sostienen.

Además, Bruno Galizzi, coordinador del proyecto ETA de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, subraya que “debemos proteger a quienes están trabajando en primera línea para enfrentar esta pandemia, que son quienes pueden ver y dar a conocer lo que esta ocurriendo”.