El empresario mexicano Alonso Ancira fue detenido en mayo de 2019 en Palma, en cumplimiento de una orden de detención de las autoridades mexicanas por medio de Interpol, se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares.
La Audiencia Nacional autoriza la extradición a México de Alonso Ancira, el ‘rey del acero’
para que haga frente a las acusaciones de fraude y corrupción que pesan sobre él en ese país
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29/5/2020 12:15
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Actualizado: 29/5/2020 12:15
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La Audiencia Nacional ha autorizado la extradición a México del empresario Alonso Ancira Elizondo para que haga frente a las acusaciones de fraude y corrupción que pesan sobre él en ese país.
El auto, fechado el 27 de mayo, lo firma la magistrada Adoración María Riera Ocariz.
La defensa de Ancira recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Ancira se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares, como comparecencias en el juzgado cada dos días, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.
Alonso Ancira, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, es presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor compañía siderúrgica del país. De ahí que se le conozca como “el rey del acero”.
Presidió la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero de 1993 a 1995 antes de verse envuelto en problemas fiscales que le obligaron a salir de México. Al pactar su regreso en 2003, la volvió a dirigir en dos ocasiones.
Fue detenido el 28 de mayo de 2019 en Palma, en cumplimiento de una orden de detención de las autoridades mexicanas por medio de Interpol.
El empresario prestó declaración ante el juez Pedraz el 29 de junio de 2019 por videoconferencia y se negó a ser extraditado hasta que “llegara la documentación extradicional para poderse defenderse”.
Mientras se realizaban los trámites, el magistrado acordó su ingreso en prisión.
La defensa recurrió la decisión de la AN de mantenerle en prisión, y Pedraz decidió dejarlo en la libertad bajo una fianza de un millón de euros, que el empresario abonó el 1 de julio de 2019.
“No es que sea discutible, se le acusa de lavar dinero por una compraventa de un condominio y no ha comprado nada en los últimos 15 años”, aseguró, y añadió que lo acreditarían.
Posteriormente la defensa la llevan los letrados Manuel Ollé Sesé y Javier Sánchez Vera.
Una vez que la solicitud de entrega de México y la documentación que avala la reclamación llegó a la Audiencia Nacional, Pedraz volvió a citar a Ancira, de forma presencial, para preguntarle formalmente si aceptaba su extradición, algo que rechazó de nuevo.
ANCIRA SE OPUSO A SER EXTRADITADO, ENTRE OTRAS COSAS, PORQUE CONSIDERA QUE MÉXICO ‘ES UN PAÍS QUE NO TIENE LEYES’
El pasado 10 de marzo se celebró la vista de extradición. El empresario se opuso a ser extraditado porque considera que México «es un país que no tiene leyes».
Su defensa argumentó motivaciones políticas detrás de la orden de captura y extradición de su patrocinado.
México le reclama en relación a un presunto delito de blanqueo de capitales sobre la base de una serie de transferencias que habría realizado a una sociedad vinculada con el exdirector general de Pemex Emilio Lozoya.
Según señaló en la vista la letrada del Gobierno de México, Ancira presuntamente habría realizado acciones «para que ese pago de apariencia ilícita pudiera entrar de nuevo en la economía», a lo que añadió que fraccionó pagos a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas vinculada a Lozoya a través de su hermana, y que «se acabó transformando en una bonita vivienda en México».
Ancira respondió a preguntas de Fiscalía que las acusaciones que pesan sobre él «casi llevan a la bancarrota» a su empresa porque debido a que se le imputan delitos de lavado de dinero les han cerrado líneas de crédito y hay riesgo de que se produzca la pérdida de miles de empleos.
Según ha podido saber Confilegal, la empresa está en una situación crítica.
Sobre el hecho de que haya mantenido empresas en el país al que acusa de no tener leyes, Ancira dijo que le ha ocurrido «como con el Coronavirus, que hasta que no le pega, usted no le reclama -no le presta atención-«.
Tras responder al Ministerio Fiscal, Ancira incidió a preguntas de su defensa que no quería ser extraditado porque es «un daño colateral» de la batalla del actual presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, «contra la administración anterior» de Enrique Peña Nieto.
Según el relato que hizo, llegó a Palma de Mallorca el 26 de mayo de 2019 procedente de Nueva York, donde asistió a la graduación de una familiar.
Dos días después fue detenido por la Interpol en España cuando se disponía a volver a México vía EE UU.
Fue arrestado en el aeropuerto de Palma de Mallorca cuando iba a coger un vuelo a Canadá. Foto: EP
Dijo que la situación que se produjo fue «pueril» porque le acusaron de blanqueo cuando «no había ningún ilícito».
En el turno de alegaciones, el fiscal Carlos Bautista avisó de que a tenor de los acontecimientos, la petrolera pública mexicana Pemex «va camino de parecerse a PDVSA» (la petrolera de Venezuela), y defendió que se extraditara a Ancira más allá de si los delitos por los que se le requieren han prescrito o no.
Lo señaló después de escuchar la declaración de una perito experta en derecho mexicano quien, presentada por la defensa, apuntó que los delitos que se le imputan a Ancira habrían prescrito de acuerdo al artículo 107 del Código Penal de ese país.
En cuanto a la posibilidad de que se trate de una persecución política por la animadversión del actual presidente mexicano hacia personas cercanas al anterior gobierno, el fiscal señaló que pudiera ser también que el abandono del poder de Enrique Peña Nieto en 2018 haya actuado como «botella de cava», que al abrirse posibilita que afloren y se conozcan delitos que el elemento político impedía. Y añadió que la argumentación sobre la politización del proceso de extradición «se debe demostrar con hechos y no con palabras».
Los letrados del Gobierno mexicano se adhirieron a la petición de extradición del empresario y apuntaron que hay indicios «muy sólidos» que demuestran que Ancira fraccionó el pago de 3,4 millones de euros en diversas transferencias bancarias. «Por eso, México solicita que se someta al procedimiento. Para que los tribunales decidan si hay o no blanqueo», explicaron.
‘UN COMPROMISO PARA EL REINO DE ESPAÑA’
Por su parte, la defensa de Ancira señaló que se ha dado un caso de abuso al emitir la orden de detención en 2019 cuando Ancira estaba en Palma pasando unos días de descanso, y añadió que se decidió hacer así prefiriendo «poner en un compromiso al Reino de España».
Se pregunta cómo hechos cometidos presuntamente en 2012 se empizan a perseguir en 2019 sin dar una razón plausible para ese retraso.
«Tamaña aberración jurídica de perseguir delitos siete años después y no nombrar el 107 no ha ocurrido nunca», incidió haciendo hincapié así de nuevo en las prescripción de los hechos.
Ahondando en las transferencias, la defensa señaló que sirvieron para pagar los trabajos realizados por Lozoya a la empresa Altos Hornos de México y lo desligó completamente del hecho de que mas tarde, ya en 2014, siendo ya Lozoya director de Pemex interviniera en la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados a AHMSA.
Por otro lado, argumentó que solicita la denegación de la extradición porque hay una «finalidad desviada» y no hay causa jurídica que sustente esa comisión de un delito.
«La petición de extradición es por un delito común, pero se encubre una persecución auténtica indirecta contra Ancira, por lo que se viola el núcleo duro de los derechos fundamentales», insistió.
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