El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado hoy, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que «todas las medidas del Real Decreto-ley han contado con el apoyo y consenso de todas las Comunidades Autónomas, con independencia de su signo político».
De esta forma ha contestado el ministro de Justicia a las afirmaciones del PP de que el mencionado Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 28 de abril, de que contenía «artículos que no fueron tratados en la Comisión de Coordinación de Crisis. Ni se expusieron, ni se negociaron ni se consensuaron».
«Todas han contado con información puntual sobre el contenido de la norma con anterioridad a su publicación. Y como saben, ninguna Comunidad Autónoma ha mostrado ningún tipo de discrepancia», ha añadido Campo.
«Es un instrumento medido, urgente y necesario para preparar al servicio público para salir de estas crisis», ha señalado, en defensa del Real Decreto-Ley.
Campo explicó que el decreto incluye “medidas organizativas de impulso y refuerzo” con el fin de que el sistema judicial “supere las consecuencias del parón de actividad derivado de la crisis”.
Subrayó que “quizá la medida más representativa sea la previsión de convertir órganos judiciales en órganos asociados temporalmente a los asuntos derivados” de la crisis sanitaria.
«Estos juzgados COVID están concebidos como las UCI de nuestra Justicia, destinados a enfrentar, con la necesaria especialización y dedicación, las peores consecuencias de la pandemia” en los tribunales.
NO SE OCULTAN DATOS SOBRE EL VIRUS
«Es rotundamente falso que en España se oculten datos sobre las personas fallecidas por COVID-19«, afirmó Campo. «De hecho España es uno de los países más transparentes en cuanto a la información pública disponible sobre la pandemia y su impacto”.
Explicó que la diferencia entre los recuentos de hospitales y de los registros civiles se debe a que «son tipos de información distintos, elaborados con metodologías y fuentes muy distintas y que sirven a objetivos muy diferentes».
El ministro de Justicia aclaró que los registros civiles están trabajando siete días a la semana, en turnos de mañana y tarde y que debido al elevado número de fallecimientos se han producido demoras en su inscripción.
Por ello es «absolutamente falso y tendencioso acusar a las instituciones españolas de ocultación u opacidad» sobre las personas muertas por el COVID-19. Y hacerlo es «irresponsable».
Añadió: «Es absurdo y grotesco pretender que coincidan o deducir falsedades de la discrepancia”, ya que “en todos los países que publican estudios de exceso de mortalidad se observan diferencias”.
“En suma”, señaló, “faltan a la verdad quienes acusan al Gobierno de ocultar los datos del Registro Civil y faltan al rigor y a la responsabilidad quienes pretenden comparar los datos de fallecimientos por COVID-19 con las estimaciones de exceso de mortalidad”.
Y criticó duramente «utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política» y pidió a los partidos de la oposición que «dejen a un lado acusaciones infundadas que dañan la credibilidad y la legitimidad de las instituciones implicadas en la lucha contra el virus» y se sumen al consenso en torno a las medidas adoptadas para contener la crisis.
CANTABRIA, NAVARRA, MADRID, CANARIAS Y EL CGPJ PROPUSIERON HABILITAR AGOSTO
Por lo que respecta a la habilitación de agosto, Campo reveló que fueron los consejeros autonómicos de Cantabria, Navarra, Madrid o Canarias, incluso el órgano de gobierno de los jueces, los que propusieron la «habilitación extraordinaria de días procesales».
«Se adopta para paliar el acusado descenso en la actividad judicial que ha provocado el estado de alarma. No sería responsable, después de varios meses de paralización de la Justicia y con el gran número de procedimientos que precisamente se pueden generar de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, volver ahora a parar un mes entero más con motivo de las vacaciones estivales», indicó.
PP Y VOX, MUY CRÍTICOS
Tanto el PP como VOX recibieron a Campo a cara de perro.
El portavoz del PP, Luis Santamaría, afirmó que «Lo verdaderamente irresponsable es esconder la verdad. ¿Cuántas personas han fallecido desde que se declaró la pandemia? ¿Cuántas por coronavirus? ¿Por qué no publican cifras reales?».
Javier Ortega Smith-Molina, por parte de VOX, elevó el tono de la crítica: «Yo le acuso públicamente de estar ocultando desde su Ministerio y desde el Ministerio de Sanidad los datos de fallecidos por COVID-19».
La Comisión ha comenzado guardando un minuto de silencio «en memoria de las personas que nos han ido dejando en el camino y en afecto a las personas que combaten y sufren esta pandemia», tal y como ha explicado la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal.
