Seis sindicatos del sector justicia le han plantado cara al ministro, Juan Carlos Campo, y le han dicho que la Resolución que firmó el pasado lunes, adaptando los servicios mínimos al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, «es nula» y por ello piden «su inmediata retirada».
El planteamiento realizado por CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA –quienes dicen representar a más del 80 por ciento de los 55.000 funcionarios de la Administración de Justicia en toda España– supone un órdago a la grande y les aboca a dos escenarios.
El primero, una huelga general, que sería seguramente incomprendida por la sociedad española en un momento en el que otros colectivos de los sectores de la sanidad, la alimentación, la policía, los transportes, los bomberos o la hostelería, están cumpliendo con sus obligaciones, manteniendo los servicios.
El segundo, una potencial demanda ante los tribunales de justicia, apelando a la Ley de Protección de Riesgos Laborales, pero que conlleva implícito el cumplimiento de sus obligaciones en sus respectivos puestos de trabajo.
Los seis sindicatos afirman, en un comunicado –fechado en el día de ayer– que la Resolución del ministro, del pasado 13 de abril, que ha entrado en vigor hoy, conlleva un «importante incremento del personal que habrá de prestar de forma presencial al servicio público en la Administración de Justicia».
Justifican su postura ante el incremento del riesgo de contagio sin justificación alguna.
Las seis organizaciones sindicales afirman que, a día de hoy, el suministro de EPI (Equipos de Protección Individual) –mascarillas, guantes e hidrogeles– no está garantizado, a día de hoy.
Por ello, solicitan que se deje sin efecto la Resolución del 13 de abril y se mantenga el estado de cosas que había venido imperando desde el 30 de marzo, y que se les informe con detalle «de los medios de protección que han sido suministrados y que van a ponerse a disposición del personal, con carácter previo al inicio de su actividad en los órganos judiciales y fiscales de todo el Estado, suspendiéndose la actividad en los centros de trabajo concretos que no dispongan de los equipos de protección de forma temporal hasta que no se corrijan las deficiencias que se detecten».
El 6 de abril el Ministerio envió a las 12 Consejerías de Justicia con competencias transferidas los cuadros con los envíos de EPIs, sus cantidades y las próximas fechas de recepción de nuevos materiales.
Dicha información ya ha sido facilitada a las representaciones sindicales.
Desde el principio de la pandemia, los sindicatos han venido reivindicando poder estar en la Comisión de Coordinación de Crisis de la Justicia para la lucha contra el COVID-19 en la que, cada viernes, participan el ministro, el secretario de Estado y el secretario general, los 12 consejeros de justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los consejos generales de la abogacía, procuradores y graduados sociales.
Los sindicatos han mantenido, paralelamente, reuniones con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues.
