En las primeras horas de la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno, se ha registrado un 75% de seguimiento por parte de estos profesionales de la Justicia. Unos datos que muestran el rechazo de los profesionales de Justicia ante una normativa que atenta, según las asociaciones convocantes, contra el Estado de Derecho.
Las reformas anunciadas por el Gobierno del acceso a alas Carreras Judicial y Fiscal han provocado que cinco de las asociaciones de jueces y fiscales hayan convocado una huelga durante los días 1, 2 y 3 de julio. Ello, al considerar que suponen un ataque al Estado de Derecho. Especialmente, debido a la falta de comunicación que han tenido con los creadores de esta nueva norma.
Una situación ante la que los portavoces de las asociaciones han lamentado el tiempo y la forma de tramitación de esta Ley. Norma que reforma el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.
«La tramitación parlamentaria es urgente», ha explicado Sergio Oliva (AJFV). «No tiene sentido que en un tema tan capital como este, no se tramite de forma ordinaria. Al menos, que se nos escuche a las asociaciones profesionales, para mejorar el texto legal».
Una colaboración de las asociaciones que consideran clave a la hora de conseguir «lo mejor para la ciudadanía. La mejor justicia, moderna y europea».
«Nosotros presentamos un informe con los argumentos jurídicos y técnicos que teníamos contra y a favor del proyecto. El Ministerio conoce nuestra posición. Y no ha hecho esfuerzo alguno en sentarse», ha lamentado al respecto Fernando Portillo (FJI).
Algo ante lo que María Jesús del Barco (APM) ha sido clara: «No vemos qué se puede salvar de la ley».
Las becas, lejos de la polémica de la huelga
Críticas ante las que representantes del Gobierno como Patxi López han asegurado que la huelga busca acabar con una ley que garantiza unas becas de acceso a las carreras Judicial y Fiscal. Algo que han negado las propias asociaciones.
«No estamos en contra de las becas, desde luego. Se llevan haciendo, creo que son tres años. Las becas están ahí, las estamos viendo anunciadas por el ministro, que las anuncia de forma sucesiva, por si alguien no se ha enterado», criticaba María Jesús del Barco.
Unas becas para las que, tal y como ha destacado, no es necesario modificar normativa alguna desde el poder legislativo. «Para establecer un sistema de becas para las personas que no tengan recursos para preparar una oposición no hace falta cambiar la ley orgánica», ha valorado. Ello, siendo las becas lo único que se puede «salvar» de la ley de Carreras Judicial y Fiscal. «Pero para eso no hace falta una ley», ha recordado.
Así pues, el objetivo de la huelga es, tal y como apuntaban las asociaciones, «intentar visibilizar ante la ciudadanía la afección que supondría esta ley al poder judicial». Y, por tanto, al Estado de Derecho.
«Hay un punto en el que nos acercamos a los límites de no retorno en el que desaparece el Estado de Derecho, porque son normas que lo erosionan», valora Salvador Viada (APIF). «No es una cuestión de incidir en el poder legislativo, sino dar un aviso de que se está socavando el Estado de Derecho».
