El portavoz de Justicia el Grupo Parlamentario del PP, Luis Santamaría, ha acusado este sábado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de arrogarse competencias que corresponden en exclusiva al Congreso y derogar «de facto» los plazos máximos de instrucción que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) mediante su interpretación de varios artículos del recientemente aprobado Real Decreto-ley anti-colapso de la Justicia, que obliga a reiniciar los plazos procesales una vez se levante el estado de alarma.
La crítica se refiere a un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General que señala que, en aquellas causas en que la instrucción haya sido declarada compleja, el plazo de instrucción será de dieciocho meses «a contar desde el día siguiente hábil al cese del estado de alarma».
Esta interpretación permitiría poner el contador a cero en cuanto al tiempo límite para investigar casos de corrupción como ‘Púnica’ y ‘Lezo’, que afectan directamente al PP y cuya instrucción ya tenía fecha límite para concluir en la Audiencia Nacional.
El aún vigente artículo 324 de la LeCrim, que el PSOE prometió derogar ya en su programa electoral, obliga a limitar en 6 meses los plazos de instrucción penal, 18 en el caso de los declarados complejos.
MINISTRA 23 DEL GOBIERNO
«No nos sorprende que la Fiscal General del Estado ejerza de lo que realmente es, «la ministra número 23 del gobierno», y por ello confunde interesadamente términos procesales con plazos máximos procesales», considera Santamaría, que añade que con decisiones como esta Delgado está pagando «la deuda contraída con su señorito» al convertirse en «su más leal cancerbero al frente de la Fiscalía».
Añade que Delgado debería saber que el Congreso está tramitando una norma que se refiere precisamente a la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, por tanto, está invadiendo competencias que están en estos momentos en el Legislativo.
«Y debe saber también que el Real Decreto-ley sobre el que se pronuncia debe ser convalidado, y por tanto sujeto a debate en el Congreso«, añade el portavoz del PP en declaraciones a Europa Press.
«Así que vamos a estudiar cuál es el mejor vehículo para defender al Legislativo de este atropello del Ejecutivo de Sánchez y analizar cuál es la vía de defensa que consideremos más eficaz, sin descartar ninguna», concluye Santamaría, que cree que a Delgado «debería preocuparle mucho más la seguridad en la vuelta al trabajo de los empleados públicos de la Administración de Justicia, entre ellos los fiscales, que invadir el terreno del Legislativo».
