El comisario jubilado, José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace dos años y cinco meses, ha distribuido una foto tomada en 2009, cuando fue condecorado con una Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, y rodeado por ocho comisarios del momento y el director adjunto operativo para dejar claro que nunca fue un marginado ni fue de por libre sino que siempre actuó en consonancia con los responsables máximos.
“Me parece oportuno, para ir refrescando su memoria, sacar a la palestra esta foto de 2009, con motivo de la concesión de la medalla roja por haber arriesgado mi vida por la seguridad de todos”, dice en una carta abierta distribuida a los medios de comunicación.
En la misma aparecen, posando con él, los comisarios Enrique García Castaño, José Luis Olivera, Carlos Rubio, Enrique de Federico, Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado, Juan Antonio González, Carlos Salamanca, el comisario general de Información, Miguel Valverde, y el jefe máximo, el director adjunto operativo Miguel Ángel Fernández-Chico.
“¡Entonces era de los suyos! Si me acusan ahora de conductas de hace veinte años, ¿cómo esperan mis verdugos librarse ellos cuando su pasado ignominioso se descubra y les alcance?”, afirma Villarejo.
La condecoración a la que hace referencia el comisario jubilado es una de las más prestigiosas dentro del Cuerpo de Policía. Se concede por varios motivos, entre ellos por un hecho abnegado o que manifieste alto valor, en circunstancias de peligro para su persona, con utilidad para el servicio o prestigio para el Cuerpo o por una conducta que merezca especial recompensa por hechos distinguidos y extraordinarios con patente riesgo o peligro personal, entre otras cosas.
Y está dotada con un 10 por ciento del sueldo de modo vitalicio.
“Voy a intentar defenderme hasta el final probando cómo mi estructura empresarial siempre estuvo al servicio de la seguridad del Estado, como se podrá comprobar, entre otros, en los casos Pujol, en la financiación de partidos en Cataluña, en la operación Cataluña… Muchas de esas operaciones se hicieron utilizando mis empresas. Así de simple”, asegura.
EL ORIGEN DE ESTA PROTESTA
Villarejo protesta, de esta forma, por la decisión del magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, de concluir la instrucción de la pieza “Proyecto Iron”, e iniciar la fase de preparación del juicio oral, tal como pidieron los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano.
Junto al comisario encarcelado, se sentarán en el banquillo el comisario principal Enrique García Castaño, el inspector jefe Constancio Riaño, el inspector Antonio Bonilla y el subinspector Javier Fernández Pérez.
Previsiblemente serán juzgados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento de secretos y falsedad documental.
Los fiscales anticorrupción también han solicitado que se concluya otra pieza la “Proyecto Land”. Ambas se incluyen dentro de la investigación de la llamada “Operación Tándem”.
Villarejo se queja de que haber conocido dicha decisión sin que su abogado, confinado, fuera de Madrid, haya tenido acceso a ello.
“Con mi abogado fuera de Madrid confinado, con imposibilidad de comunicar directamente conmigo pues los locutorios están cerrados, con la secretaría del juzgado cerrada, sin darle acceso ni siquiera a través de la plataforma digital de esos informes, en plena pandemia… Así, entre tinieblas se cierra la instrucción en dos días tras acaparar dos años y medio todo el material a disposición de los juzgadores pero secreto para las defensas. ¿Cabe mayor indefensión e ignominia?”, señala.
“A traición, con nocturnidad y alevosía, aprovechando la cuarentena, dan portazo a la instrucción para que no se puedan pedir pruebas para mi defensa y llevarme a juicio ahora, a sabiendas de que mi abogado no puede defenderme”, añade.
TEME POR SU VIDA, CONTAGIADO POR EL COVID-19
El comisario jubilado también se queja de que no se ha tenido en cuenta que su permanencia en prisión pone en riesgo su vida, porque tiene casi 69 años, padece enfermedades cardiacas, respiratorias e hipertensión.
“El señor García Castellón, los fiscales y la Sala que preside Alfonso Guevara sostienen que en el centro penitenciario de Estremera no hay ningún riesgo de contagio, cuando es el centro más afectado de España con dos reclusos muertos”.
Y añade: “Incluso en los propios datos publicados oficialmente por Instituciones Penitenciarias, de los 38 presos confirmados en todos los centros de España, 22 están aquí, lo que supone que el 57,8% de todos los infectados; y eso, cuando me consta que como mínimo ha habido 40 internos contagiados, incluidos varios en mi módulo que fue puesto en cuarentena durante 24 días”.
