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Los letrados de las administraciones locales temen un repunte en la litigiosidad de los contratos públicos y que lleguen los ERTE

ALEL presentará al Consejo General del Poder Judicial sus propuestas de mejora de la justicia tras el estado de alarmaALEL durante una junta directiva, su presidente, Jesús Royo, tercero por la derecha. Foto: Confilegal
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La Asociación de Letrados de Entidades Locales de España (ALEL), asociación mayoritaria de este colectivo, ha renovado su junta directiva, tras celebrar la asamblea extraordinaria de forma telemática, y presentará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sus propuestas de mejora de la justicia.

ALEL espera más conflictividad, porque muchos contratos públicos se han suspendido, y precariedad en muchas entidades locales, lo que hará que algunas apliquen un ERTE a su personal laboral.

En su asamblea extraordinaria, esta asociación modificó los estatutos para posibilitar las reuniones telemáticas de los órganos de gobierno, apostando así por el empleo de las nuevas tecnologías y ante la necesidad provocada por la pandemia COVID-19.

Asimismo, se acordó la renovación de la junta directiva, aprobándose por unanimidad la única candidatura presentada, la de Jesús Royo, letrado de la diputación provincial de Zaragoza. En esta ocasión, se ha incrementado el número de vocales lo que demuestra el aumento de la implicación y participación de los socios en el trabajo diario de la asociación.

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Jesús Royo, presidente de ALEL.

Jesús Royo ha sido reelegido presidente de esta entidad. Con él se mantienen, el vicepresidente Ángel Zurita, letrado del Ayuntamiento de Bilbao, y uno de los vocales Jaime Tienza, letrado del Ayuntamiento de Leganés. El resto son nuevos cargos.

De esta forma, se unen a la junta directiva: como secretaria, Ana Barrachina, letrada del Ayuntamiento de Alicante y como tesorera Noemí Negredo, letrada de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Como vocales, Lourdes Morate, letrada del Ayuntamiento de Oviedo; Marta Costa, letrada del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca; Isabel Santapau, letrada del Ayuntamiento de Gandía; Cristina Núñez, letrada del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; Pedro González, letrado del Ayuntamiento de Madrid.

Así como, Iñaki Bilbao, letrado del Ayuntamiento de Santiago de Compostela; Francisco Javier Durán, letrado del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros; Marcos Peña, letrado del Ayuntamiento de Camas y Ramón Díaz, letrado del Ayuntamiento de Piélagos.

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Desde las entidades locales la situación derivada del estado de alarma se observa con preocupación, “si existe una circunstancia en la que todos los que trabajamos en la Administración Local coincidimos es la importancia que las instituciones locales tienen en los servicios que se prestan a los ciudadanos”, apunta Royo.

La entidad que preside ya agrupa a más de un centenar de funcionarios que hacen las laborales legales tanto en diputaciones provinciales, ayuntamientos y resto de entidades locales.

Desde su puesta en marcha hace casi cuatro años, la asociación tiene representantes en las principales ciudades españolas, así como otras entidades con población media. “Hemos conseguido una muestra representativa de entidades locales y de profesionales que trabajamos en ellas”, explica Royo.

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El coronavirus genera colaboración entre entidades

El recién reelegido presidente de ALEL señala que “la proximidad con los vecinos de nuestras entidades nos exige una constante renovación respecto a ideas, prestaciones, necesidades o procedimientos. En definitiva, dotar de mayor calidad a los servicios públicos, se convierte al mismo tiempo en una exigencia pero también en una necesidad”.

Para este jurista “lo que sí se pone en valor es el trabajo que se hace desde los ayuntamientos. Hay mucha coordinación entre ellos pese a que las grandes decisiones las toma el Estado, sobre todo en colaboración con las comunidades autónomas. Las entidades locales ofrecen ahora muchos servicios para ayudar a los ciudadanos en esta situación”.

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Al mismo tiempo considera que debe tenderse a un modelo parecido al que hay en Inglaterra, “donde los condados son importantes o en EEUU donde este tipo de entidades locales adquieren más competencias prestacionales. Creo que podría ser una forma de ayudar más y de ofrecer más servicios”.

Sobre la actualidad del país, Royo cree que si se empieza a abrir una parte de la actividad económica, “es porque el Gobierno tiene los datos contrastados para hacerlo en medio de esta pandemia sanitaria. Pero es evidente que la prioridad debe ser más sanitaria que económica en estos momentos”. A su juicio, “la situación es complicada y lo peor, a nivel económico, está por venir”.

En este entorno de crisis se ha intensificado la colaboración entre entidades locales, “ya en la anterior crisis cumplieron de forma notable, con un sacrificio en la reducción de los servicios públicos. El compromiso de la administración local siempre está ahí. Ahora ha sido absoluto y sin dudas. Es la que más cerca se encuentra de los ciudadanos”, afirma.

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Desde esta asociación de juristas se harán llegar propuestas al CGPJ para mejorar el documento que ha presentado el órgano de los jueces sobre la situación de la justicia.

“En general las medidas que plantea pueden ayuda a mejorar el atasco judicial que esperamos se produzca a corto y medio plazo. Es fundamental que se les dote de los medios e inversiones suficientes para poner en marcha”.

Para Jesús Royo “parece lógico que ese plan de modernización de la justicia se incrementen los medios personales. Los jueces y magistrados pueden acumular una cierta tarea pero despachar todo lo que viene con la misma plantilla de profesionales parece difícil. Un refuerzo en este sentido será necesario. Al mismo tiempo habrá que hacer una apuesta mayor de medios telemáticos garantizado los derechos y garantías procesales necesarias”.

Sobre el aplazamiento de impuestos que se avecina y que puede generar problemas en las entidades locales, Royo considera que en este escenario podría producirse más conflictividad con los propios ciudadanos. “Habrá muchas derivadas de los aplazamientos de las deudas”.

“Creo que es positivo que se pueda hacer. Habrá que ver como se gestiona realmente porque la liquidez de particulares y empresas es complicada hasta que la economía se reactive”, apunta.

La mediación puede ayudar a evitar conflictos

Sobre los contratos públicos que se han aplazado por el estado de alarma, señala que “habrá que ver como se gestiona cada asunto, pero se espera que se produzca alguna litigiosidad”.

En relación a la apuesta por la mediación que impulsa el CGPJ apunta que podría ser “interesante”, pero considera que hay que desarrollar bien la actividad. “Habrá que hacer un esfuerzo para incluir estas técnicas de solución extrajudicial para no cargar de más trabajo a los juzgados”.

En cuanto a la devolución de plusvalías pendientes, “habrá que ver como se gestionan en cada entidad local porque puede generar tensiones de tesorería importantes. Todo lo que sea facilitar la disponibilidad de fondos de empresas y particulares, es bueno, pero las entidades locales necesitan esos fondos para prestar servicios públicos a su comunidad desde un presupuesto anual que se devenga cada año”.

Respecto a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE), ya habituales en el mercado laboral, este experto nos señala que las entidades locales podrían a corto plazo desarrollar estas suspensiones temporales sobre todo en el personal laboral de cada municipio.

“No es lo habitual, son situaciones extraordinarias pero en función de la profundidad de la crisis veremos si alguno se pone en marcha. De momento no tenemos constancia de ningún ERTE”, aclara este jurista. A su juicio, “las entidades locales tendrán que definir planes de priorización de servicios públicos manteniendo los más esenciales”.