El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presidido este lunes la primera reunión presencial de la comisión de expertos designada para elaborar el Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Foto: Ministerio de Justicia.
Campo preside la primera reunión presencial de la Comisión que elaborará la nueva LECrim y llama al consenso judicial y político
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01/6/2020 17:45
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Actualizado: 01/6/2020 17:45
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La Comisión que elaborará el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se ha reunido este lunes por primera vez de forma presencial. Hasta ahora, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, estaba trabajando de manera telemática.
La nueva LECrim, como ha señalado el ministro de Justicia Juan Carlos Campo en varias ocasiones, es una de los objetivos de su mandato.
De hecho, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del pasado mes de febrero anunció su intención de llevar antes de final de año el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación.
Durante esta reunión, según ha informado Justicia en un comunicado, el ministro ha resaltado que «se va a necesitar mucho consenso» para sacar adelante esta nueva ley que está llamada a sustituir a la vigente de 1882 y que buscar reforzar la actuación del fiscal bajo el principio de unidad de acción.
En este sentido, ha agregado, es «prioritario» tener un nuevo modelo de proceso penal «cuanto antes» por lo que buscará el «máximo consenso» en los ámbitos judicial y político. Además, ha defendido el momento elegido para el inicio de los trabajos por parte de la comisión pese a la complejidad del contexto actual.
La comisión está presidida por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y miembro del comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, Juan José López Ortega, designado por el ministro de Justicia para coordinar los trabajos el pasado 15 de abril.
El magistrado ha sido llamado a repetir el mismo cometido que realizó entre 2010 y 2011. Entonces el anteproyecto fue aprobado el 22 de julio de 2011 por el Consejo de Ministros, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pero jamás vio la luz por el adelanto electoral.
Tres años después, el PP, siendo ministro Alberto Ruiz-Gallardón, elaboró su propia versión de nuevo Anteproyecto de LECrim, que no llegó a tal y que se quedó en borrador.
Ahora, López Ortega vuelve a trabajar en la Comisión de expertos que está llamada a elaborar el anteproyecto.
Junto a él, forman esta Comisión Ignacio Rodríguez Fernández, fiscal y letrado del Tribunal Constitucional de España; Pedro Crespo Barquero, fiscal del Tribunal Supremo; Pilar Rasillo López, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, especialista en el orden jurisdiccional penal y letrada del Consejo General del Poder Judicial entre 2012 y 2014.
José Antonio Colmenero, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide y jefe de Gabinete del Ministro de Justicia en 2011; José Luis Ramírez Ortiz, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Lorena Álvarez Taboada, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Así como, Concepción López-Yuste Padial, fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado y directora General para el Servicio Público de Justicia; Sofía Puente Santiago, fiscal delegada de violencia de género y directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y Amaya Arnáiz Serrano (secretaria de la comisión), profesora Titular de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid y directora de Gabinete del Ministro de Justicia de España.
Cuatro de ellos (Rodríguez, Crespo, Álvarez y Arnáiz) ya fueron miembros del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011.
La comisión está apoyada por una subcomisión técnica adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia.
La redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo y busca superar, según Justicia, «una legislación decimonónica desbordada por la realidad procesal».
Desde su aprobación hace 138 años, la actual ley ha sufrido más de 70 modificaciones, 50 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
La norma obliga a una reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales.
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