Justicia inmune: Ni el Covid-19 podrá cambiar a una Administración de Justicia totalmente obsoleta

“Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas se ha inyectado el veneno del miedo…., del miedo al cambio”. Octavio Paz.

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Con dicho decreto el Ministerio de Justicia pretendía, después del inexplicable parón que han sufrido nuestros tribunales, instaurar una serie de medidas que permitiesen no solo una salida ágil a la acumulación de miles de procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma, sino también adoptar otras para hacer frente al más que seguro aumento de litigiosidad que provocará la coyuntura económica derivada de la pandemia.

Decía “inexplicable” porque si uno coge las estadísticas oficiales relativas al “teletrabajo” de nuestros funcionarios públicos durante esta crisis sanitaria, fácilmente comprobará como los adscritos al Ministerio de Justicia son los que tienen y con diferencia, los peores ratios.

Con esto no pretendo hacer una crítica a nuestros a veces infravalorados funcionarios, sino a la evidente carencia de medios con los que inexplicablemente en el siglo XXI tienen que hacer su trabajo (en este caso teletrabajo).

No voy a analizar ahora el contenido del referido Real Decreto-ley 16/2020 pero honestamente creo que se ha desaprovechado una gran oportunidad para obtener a través del consenso entre el Ministerio y los distintos operadores jurídicos y también los sindicatos, unas medidas que fueran realmente efectivas y no de cara a la galería, pues dudo -ojalá me equivoque- que las ayer aprobadas vayan a servir para algo y no sean un nuevo “brindis al sol”.

Confiemos pueda mejorarse en su tramitación como proyecto de ley por los trámites de urgencia.

Qué pena que a ojos de nuestra sociedad gran parte del debate haya quedado reducido prácticamente a la cuestión relativa a tener que trabajar 20 días durante el mes de agosto.

Es cierto que era una medida polémica, que requería del compromiso de todos, sin excepción alguna, para que fuera realmente efectiva, pero me cuesta entender que en una situación tan difícil y excepcional como la que vivimos, algunos solo hayan pensado en su legítimo derecho a las vacaciones, cuando quizás la falta de trabajo nos conduzca a todos por desgracia a un largo período vacacional.

Realidad diaria de los juzgados

Probablemente lo más acertado en estos tiempos que vivimos sería este año concentrar las vacaciones de los jueces y del resto de funcionarios en el mes de agosto, para evitar así tener que funcionar a medio gas durante casi 4 meses (de junio a septiembre), pero sinceramente en estos momentos, en los que todavía no se ve el día en el que se vuelva a reiniciar la actividad judicial, decir que lo mejor es concentrar e intensificar la celebración de las vistas en julio y septiembre es no querer asumir la realidad diaria de nuestros juzgados.

Les aseguro que con los medios que tenemos, por muchos esfuerzos que se pongan por todos los  operadores jurídicos y las distintas Administraciones Públicas implicadas, pocas vistas se van a  poder celebrar de aquí a septiembre en comparación con el importante número de las ya suspendidas.

Cuesta entender el giro copernicano efectuado por el Consejo General del Poder Judicial, cuando hace pocas semanas sostenía que era imprescindible habilitar plenamente el mes de agosto con la intención de recuperar lo más posible el tiempo en el que la actividad judicial esté en periodo de hibernación y apenas pocas semanas después, dicta un acuerdo en el que pide que se limiten las vistas orales y se reduzca al mínimo esencial la práctica de notificaciones durante el mes de agosto.

Quiero pensar que sus razones tendrán para ello, pero es una lástima que no se explique el porqué de este repentino cambio de registro.

Confío que por un mínimo sentido de responsabilidad, los que ahora con su actitud y por medio de ese acuerdo han conseguido “descafeinar” la medida relativa al mes de agosto, luego no se sorprendan por el hecho de que las repletas agendas de nuestros jueces no permitan señalar las vistas antes del segundo trimestre del 2021 cuando no ya directamente en el 2022.

No sé qué pensarán nuestros ciudadanos y también nuestros vecinos del norte, con actitudes como ésta, si más pronto que tarde tienen que acudir al rescate de nuestro país. Seguro que podríamos hacer una serie titulada, al igual que una de reciente actualidad: “Así nos ven”.

John Fitzerald Kennedy decía que “el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano”.

Todos los operadores jurídicos sin excepción, con el Ministerio de Justicia a la cabeza, tendremos que hacer un rápido examen de conciencia para saber qué es lo que está fallando y cómo podemos hacer para que desde ya se tomen, con el consenso de todos y con valentía, las medidas urgentes y realmente efectivas que necesita nuestra Administración de Justicia, que lleva años en la UVI y lo más preocupante, es que casi todos nos hemos acostumbrado ya a esta penosa situación.

