El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó ayer en el Pleno del Senado que el Gobierno había optado durante el estado de alarma por las medidas más garantistas con los derechos fundamentales y las libertades públicas a pesar de la pandemia de Covid-19, y ha apuntado que «si el coronavirus fuera un test de estrés para el Estado de Derecho» en España, se habría aprobado «con buena nota».
En su respuesta a la interpelación de la secretaria general del Grupo Popular en la Cámara Alta, Salomé Pradas, en la que le preguntaba si estaba garantizado el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas durante el estado de alarma y en las diferentes fases de la desescalada, Campo aseguró que la respuesta del Ejecutivo para hacer frente a la crisis sanitaria «esta siendo contundente y garantista».
Pero desde el PP consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado el estado de alarma para crear una «crisis de derechos fundamentales» y echaron en cara que se haya utilizado para «colocar a Iglesias -vicepresidente segundo del Gobierno- en la Comisión Delegada del CNI de manera inconstitucional».
Pradas, que recordó que su partido había apoyado hasta ahora el estado de alarma, incidió en que lo habían hecho para superar la crisis sanitaria.
«Durante la alarma no cabe suspensión de derechos fundamentales y no se puede interrumpir el normal funcionamiento de los poderes del Estado», le espetó a Campo.
«Ustedes a través del Congreso y del Senado han amordazado a los representantes de millones de españoles. Nos han amordazado señor ministro. No hemos podido ejercer la función de control al Gobierno durante semanas, se nos ha amordazado», dijo durante su intervención.
En esa línea, Pradas indicó que Sánchez «ha ninguneado» al Senado al no comparecer en la Comisión de las Comunidades Autónomas, «la más relevante de esta cámara territorial», y acusó al Ejecutivo de coartar el control parlamentario dado que de las 1.389 iniciativas presentadas por su partido relacionadas con el coronavirus, solo habían podido debatir el uno por ciento.
«Sin debate, sin transparencia, no hay democracia», afirmó con rotundidad.
Campo apuntó al principio de su réplica que la veía «desinformada».
Aseguró que todas las medidas adoptadas durante el estado de alarma habían sido «escrupulosamente respetuosas con los derechos fundamentales» y reiteró que desde el minuto uno el Gobierno había actuado con un solo fin: «proteger la salud de las personas».
«EL TODO O LA NADA»
Por eso, añadió el ministro de Justicia, habían usado lo que establece la Constitución -en referencia al estado de alarma- y que comprende la restricción «que no suspensión» de determinados derechos como el de libre circulación.
«Claro que hay que restringir, cuando no hay vacunas la única posibilidad es el confinamiento, y todas las limitaciones a las que se refiere torticeramente han sido para salvaguardar la salud de las personas», argumentó.
Tras esto, se dirigió a Pradas para señalarle que deben apoyar la prórroga del estado de alarma este miércoles en el Congreso de los Diputados porque «es la única opción para que los derechos se vean sólo mínimamente perturbados».
«Piensen en el caos, es el todo o la nada», llegó a afirmar.
Pero Pradas durante su turno respondió que la «mordaza» no solo ha llegado al Parlamento sino también a los profesionales de la información, y recordó a Campo que existen trabas para el ejercicio de la libertad de prensa en un momento en el que los españoles necesitan información veraz y sin vetos.
LOS BULOS Y LOS INDULTOS
La senadora popular recordó las firmas de 400 periodistas que reclamaron que se pudiera preguntar vía telemática en persona, sin el filtro de la Secretaría de Comunicación, y acusó al Gobierno de monitorizar las redes sociales y en concreto la aplicación de ‘Whatsapp’.
«Eso sólo ocurre en países totalitarios, y esto pasa en España», afirmó Pradas, para luego incidir en que «la crítica no son bulos».
Por otro lado, la senadora también apuntó que el Ejecutivo de Sánchez había atacado a la libertad religiosa al no permitir velatorios o funerales, ha suspendido el derecho a la libertad de empresa y ha paralizado todos los procedimientos administrativos y judiciales salvo la tramitación de los indultos.
«¿En quién pensaba? ¿Esto es respetar la igualdad de los españoles?», añadió Pradas.
Campo le respondió que podía estar tranquila «ya que ninguno de los indultos que tiene en mente ha empezado a tramitarse», en referencia a la posibilidad de que los líderes del ‘procés’ independentista catalán lo hubieran solicitado.
Pradas le echó en cara que se haya aprobado un Real Decreto-ley para la agilización de la Justicia sin contar con el consenso de los operadores jurídicos, por los abogados y procuradores.
El ministro respondió que habían mantenido una comunicación constante con los diferentes actores, y que el hecho de habilitar del 11 de agosto al 31 de agosto, a pesar de no contar con el beneplácito de los abogados, se había hecho «para que el servicio publico Justicia esté a la altura» de lo que reclaman los ciudadanos.
