El titular del juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José De la Mata, ha imputado a los exconsejeros catalanes Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías por presunto blanqueo de capitales procedente de las comisiones ilegales y donaciones supuestamente cobradas por Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en el ‘caso del 3%‘.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha acordado abrir una pieza separada, denominada ‘Donaciones Blanqueo’, dentro de la causa de la supuesta financiación irregular de CDC para investigar a estos exconsejeros y a otras ocho personas, entre las que hay otros exdirigentes del partido.
Además de Jané, Rigau, Puig y Macías, se imputa al que fuera dirigente de CDC Marc Guerrero; Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar (Gerona); Gloria Renom, exdiputada convergente en el parlament; Eduard Freixedes, exconcejal de CiU en Barcelona durante el mandato de Xavier Trías; Carles Flamerich, expresidente del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT); Montserrat Candini, exdirigente del PDeCat; Jordi Moltó, exportavoz de CiU en la Diputación de Barcelona y Víctor Vila, expresidente de Forum Barcelona.
De la Mata considera que las donaciones que hicieron al partido fueron «actos de afloramiento de dinero» procedente de la «estructura de financiación ilegal» de CDC.
Les citará a declarar en la Audiencia Nacional próximamente, «una vez consideradas las especiales circunstancias sanitarias en que actualmente se encuentra el país» por la pandemia de coronavirus.
Despliegue territorial e institucional
El magistrado resume en su auto toda la investigación realizada hasta ahora en el caso del 3%, en la que se ha revelado la «existencia de una financiación ilegal» en CDC a partir de la «recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo» por parte de altos cargos del partido, en connivencia con cargos públicos de Cataluña y con distintos empresarios, «para financiar ilegalmente» a la formación. Una estructura sostenida en el tiempo y «con un perfecto despliegue territorial e institucional».
De acuerdo con lo investigado, desde CDC, añade el juez, «distintos altos cargos llevaban a cabo un control exhaustivo de las licitaciones de obra pública y servicios concursados por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán, todas bajo la esfera de poder de este partido, e influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal».
En algunos de los casos, «las autoridades de estas administraciones, de acuerdo con los responsables del partido político CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron todo tipo de concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes», explica el auto.
Pagos corruptos
En otra línea de supuesta financiación irregular, «también han existido múltiples empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para pagos encubiertos al partido bajo la apariencia de donaciones a través de las fundaciones vinculadas al partido», esto es, Catdem y Fundació Forum Barcelona.
Según De la Mata, estos «pagos corruptos» se realizaban en ocasiones a cambio de concretas adjudicaciones de concursos públicos, alterándose en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación, mientras que en otros casos «se hacían simplemente para congraciarse con el partido y sus responsables, con el fin de mantener una buena relación con estos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones».
«Todos y cada uno de los actores necesarios para cerrar el círculo de actividad delictiva han desarrollado acciones dirigidas a un solo fin: subvertir el Estado de Derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo, acarreando un grave descrédito a la administración pública y un perjuicio al propio erario público», afirma.
El siguiente elemento que surge de la investigación es el «posterior blanqueo de capitales» a partir de la recepción de «grandes cantidades de dinero en efectivo».
En línea con la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ve «indicios suficientes» como para indagar acerca de si las aparentes donaciones al partido «son, en realidad, actos de afloramiento de dinero». Según el auto, esas donaciones se recibieron desde antes de 1999 y cifra las entregadas entre 2000 y 2007 en más de 3,7 millones de euros.
Plan trazado por jerarcas del partido
El juez De la Mata cita además otro elemento que permite «acabar de configurar este panorama de obtención de financiación ilegal por parte de CDC» y es a través de Triacom Audiovisual, cuyo ejecutivo Oriol Carbó «habría realizado pagos a Joan Manuel Parra, administrador de la mercantil Hispart, sustentados en facturación falsa, en compensación de la deuda que CDC había contraído con esta empresa, especializada en producción audiovisual, por la organización y producción de la campaña electoral de 2010″.
«Los servicios prestados por las empresas de Parra a CDC supusieron un importe total, sin IVA, de 1.394.851,50 euros, de los cuales aproximadamente 750.000 euros fueron abonados no por CDC, sino por Triacom Audiovisual. La cantidad total abonada por Triacom a Hispart por cuenta y en beneficio de CDC ascendió aproximadamente a 750.000 euros», explica.
«Toda la anterior estructura no se conforma de manera asistemática y casual, sino ante una estrategia cuidadosamente planificada e implementada para financiar ilegalmente a CDC, en forma encubierta, todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización», subraya De la Mata.
Por un lado está el dinero en efectivo y no declarado por CDC procedente de empresas, pero también se han hallado «donaciones verificadas por las personas» ahora imputadas, todas cantidades muy similares entre sí y en fechas parecidas (entre 2008 y 2013), siempre en los últimos meses del año.
«Todos los anteriores elementos apuntan solidez hacia la tesis de que estas donaciones, en realidad, son actos de afloramiento de dinero procedente del delito realizados por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido para incorporar a la vida lícita las cantidades en efectivo que habían llegado al partido por las distintas vías antes mencionadas», resume el auto.
