El PP ha dado traslado a la Fiscalía de las compras «fallidas» de material en la crisis del coronavirus por parte del Gobierno, para que investigue para si se han producido irregularidades y/o si son constitutivas de delito
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya anunció el pasado viernes que denunciarían que se haya «suministrado mascarillas defectuosas a los trabajadores sanitarios» poniendo en «peligro su salud».
Ayer, el secretario de Justicia e Interior del PP y consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, informó que ya han puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Público.
López ha explicado que el PP ha denunciado con carácter general «todas las irregularidades que se han producido en la compra de material por parte del Gobierno de España, fundamentalmente en China».
Ha apuntado a «irregularidades», «compras con sobrecoste» y «compras fallidas con material defectuoso».
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— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 12, 2020
«Lo hemos puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal para que lo investigue y siempre con ese criterio de prudencia a la hora de acudir a los tribunales que creemos que es lo que define en este momento un partido responsable como el PP», manifestó en una comparecencia en la sede del PP junto al presidente del partido, Pablo Casado, para presentar el plan jurídico de desescalada como alternativa a la prórroga del estado de alarma.
«Como el Gobierno no publica los contratos en el portal de Transparencia, incumpliendo esta obligación democrática, es por lo que se insta a que la Fiscalía investigue si hay alguna irregularidad», ha manifestado a Confilegal el senador del PP Fernando de Rosa Torner, magistrado en servicios especiales.
Señala que «se ha constatado que se han otorgado contratos a empresas cuyo domicilio social ha aparecido como desconocido en el Boletín Oficial del Estado o incluso que no tienen como objeto social la compra de material sanitario».
«Las dudas que se han producido alrededor de todas estas compras es por lo que se insta a que Fiscalía investigue», concluye.
Por otra parte, respecto a la denuncia de la Unión Federal de Policía (UFP) de que desde distintas delegaciones del Gobierno se están trasladando «órdenes políticas» a las Fuerzas de Seguridad del Estado, Casado ha calificado de «muy grave» que se estén produciendo este tipo de actuaciones que sobrepasan el estado de alarma.
«Por eso hay que salir cuanto antes de la excepcionalidad constitucional», ha manifestado el líder del PP, y ha anunciado que su partido actuará si ve que estas conductas pueden ser objeto de «prevaricación o cualquier otro tipo penal».
Enrique López ha señalado que el PP está «estudiando este tipo de hechos».
«Nosotros defendemos que la red sea segura», ha dicho, y ha añadido que Interior tiene obligación de «controlar la red para prevenir estafas» en la pandemia y «perseguir los discursos de odio».
Eso sí, el secretario de Justicia del PP ha dicho que no van a permitir que «se utilice a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para controlar la libertad de expresión y mucho menos la libertad política».
