El magistrado Joaquín Delgado es uno de los grandes expertos en el campo de la tecnología y el derecho y la aplicación legal en las investigacones; sus libros son de lectura obligatoria para cualquier interesado. En la foto con el edificio de la Audiencia Provincial de Madrid, donde está destinado. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El magistrado Joaquín Delgado apuesta por las plataformas digitales para rescatar a los juzgados del colapso
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08/5/2020 06:50
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Actualizado: 10/4/2023 17:52
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Volcado al mundo tecnológico desde sus inicios como jurista, Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, es un convencido del uso e implantación de las plataformas tecnológicas en cualquier proceso de modernización de la justicia.
Tiene su destino en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid. Es doctor en Derecho, miembro de la Red de Especialistas en Derecho Europeo (REDUE) y de la Asociación Humanizando la Justicia.
Desde su punto de vista, el desarrollo de Plataformas ODR (Online Dispute Resolution) “supone una mejora considerable del acceso a la justicia, no solamente porque aporta una resolución ágil del conflicto frente a la mora judicial, sino también porque el usuario puede acceder al servicio online-anywhere-anytime, es decir, desde cualquier lugar (ubicuidad) y en cualquier momento (24/7)”.
Evidentemente, no todos los asuntos son adecuados para las ODR, sino que habrá que centrarse en aquellos que presenten características de menor complejidad/escasa cuantía y que puedan presentar elementos de repetición/litigación en masa.
“Todos los asuntos relacionados con el consumidor, cláusulas suelo, IRPH, hipotecas o reclamaciones de líneas aéreas podrían tener esta salida, de tal forma que su resolución fuera más rápida”, apunta este experto.
Para Delgado “las administraciones competentes en Administración de Justicia (Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas) deberían plantearse la posibilidad de impulsar la implementación de plataformas online de resolución de conflictos, buscando alianzas con aquellas corporaciones públicas y entidades de la sociedad civil relacionadas con el concreto sector afectado”.
Desde la Asociación Humanizando la Justicia, a la que pertenece Delgado, se defiende el uso de estas herramientas para desatascar el acceso a la Justicia, especialmente ahora, la transformación digital de la misma, las plataformas online suponen un incremento eficaz y muy efectivo de resolución de la gran cantidad de litigios que existen en estos momentos.
Delgado señala que la puesta en marcha de este tipo de herramientas requiere al mismo tiempo la voluntad política y una inversión económica consecuente. “Lo bueno de este tipo de proyectos es que son escalables en función de lo que se quiera. Quizás lo más complicado sea aplicar inteligencia artificial a estas plataformas que ya existen”.
Delgado sentado en los asientos del público de la sala de vistas de tribunales del jurado de la Audiencia Provincial de Madrid, algunos de los cuales han sido presididos por él. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
¿Quién debe liderar esta iniciativa?
En su opinión, sería bueno que el Ministerio de Justicia o cualquiera de las comunidades autónomas con competencias transferidas pudiera abordar un proyecto de este tipo a la medida que lo necesite.
“Estamos ante un problema de implantación donde se requiere que participen distintos operadores jurídicos. Cualquier solución tecnológica debe contar con un plan de gestión del cambio que cuente con las opiniones de dichos operadores. Debe impulsarse desde el principio del diseño de la solución hasta su implantación y seguimiento para testar problemas que surjan”.
Para este experto, una plataforma online de resolución de litigios se ha de configurar como un sistema integral de resolución del conflicto vía internet que cuenta con tres niveles básicos: evaluación online, facilitación online y decisión por jueces online.
“En el primer nivel, evaluación online, se ayuda al usuario que tenga un conflicto a evaluar el problema, es decir, clasificar sus dificultades y comprender tanto sus derechos como las opciones disponibles para ellos. Se trata, pues, de una forma de información y servicio de diagnóstico. Es posible aplicar inteligencia artificial a través de chatbots y elementos similares”.
Delgado destaca que “si los problemas no se resuelven en el primer nivel, los usuarios pasan a una segunda etapa, la facilitación online o sistemas alternativos a la resolución de conflictos, donde se recogen instrumentos de facilitación e incluso puede estar prevista la participación de facilitadores capacitados y experimentados que trabajen online”.
Por último, este experto revela que “si el conflicto no se soluciona por las partes en el nivel dos se puede pasar al tercer nivel, la resolución del conflicto por un juez online, tras una tramitación también online sobre la base de documentos remitidos electrónicamente, y con un debate estructurado de argumentación online”.
“También es posible aplicar inteligencia artificial para ayuda a la decisión del juez online (humano), o incluso para una decisión automatizada (permitiendo recurso ante un juez humano”.
