Los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano, el pasado 12 de octubre, en los minutos previos al desfile de las Fuerzas Armadas. Ambos tienen que ser renovados. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El PSOE insta a renovar las instituciones con mandato ya caducado, entre ellas el CGPJ y el Constitucional
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10/5/2020 12:40
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Actualizado: 10/5/2020 12:40
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Lo ha hecho de forma indirecta, o directa, según se vea. A través del registro de una socorrida proposición no de ley en la Cámara Baja, sabiendo que no tiene más virtualidad que llamar la atención sobre este problema que, para su solución, necesita una mayoría cualificada que precisa el acuerdo de PP y del PSOE.
Juntos suman las tres quintas partes de los votos precisos en el Congreso de los Diputados –210– por lo que al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Constitucional (TC) –tiene que renovar 4 de sus 12 magistrados– se refiere.
La pnl ha sido presentada por Odón Elorza, secretario de Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado por Guipúzcoa.
En la misma, Olorza argumenta que, una vez que se reanude la actividad parlamentaria tras su «práctica paralización» como consecuencia de la crisis del coronavirus, deberían impulsarse estas renovaciones en las Cortes Generales.
Para ello, el socialista vasco plantea formalmente la necesidad de que el Parlamento haga «el máximo esfuerzo» para lograr «un amplio consenso de mayorías reforzadas» en torno a personas de «mérito, objetivamente muy capacitadas, con trayectoria de prestigio y garantía de independencia en el desarrollo de su tarea» para renovar los órganos institucionales conforme a los plazos constitucional y legalmente establecidos.
En la última reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, mantuvieron antes del estallido de la crisis del coronavirus, el ‘popular’ condicionó la renovación de estos órganos a que el Ejecutivo abortase la mesa de diálogo con el Gobierno catalán.
Lo que no se produjo.
El desbloqueo, por lo tanto, depende de la voluntad política del jefe del Ejecutivo y del jefe del principal partido de la oposición. Y eso, hoy por hoy, está más difícil que cuadrar un círculo.
La mayor parte de la renovación de todas las instituciones reseñadas en este artículo precisan de un acuerdo entre PSOE y PP. Foto: Pool.
EL CGPJ, EN FUNCIONES DESDE DICIEMBRE DE 2018
El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018.
Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un Whatsapp del ‘popular’ Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».
El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo.
La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.
Pendiente está también la renovación de los cuatro de los 12 miembros que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado noviembre.
En agosto, el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.
LA JEC DEBÍA HABERSE RENOVADO ANTES DEL 3 DE MARZO
Otras de las renovaciones que debe resolver el Congreso es la de los vocales de la Junta Electoral Central (JEC), que se renueva con cada legislatura, concretamente en los 90 días posteriores a la constitución de las Cortes que, en este caso, tuvo lugar el pasado 3 de diciembre.
De sus 15 integrantes ocho son magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo, cinco catedráticos propuestos por los grupos y nombrados por el Congreso, y otros dos miembros natos que no tienen voto.
Tras recibir el aval de idoneidad de la Comisión de Nombramientos del Congreso es la Mesa de la Cámara la que informa al Gobierno para que proceda a designarlos formalmente como vocales mediante real decreto.
Otras de las renovaciones en cartera es la de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en este caso después del fallecimiento, en junio de 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi.
En este caso es el Gobierno quien nombra a su presidente por un periodo de cinco años y el Congreso lo debe refrendar en un mes por mayoría absoluta, esto es, de 176 votos.
RTVE Y DEFENSOR DEL PUEBLO, OTRAS TAREAS PENDIENTES
El Gobierno también debe renovar el Consejo de Administración de RTVE, reactivando el concurso público que comenzó en agosto de 2018 y que se ‘congeló’ en marzo del año pasado, con la convocatoria de elecciones de abril.
Los 20 aspirantes a dirigir RTVE deberán pasar por la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado, y entre ellos se elegirá a los 10 miembros del Consejo (seis en el Congreso y cuatro por el Senado).
Todos necesitan un respaldo mínimo de dos tercios de la Cámara en primera vuelta (al menos 233 diputados) y, en su defecto, mayoría absoluta (176 diputados) en una segunda votación, con aval de cuatro grupos parlamentarios.
El presidente del Consejo se elige en la Cámara Baja, de entre los 10 miembros directivos y con el mismo sistema de votación.
Otro de los organismos a renovar es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde hace casi tres años y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo.
Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.
TAMBIÉN LA AIREF, EL FROB Y LA CNMV
En el ámbito económico, los nombramientos más urgentes son los de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde su presidente, José María Marín Quemada, su vicepresidenta, María Fernández, y tres consejeros, dirigen el organismo con el mandato ya cumplido y sin posibilidad de reelección.
Sus sustitutos serán nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Economía, Nadia Calviño, tras haber pasado un examen ante la comisión del ramo en el Congreso.
La Cámara Baja tendrá opción de veto a estos nombramientos por mayoría absoluta.
Y el próximo mes de julio concluirá el trabajo Jaime Ponce al frente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el fondo que pilotó el rescate en el sector financiero y responsable último de Bankia.
En este caso, el candidato propuesto por la ministra de Economía, Nadia Calviño, deberá presentar sus credenciales ante el Congreso, pero no necesita aval parlamentario para que el Gobierno pueda formalizar su nombramiento.
Finalmente, a finales de noviembre caducarán los mandatos del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y de su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, aunque en este caso pueden ser renovados por otro mandato.
Eso sí, PSOE y Unidas Podemos, hoy en el Gobierno, se opusieron entonces a su nombramiento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que los pactó con Ciudadanos.
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