Una Fiscal General “a tiempo parcial”
Cristina Dexeus, presidenta de la AF desgrana en Confilegal las medidas que solicita. Foto: Carlos Berbell

La Asociación de Fiscales pide a Delgado ‘medidas concretas, prácticas y seguras’ para la reincorporación

Reclama, por ejemplo, que se les entreguen "de inmediato" medios adecuados para poder realizar videoconferencias desde los propios ordenadores

30 / 04 / 2020 14:22

Actualizado el 30 / 04 / 2020 14:30

La Asociación de Fiscales (AF) exige a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, «medidas concretas, realistas, prácticas, eficaces y seguras» para la reincorporación al trabajo de la Carrera Fiscal y de los funcionarios de la Fiscalía.

Así lo ha señalado a Confilegal Cristina Dexeus, presidenta de la AF.

Indica que los cinco vocales de la asociación entregaron el pasado martes al Consejo Fiscal un documento con una serie de peticiones concretas, que la AF ya había reclamado a Delgado por correo electrónico y también en la reunión que la fiscal general mantuvo con las asociaciones el pasado 21 de abril.

En resumen, la Asociación de Fiscales reclama a la Delgado «bases claras» para la reincorporación atendiendo a los grupos de riesgo, que se entregue material de seguridad individual, y que se establezcan medidas «colectivas concretas y eficaces» para los accesos a las sedes judiciales y fiscales, para las salas de vistas y para la estancia en las dependencias.

Además, solicita que se entregue a los fiscales «de inmediato» medios adecuados para poder realizar videoconferencias desde los propios ordenadores.

En este sentido, Dexeus señala que, por ejemplo, en la Fiscalía Provincial de Barcelona solo están dotados con un aparato para viodeoconferencias para una plantilla que excede con mucho de los 100 fiscales.

Asimismo, la Asociación de Fiscales solicita que se impartan nociones básicas de higiene y seguridad en la manipulación de los expedientes en papel.

«Que informe sobre qué medidas de protección habrá que adoptar en su tratamiento, si es necesario adoptar medidas de cuarentena o pulverizarlo con alcohol», apunta.

En este sentido, recuerda que en la administración de Justicia «no existe posibilidad real de trabajo online entre todos los operadores jurídicos -funcionarios, LAJ, jueces, fiscales, médicos forenses, etc.-, por lo que todavía se sigue trabajando con papel».

Apunta que «en algunas comunidades autónomas ni siquiera se ha avanzado en la digitalización».

Otra de sus peticiones es que se establezca un calendario de vistas pactado con el Consejo General del Poder Judicial para conocer las sesiones que tendrán que afrontar y los medios con los que contarán para ello.

«Por ejemplo, no sabemos si hay previsiones de celebrar juicios mañana y tarde en la jurisdicción penal, de familia o de menores, que nos afectan muy directamente y que habrá que conocer para la distribución del trabajo y en su caso los refuerzos oportunos», señala Dexeus.

«En definitiva, lo que pide la Asociación de Fiscales es que la Fiscalía General del Estado nos dé soluciones concretas para el día de nuestra reincorporación al trabajo, y que sean factibles y no meros brindis al sol», explica Cristina Dexeus.

Y le reclama que negocie con Justicia y las Comunidades Autónomas los medios necesarios para afrontar la situación.

También manifiesta que «ha quedado en evidencia que la Administración de Justicia está muy alejada de otras administraciones públicas y de las empresas privadas en el empleo de medios telemáticos y de un verdadero sistema que permita el teletrabajo», y dice que es algo que hay que solucionar con un planteamiento a nivel nacional y con la inversión de medios económicos para ello.

Por otra parte, señala que los vocales de la AF también presentaran al Consejo Fiscal un documento «cuestionando muchas de las 60 medidas planteadas por la Fiscalía General, por su ineficacia inmediata», y que le exigieran «medidas concretas de eficacia y seguridad que los fiscales necesitan para su reincorporación y que desgraan en dicho documento».

Dexeus considera que la petición realizada ayer por la fiscal general del Estado al ministro de Justicia reclamando la reunión de la Comisión de seguimiento del coronavirus para la adopción de medidas de consenso con el CGPJ «responde precisamente a la presión de los vocales de la AF en el último Consejo Fiscal».

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