De izq a dcha: Salvador Viada (APIF), Sergio Oliva (AJFV), María Jesús del Barco (APM), Cristina Dexeus (AF) y Fernando Portillo (FJI) han dado los datos de seguimiento de la huelga en su primer día de convocatoria. Foto: Confilegal
El 75% de los jueces y fiscales apoyan la huelga en el primer día, según las asociaciones convocantes
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01/7/2025 15:15
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Actualizado: 01/7/2025 15:28
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En las primeras horas de la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno, se ha registrado un 75% de seguimiento por parte de estos profesionales de la Justicia. Unos datos que han celebrado los representantes de las asociaciones convocantes.
Las reformas anunciadas por el Gobierno del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía han provocado que cinco de las asociaciones de jueces y fiscales hayan convocado una huelga durante los días 1, 2 y 3 de julio. Ello, al considerar que suponen un ataque al Estado de Derecho. Especialmente, debido a la falta de comunicación que han tenido con los creadores de esta nueva norma.
Una huelga que, en sus primeras horas, ha tenido una gran aceptación. Así pues, 3 de cada 4 jueces y fiscales habrían dado seguimiento a esta huelga. Algo ante lo que la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha calculado que, en ese 75% hay unos mil fiscales, de los 2.500 que integran la carrera, si bien ha recalcado que se trata de un dato aproximado.
Así lo han anunciado en una rueda de prensa los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), convocantes del parón judicial y fiscal.
Una huelga que ha sido un «éxito»
«Estamos muy satisfechos. Creemos que es un éxito», ha dicho María Jesús Del Barco (APM). Una celebración que han compartido el resto de portavoces, entre ellos Sergio Oliva (AJFV), Fernando Portillo (FJI) y Salvador Viada (APIF).
Unas palabras en las que, por su parte, Sergio Oliva ha querido pedir «disculpas» a la ciudadanía y operadores jurídicos por los perjuicios que esta huelga pueda estar provocando en el funcionamiento de la Justicia. «Nunca hemos querido llegar a este punto», lamentaba.
Algo que confirmaban el resto de portavoces, sumándose a las disculpas a la ciudadanía. «No es un asunto fácil. Esta huelga está justificada, pero no por el interés de un juez o un fiscal en concreto, sino porque existe una amenaza al Estado de Derecho«, incidía Viada.
En este sentido, Del Barco ha querido dejar claro que ni a jueces ni a fiscales les gusta hacer huelga. «Pero nos obligan», ha lamentado. «Nunca quisimos llegar hasta aquí, pero nos hemos visto forzados a ello», ha ratificado Dexeus.
Por su parte, Dexeus ha considerado que, en el caso de los fiscales, tienen que estar «orgullosos» del seguimiento. Ello, debido a que las órdenes dictadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, exigían garantizar algunos servicios, incluidos los señalamientos fijados con anterioridad a la convocatoria de huelga y que no hubiera suspendido el juzgado, «prácticamente hacían imposible que el fiscal hiciera huelga si no la hacía el juez correspondiente». «Teníamos que hacer de comparsa», ha denunciado.
Sin respuesta del Ministerio de Justicia
Al hilo, el portavoz de AJFV, se ha mostrado verdaderamente sorprendido por el hecho de que «el Ministerio de Justicia no haya llamado» para evitar la huelga. «Que el empleador no intente evitar un conflicto colectivo es algo que no me cabe en la cabeza«, ha manifestado.
En esa línea, ha asegurado que les habría encantado «entrar en una mesa de negociación y poder llegar a un entendimiento», al considerar que las asociaciones de togados tienen «mucho que aportar». «No somos una especie de conspiración judeo-masónica que va contra el Gobierno. Queremos lo mejor para la ciudadanía», ha aseverado.
No obstante, ha hecho hincapié en que en este caso no es solamente que «el Ministerio ni siquiera ha llamado», sino que la tramitación parlamentaria se ha planteado como urgente, lo que da menos margen a posibles cambios.
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