La Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia mantuvo ayer una nueva reunión semanal en la que sus miembros avanzaron hacia una hoja de ruta consensuada para la salida de la crisis provocada por el COVID-19 y la reactivación judicial.
En el encuentro, celebrado por videoconferencia esta mañana, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Abogacía Española y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Justicia sus propuestas normativas, organizativas y tecnológicas para trazar una estrategia coordinada en los siguientes ámbitos.
Los pasos a dar serán, principalmente tres:
PRIMERO
Para afrontar los problemas derivados del Covid-19 en el sector de la Justicia, se promoverá una primera actuación mediante Real Decreto-Ley, dada la urgencia y necesidad que precisa la reactivación de los tribunales para la recuperación social y económica.
SEGUNDO
Del mismo modo, se acometerán reformas estructurales a través de un proyecto de Ley para impulsar y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales, con un especial énfasis en la transformación digital de la Administración de Justicia. Respecto al ámbito laboral, ésta es una de las grandes enseñanzas de esta crisis.
TERCERO
Finalmente, de conformidad con la disposición adicional 19ª del Real Decreto-Ley 11/2020, se desarrollarán planes de reactivación en los órdenes jurisdiccionales más afectados por el Covid-19.
El ministro explicó que estas y otras eventuales actuaciones deben ser elaboradas con el más amplio consenso posible.
Por ello, se trabaja de manera coordinada con el CGPJ, la FGE, las 12 Comunidades Autónomas y los colegios profesionales.
El objetivo es desarrollar actuaciones normativas, organizativas y tecnológicas, a corto, medio y largo plazo en una hoja de ruta ampliamente consensuada.
Asimismo, durante la reunión, se incidió en la necesidad de seguir dotando de equipos de protección individual a los empleados públicos y a los profesionales que acuden a las sedes judiciales.
El ministro aseguró que, como se ha venido haciendo hasta ahora, la protección de la salud de los trabajadores debe seguir siendo una prioridad.
En este sentido, se trabaja conjuntamente en la identificación de necesidades para los posibles escenarios post-COVID.
También se ha abordado el impacto de la resolución firmada el pasado lunes por el ministro de Justicia en los juzgados y tribunales de los distintos territorios, que pretende mantener los servicios esenciales durante el estado de alarma y retomar la normalidad en la presentación telemática de escritos.
