Las cuatros asociaciones de jueces en España coinciden en que es necesario que se aclaren los hechos en torno al cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos.
En las últimas horas, tras el cese de Pérez de los Cobos y la posterior dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, varias asociaciones de guardias civiles han pedido al titular de Interior que explique los motivos del cese del coronel.
Asociaciones de guardias civiles han apuntado que detrás de este cese podría estar la negativa de Pérez de los Cobos a proporcionar al Ministerio información sobre el desarrollo de la investigación que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción 51 de Madrid sobre la posible incidencia de concentraciones multitudinarias, como la del 8-M en Madrid, en la propagación del Covid-19.
En el contexto de esta causa, se ha citado a declarar como investigado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, y como testigos a otros tres cargos de la Delegación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Marlaska ha asegurado que el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid se debe a un “proceso natural de restitución basado en la confianza, no tiene ninguna otra razón u objetivo”.
El ministro ha insistido en que el cese del coronel se debe “única y exclusivamente” a un proceso de reestructuración de los equipos y ha subrayado que “sabe perfectamente cuál es la competencia de un ministro y de un juez, evidentemente para mi hay una palabra que no conjugaré nunca que es injerencia”.
Sin embargo, las cuatro asociaciones judiciales (APM, AFJV, JJpD y FJI) consideran necesario que se aclaren los hechos en torno a este cese.
La Asociación Profesional de la Magistratura ha asegurado, a través de un comunicado, que prefiere no pensar que el cese del coronel Pérez de los Cobos confluyan otras circunstancias que las apuntadas de “pérdida de confianza”, porque ello «supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal».
A pesar de ello, «para evitar cualquier asomo de duda en los verdaderos motivos de la decisión, toda vez que aparece íntimamente relacionada con una instrucción penal en curso», ha solicitado a Interior que se expliquen los motivos de esta pérdida de confianza o, al menos, que «se asuma públicamente que son ajenos a la instrucción penal en curso«.
Asimismo, que se restituya al coronel en su puesto hasta que finalice la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado de Instrucción de Madrid o se adopte la decisión oportuna por la magistrada titular.
Esta asociación, la mayoritaria entre los jueces, ha recordado que la dependencia de los agentes es, desde el punto de vista funcional, exclusiva y excluyente, en el sentido de que, en el ejercicio de sus funciones, únicamente han de responder frente al juez instructor y actuar conforme a sus instrucciones.
Esa dependencia, subraya, incluye la reserva sobre las investigaciones encomendadas, con la única excepción de que sea expresamente autorizada por el juez o el fiscal.
Así, agrega, «cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido, a través de la prevalencia orgánica inherente a la cadena de mando, puede suponer una interferencia en la función judicial que puede llegar a afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido».
Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha asegurado a Confilegal que «la situación es tan confusa que genera algún tipo de duda o sospecha y eso no es bueno».
En este sentido, ha añadido que «para las instituciones democráticas cuanta mayor claridad y transparencia en todas las decisiones mejor«.
Asimismo apunta que «si de alguna manera el cese está relacionado con que el algún cargo ministerial ha querido tener conocimiento sobre cómo iba la investigación o que se sabía o qué estaba haciéndose eso no sería admisible«.
Esto es así, continua, «porque la policía judicial solamente rinde cuentas al juez sobre esa instrucción y si de alguna manera se hubiera producido ese intento de llegar a conocer qué se está investigando eso sería un grave ataque a la independencia del juez cómo figura imparcial».
Por su parte, el portavoz de Juezas y jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha manifestado a Confilegal que «lo que sí está claro es que se tendrían que esclarecer los hechos» y ha subrayado que «el estatuto de inamovilidad y el deber de reserva incumbe a los funcionarios que están actuando como policía judicial, pero no a sus superiores».
La presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha apuntado que el ministro del Interior «ha intentado eludir el dar los motivos por los que se ha producido el cese», a su juicio, «debería justificar cuáles son las razones por las que ha habido esa pérdida de confianza».
Asimismo, ha remarcado que aunque se trate de un puesto de confianza tendría que motivar porqué se ha producido esa pérdida de confianza «cuando resulta que como cuestión de fondo hay una investigación».
«Entendemos que mientras no se motive el cese pues verdaderamente creemos que ha habido una injerencia», ha concluido.