En un momento como el que vivimos de transformación digital muchos expertos ven claro la necesidad de aprovechar todas las ventajas aportadas por las tecnologías para mejorar las condiciones de acceso a la justicia, afrontando decididamente la transformación digital de la Justicia (Judicial-Tech).
En su opinión, “no consiste solamente en la aplicación de soluciones tecnológicas para mejorar el funcionamiento de la justicia, sino que la transformación digital exige que la tecnología vaya acompañada de una reformulación de la forma en que se presta el servicio al ciudadano”.
En este contexto, Delgado no olvida que “el ciudadano actual es un ciudadano digital que pide un servicio ágil y a través de diferentes dispositivos electrónicos, de tal manera que pueda relacionarse con la justicia de la misma forma que con otras organizaciones privadas y públicas”.
Al final el objetivo sería “lograr una justicia orientada a las personas, centrada en sus necesidades y dirigida a resolver los problemas de justicia que les preocupan; mejorando el acceso a la justicia de todas las personas (una justicia para todos) de conformidad con el Objetivo 16 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS-Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Ese objetivo se refiere a la «promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles».
Delgado apuesta por el uso de las plataformas tecnológicas en la Administración de Justicia, no en vano fue director general del Ministerio de Justicia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.Hablemos de ciberjusticia
Sobre la resolución de conflictos online (ODR-Online Dispute Resolution) esto entronca con la denominada ciberjusticia, que supone el uso y la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de resolución de conflictos de forma judicial o extrajudicial, según el Cyberjustice Laboratory de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal.
En cuanto a las experiencias existentes, Joaquin Delgado advierte que Canadá es el país que más experiencias destacables tiene operativas.
A este respecto el sistema de Small Claims British Columbia en Canadá, referido a reclamaciones resueltas por el Civil Resolution Tribunal (CRT) con gestiones online, cien por cien, sobre asuntos como las disputas por lesiones automovilísticas hasta 50.000 dólares; reclamaciones menores de 5.o00 dólares; disputas de propiedad (condominio) de cualquier cantidad; sociedades y asociaciones cooperativas disputas de cualquier cuantía y alojamiento compartido y algunas disputas de vivienda de hasta 5.000 dólares.
Al mismo tiempo, este experto señala que en la ciudad canadiense de Quebec está en funcionamiento desde 2016 la plataforma PARLe -Platform to Assist in the Resolution of Litigation electronically, creada por el Cyberjustice Laboratory de la Universidad de Montreal, para resolver las controversias entre consumidor y vendedor.
“Primero mediante negociación y si fracasa puede intervenir un mediador. Los mediadores que participan en la misma están acreditados, poseen gran experiencia en materia de Derecho del consumidor y pertenecen al Colegio de Abogados o a la Cámara de los Notarios de Quebec”, explica.
En cuanto a los datos de esta experiencia, hay que indicar que el 67,3% han sido resueltos. El 45% de éstos han sido resueltos mediante la negociación y el 2 % gracias a la mediación. El porcentaje de consumidores satisfechos tras la resolución de la controversia es del 88% y el de los comerciantes alcanza el 89,2%.
La negociación o la mediación dura una media de 29 días, lo que indica que es doce veces más rápida que la media de lo que dura un procedimiento ante el tribunal competente. Los asuntos resueltos fueron de cuantía entre 16 y 200.000 dólares.
Otra iniciativa que nos cita es la de la Online Dispute Resolution for law value civil claims-Civil Justice Council de Gran Bretaña.
“El funcionamiento básico del sistema se estructura en tres niveles: nivel 1 de evaluación online; nivel 2 de facilitación online (negociación y facilitación) y nivel 3 mediante jueces online”, comenta.
En Holanda está la Rechtwijzer Uit Elkaar para divorcios. La Dutch Legal Aid Board creó esta plataforma de resolución de conflictos en colaboración con HiiL Innovating Justice (HILL-The Hague Institute for Innovation of Law) y la Plataforma Modria.
Esta iniciativa, que recibió el Premio Crystal Scale of Justice 2015, consiste en una plataforma de negociación de los cónyuges que pretenden divorciarse sobre reparto de bienes, alimentos y visitas.
De forma online describen su situación y hacen propuestas, pueden solicitar la ayuda de un mediador. Si llegan a un acuerdo, un abogado lo revisa desde el punto de vista jurídico y si lo valida pasa a un tribunal para su aprobación.
A juicio de Delgado, volcado en el mundo tecnológico desde hace muchos años, parece que ya ha llegado el momento de configurar una justicia realmente digital, que acorte tiempos de respuesta y que ofrezca otro tipo de justicia al ciudadano, así como una vía complementaria a los tribunales de justicia convencionales, ahora bastante colapsados. Falta saber si habrá voluntad política e inversiones para ponerlo en marcha.
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