El Tribunal Supremo ha acordado este viernes pedir el suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar el procedimiento penal contra la diputada y portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs.
La diputada tiene una causa abierta en el Supremo desde el pasado mes de diciembre por los presuntos delitos prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en que era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
El suplicatorio se trata de un requisito de procedimiento en el que el tribunal pide formalmente al Congreso de los Diputados permiso para continuar el procedimiento penal contra uno de los miembros de la Cámara Baja, en este caso la diputada catalana.
De este modo, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ha dirigido hoy un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para proceder contra la portavoz de JxCAT.
La petición se acompaña de una exposición razonada del instructor de la causa en el Supremo, el magistrado de la Sala Segunda Eduardo de Porres, que es quien ha instado el suplicatorio.
Borràs fue citada el pasado 14 de febrero en el Supremo para prestar declaración voluntaria, en calidad de investigada en la causa, tal como establece la ley, pero la diputada optó por no acudir a la citación. A raíz de ello, el instructor preparó la exposición razonada para pedir su suplicatorio.
La Sala Segunda del Supremo abrió el pasado 17 de diciembre la causa para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que elevó al Supremo una exposición razonada.
18 contratos menores por más de 250.000 euros
El Supremo destacó entonces que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el juzgado de Barcelona y atribuidos a la aforada “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.
El tribunal extendió su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a Borràs.
Según la investigación del juzgado de Barcelona, que se recoge en la exposición razonada del magistrado Eduardo de Porres dirigida al Congreso, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borràs, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad.
Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.
Así, el objetivo, según consta en la investigación, era «fraccionar ilíciamente el objeto de los contratos a adjudicar con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir así los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación previstos legalmente».