Pacto de Estado de la Justicia

Tengamos en cuenta que ante la gravísima crisis económica a la que nos enfrentamos (probablemente la más dura desde los años cuarenta) la Administración de Justicia ha de ser y será un servicio público esencial que nos permita dar un poco de oxígeno a todos aquellos ciudadanos y empresas que quieran ejercitar sus legítimos derechos ante nuestros tribunales.

Poca ayuda les van a poder dar si no se toman rápidas medidas que no solo le permitan salir de la UVI, sino que eviten, con el alud de demandas que se prevén, que nuestra Justicia entre en coma y eso a pesar de todos los esfuerzos, que en un ejercicio de voluntarismo quieran realizar nuestros jueces y resto de funcionarios junto con los distintos operadores jurídicos.

¿Cómo es posible que llevemos más de 20 años hablando de un más que necesario Pacto de Estado de la Justicia y todavía nuestros políticos hayan sido incapaces de abordar la imprescindible reforma de uno de los servicios públicos fundamentales en cualquier estado democrático y moderno del siglo XXI?

Sin duda dice mucho al respecto el hecho de que ni tan siquiera se hayan puesto de acuerdo para pactar unas medidas realmente efectivas para hacer frente a una situación tan extraordinaria como la que por desgracia estamos viviendo a nivel mundial.

Soy consciente de la difícil tarea que tiene por delante el actual ministro de Justicia para coordinar esta especie de Torre de Babel, en donde los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, los Letrados de la Administración de Justicia de su Ministerio y muchos del resto de funcionarios de las distintas Comunidades Autónomas, pero el diagnóstico de la enfermedad que nos afecta es conocido por todos: la falta de medios combinada con una organización decimonónica.

A la cola de Europa en número de jueces por habitante

Seguimos estando a la cola de Europa en el número de jueces por habitantes (12 por cada 100.000 habitantes, cuando la media Europa es de 21) y a la gran mayoría de nuestros políticos la Justicia les importa un comino, simplemente porque no da votos.

La plena implementación de las nuevas tecnologías sigue siendo un desiderátum más que una plena realidad en muchos de los partidos judiciales de nuestro país, cuando en otras Administraciones Públicas, como la Agencia Tributaria, se está a la cabeza de Europa. Y qué decir de la organización de nuestros juzgados que data del siglo XIX.

Qué poca memoria tenemos, hace apenas año y medio vivimos una inaudita (que no injustificada) huelga de jueces y fiscales y para nuestros políticos “como el que oye llover».

En definitiva, llevamos tanto tiempo esperando el futuro, esa reforma integral que nos saque de una estructura decimonónica, que la larga espera nos ha llevado por el peligroso sendero del conformismo, haciendo uso muchas veces de que aquella desdeñosa frase “es lo que hay” y olvidando el derecho que tienen los ciudadanos a exigir responsabilidades ante el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, pues la evidente falta de medios no lo justifica todo.

Apenas han pasado tres meses de la primera comparecencia del ministro de Justicia ante la Comisión de Justicia del Congreso, en donde con su habitual buen talante, no solo reconoció que nuestro sistema judicial padece muchas dolencias, algunas, decía, incluso se han “cronificado”, sino que añadió que necesita más recursos, más inversiones y más profesionales, debiendo asignarse los nuevos recursos de una forma mucho más eficiente.

Hagámoslo ya y no nos lo fíe a tan largo plazo con su Plan Justicia/2030, pues no en vano fue usted quien se preguntó cómo es posible que hayamos dejado pasar tanto tiempo, reconociendo que “no podemos esperar más”, de lo contrario sabe bien por su larga experiencia que llegaremos ya muy tarde, cuando el enfermo esté desahuciado.

Es verdad que ese Pacto de Estado no depende solo de usted, sino que todos los partidos políticos, incluido el suyo, abandonen su habitual tacticismo y ponganse de acuerdo en algo tan elemental para todos los ciudadanos como es el tener un servicio público de Justicia ágil y eficiente.

Un primer paso sería que por fin se pusieran de acuerdo para renovar y despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, en el que deberían estar representados sin excepción todos los operadores jurídicos que mejor conocen el funcionamiento de nuestros tribunales.

Con todos los respetos, la respuesta ante el COVID-19 y los indescifrables planes o fases de desescalada para la reactivación de nuestros tribunales ha demostrado el largo camino que todavía nos queda por recorrer. Sin duda el RDL 16/2020 no ha aportado nada.

Obras son amores señor ministro, confío en el “diálogo y consenso” que usted prometió para superar la larga agonía que padece nuestra Administración de Justicia, cambiándola por completo.

De lo contrario, si tenemos que ponerle música a esta situación, le seguiremos cantando aquella vieja canción de Julio Iglesias que decía “al final las obras quedan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual”.

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