La Junta Sectorial de magistrados de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas considera que el cómputo de la duración de la instrucción, tras la suspensión de los plazos procesales por el Covid-19, debe «reanudarse dando por válido lo ya investigado», y no reiniciarse desde cero, como defiende la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los magistrados de las tres secciones penales de la Audiencia de Las Palmas (Primera, Segunda y Sexta) acordaron por unanimidad en su reunión del pasado 21 de mayo que, ante la reanudación de la actividad judicial esta semana, el criterio de interpretación de las Salas en referencia al acuerdo de suspensión de plazos procesales aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) será que «el plazo de instrucción se reanuda» y no que vuelve a empezar de cero.
La Junta Sectorial responde así al informe emitido el pasado 29 de abril por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), que estableció que ante la reanudación de la actividad judicial el 4 de junio, «con carácter general, las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses prorrogables a contar desde el día siguiente hábil al cese del Estado de alarma».
En contra de este criterio, las Salas de la provincia de Las Palmas entenderán que los plazos se reanudan.
Argumentan esta decisión señalando que «es un plazo de caducidad», que «la postura contraria «va en perjuicio directo contra el reo», que «se aplica el concepto estricto de suspensión» y que «los plazos procesales que han sido objeto de interrupción durante el estado de alarma, en ningún caso, comienzan desde un principio».
El presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, ha trasladado esta decisión a los decanos de los siete partidos judiciales de las islas para que se difunda entre los jueces de instrucción de las tres islas.
