La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha dirigido un duro escrito al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial a la Fiscalía General del Estado y a las Comunidades Autónomas exhortandoles a que tomen las medidas que permitan la «inmediata reanudación» de la actividad judicial, cosa que deberían hacer en el seno de las Comisiones Mixtas.
La APM considera incomprensible que los ciudadanos puedan salir a pasear o hacer deporte, a ir a la peluquería o a tomar una consumición en una terraza y que un servicio esencial para el Estado de Derecho y para la democracia, como es la Justicia, «continúe cuasi-paralizado porque no se adoptan las medidas y se dotan los medios personales y materiales necesarios para reanudar la actividad».
La asociación de jueces ve en el horizonte momentos muy difíciles para España, «con una crisis económica que se traducirá en una grave crisis social y de convivencia, y el papel de los jueces, desde nuestro compromiso constitucional con la ciudadanía, será, como siempre, fundamental para la resolución de todos estos conflictos».
Ahora es el momento en el que los jueces tienen que dar respuesta a esa necesidad, recuperando la posibilidad de reanudar su actividad con plena normalidad.
La asociación de jueces recuerda que desde el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma,»la suspensión de la actividad judicial ha traído consigo la imposibilidad de celebrar juicios y, en definitiva, la parálisis de facto de un servicio esencial en un Estado de Derecho».
Es necesario y vital salir de esta parálisis.
¿QUÉ HAN ESTADO HACIENDO DURANTE DOS MESES EL MINISTERIO Y LAS 12 COMUNIDADES AUTÓNOMAS?
La APM recuerda la publicación de la Orden Ministerial 394/2020 de 9 de mayo, que parecía que por fin se haba a permitir la progresiva incorporación del funcionario en el denominado «plan de desescalada».
El día 12 se produjo la reincorporación a su centro de trabajo de un 30% de la plantilla y lo previsible era que el día 19 se incorporase entre el 60 % y 70 % restante de estos efectivos, en lo que se llamó en la Orden Ministerial “preparación para la reactivación de los plazos procesales”.
Sin embargo, dos meses después de decretarse el estado de alarma, no puede producirse esa reincorporación el día 19 porque aún deben evaluarse las medidas de protección colectiva e individual.
La APM se pregunta por qué este retraso.
«Desde la Asociación Profesional de la Magistratura nos preguntamos qué se ha estado haciendo durante este tiempo por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia; nos sorprende que, a estas alturas, aún no se hayan estudiado las sedes judiciales para saber dónde son precisas las mamparas, que no estén señalizados los pasillos y zonas comunes, etc…«, afirma, la principal asociación de jueces.
«Que a día de hoy, sigamos sin saber cuándo se reanudará definitivamente la actividad judicial; que no sea posible dar respuesta a los ciudadanos y a los profesionales que cada día nos preguntan cuándo se celebrará su juicio y cuándo se tendrán la respuesta judicial a la que constitucionalmente tienen derecho», señala.
EN ALGUNOS TERRITORIOS HABLAR DE TRABAJO ES UNA ENTELEQUIA
«Si en los juzgados no hay funcionarios, nadie tramita los asuntos, pues todos los que trabajamos en Justicia sabemos que la implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia es más que deficitaria y, en algunos territorios, hablar de teletrabajo es una entelequia, porque durante años, el abandono y el olvido han impedido que estemos a la altura de otras administraciones y que, hoy, el funcionario que está en su casa pueda desarrollar su labor con una mínima normalidad», apunta.
Sin funcionarios no se pueden celebrar juicios ni realizar otros actos procesales. Es imposible que los jueces solucionen sus conflictos, como sus demandas de despido, su reclamaciones contra la Administración Pública, los concursos de acreedores, etcétera.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
En el escrito, la APM también exhorta al Ministerio para que en las cinco Comunidades Autónomas, las dos ciudades autónomas, y los órganos centrales en los que es competente, así como a las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas adopten «todas aquellas medidas de protección colectiva e individual en todas las sedes judiciales».
Una vez que se hayan adoptado, la Junta Directiva de la APM pide que se incorporen definitivamente, y de forma inmediata, los funcionarios.
