Carmen Rodríguez-Medel, magistrada titular del Juzgado de Instrucción 51, que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por COVID-19, remitió ayer un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y adviertió la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.
En esta misma línea, la magistrada advirtió al secretario de Estado, Rafael Pérez Ruiz –número 2 del Ministerio– que la infracción de este deber «debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar», entre las que se contemplan las responsabilidades penales.
En caso de producirse estas últimas, según la juez, «podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado», según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.
El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de ayer lunes a Pérez Ruiz, coincidiendo con la jornada en la que se ha conocido la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar «por pérdida de confianza» al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos.
Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.
La juez Rodríguez Medel, que mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia, ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.
En oficio remitido a Interior que reproduce ‘El Español’, la magistrada también recuerda que ya «enfatizó» que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública «debería contar previamente» con su autorización y que sería ella quien decidiría «no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido».
