Los procuradores están en contra de la habilidad del mes de agosto, una medida que figura en el Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Consideran «inadecuado e inoperante» suspender la inhabilidad de los días 11 al 31 de agosto, como «han venido manifestando repetidamente al Ministerio de Justicia».
Así lo han manifestado los presidentes autonómicos de la procura en un comunciado emitido tras la reunión que ayer mantuvieron con el comité ejecutivo del Consejo General de Procuradores de España (CGPE).
Recuerdan que la procurada lleva tiempo reclamando que «el periodo vacacional en el sector justicia debe concentrarse durante el mes de agosto».
La abogacía y los graduados sociales también están en contra de habilitar ese mes, como han dicho reiteradamente, y que junto a procuradores suman unos 170.000 profesionales.
La procura indica que «salvo procuradores, abogados y graduados sociales (obligados a disfrutar sus vacaciones en el mes de agosto por su inhabilidad), la flexibilidad para disfrutar el periodo vacacional del colectivo judicial dependiente de la Administración Pública tiene como consecuencia que todos los años la actividad judicial se resienta durante cuatro o cinco meses».
Los procuradores afirman que si esta situación se mantiene, como expresamente establece el Real Decreto-ley de Justicia, «a los cuatro o cinco meses de descenso de actividad habrá que sumarle los tres meses de paralización absoluta como consecuencia del estado de alarma».
Así las cosas, dicen que «es fácil detectar que el objetivo pretendido de agilización será nulo o producirá el efecto totalmente contrario».
Explican que de ahí la propuesta inicial del Consejo General de Procuradores de acumular el periodo vacacional para todos los operadores jurídicos en una misma fecha, preferiblemente agosto por su inhabilidad legal, y planificar el funcionamiento de los Juzgados para el resto del año a pleno rendimiento.
Los procuradores indican que estas manifestaciones las hacen bajo el prisma habitual de su colectivo del «leal y efectivo compromiso de colaboración y cooperación» con la Administración de Justicia y las instituciones que la representan.
«Para que los ciudadanos a los que representamos reciban un mejor servicio público, lo que en estos momentos de dificultad adquiere mayor relevancia», añaden.
LA ABOGACÍA: ‘LEJOS DE CONTRIBUIR A NORMALIZAR LA SITUACIÓN Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS VA A SUPONER UNA MAYOR DISTORSIÓN’
El Pleno del Consejo General de la Abogacía (CGAE), que mantuvo ayer una reunión telemática con los 100 decanos y consejeros, también ha lamentado que el Gobierno «desoiga» su reclamación de no habilitar agosto «por su ineficacia manifiesta para agilizar la Justicia».
La Abogacía manifiesta que declarar hábil el mes de agosto, todo o en parte, «lejos de contribuir a normalizar la situación y agilizar los procedimientos va a suponer una mayor distorsión».
Afirma que «difícilmente se puede desarrollar una actividad normal si coincide con un periodo vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y resto de personal que, además, se extendería antes y después del mes de agosto».
Insiste en que esta habilitación tendría en la práctica un «efecto contraproducente», porque «conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales ante las dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que probable incomparecencia de justiciables, testigos, peritos, etc».
Para conseguir el efecto que se pretende, la Abogacía propone concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la Justicia en el mes de agosto, respetando las actuaciones urgentes y la jurisdicción penal, «de modo que pueda desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre».
La Abogacía defiende que cualquier medida dirigida al perfeccionamiento y eficacia de la Justicia «requiere de la unidad y del consenso de la experiencia compartida de todos los sectores profesionales que trabajamos con un objetivo común cuál es la dignificación de la Justicia».
