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Vienen tiempos duros para la justicia

El columnista, Ricardo Rodríguez, hace un repaso a los acontecimientos vividos en los últimos meses y concluye de esa forma: "vienen tiempos duros para la justicia".
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Malos tiempos. Estamos asistiendo a unos acontecimientos que, hace solo unos meses, nos parecerían insólitos, inverosímiles.

Me explico.

El estado de alarma desde el primer Real Decreto 463/2020 que lo aprobó, de 14 de marzo, y sus sucesivas prórrogas hasta la próxima –anunciada por el presidente del Gobierno este pasado domingo y que cuenta, al parecer, con apoyo parlamentario para sus prosperabilidad–se extendería a más de tres meses, alrededor de cien días, en los que ha habido y hay evidentes limitaciones y suspensiones de derechos fundamentales (cuestión que hemos analizado en la columna publicada el 5 de abril y que la mayoría de los juristas comparte).

Además, la Abogacía de Estado ha sufrido una intromisión del Gobierno que ha devenido –si se me permite la expresión- en considerarla como Abogacía del Gobierno. Los hechos –creo- me dan la razón.

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Así, la destitución del Abogado del Estado Jefe del Área Penal, Edmundo Bal, por negarse a rebajar la calificación en el caso del “procés” de rebelión a sedición; el polémico escrito defendiendo la inmunidad como europarlamentario del líder de ERC, Oriol Junqueras, en plena negociación para lograr la investidura de Sánchez con los independentistas –por supuesto, pretensión desestimada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo-.

A continuación, se purgó, cesándola, a la jefa de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda, Carmen Tejera, cuyo informe pericial –junto con otros dos peritos de Hacienda- fue determinante para condenar a alguno de los acusados por el delito de malversación de caudales públicos en la sentencia del 1-O por el referido Tribunal; y, por último (por ahora), el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la manifestación del 8-M, que analizaremos “infra”.

Todas estas actuaciones, además de minar el prestigio de este prestigioso Cuerpo, considerado como “la aristocracia jurídica de la Administración”, politizándolo de forma irreverente, además de considerarse una purga, ha causado un profundo malestar en sus escasos integrantes (alrededor de 700 de los cuales la mitad han pedido la excedencia y se han ido al sector privado… o a partidos políticos de la oposición).

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“Item” más. Que el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado haya recaído en quien era ministra de Justicia del anterior Gobierno, sin solución de continuidad, nos hace dudar que las actuaciones básicas de esta Institución, cuales son promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, del interés público tutelado por la ley y velar por la independencia de los Tribunales (artículo 124, “in fine”, de la Constitución Española) se vayan a cumplir en algunos casos, los denominados “casos políticos” o “casos contra políticos”.

Todavía no hemos observado nada “extraño” y ojalá nos equivoquemos, pero acuérdense de la entrevista del presidente del Gobierno en “Onda Cero”, con Carlos Alsina, en donde le llegó a preguntar al periodista “pero ¿la Fiscalía de quien depende?”, quedándose a continuación callado y, ante el silencio, preguntó Alsina “¿del Gobierno?”, contestando el Presidente “¡pues ya está!”.

Estamos esperando la actuación de la Fiscalía en los recursos del caso “procés” y de las innumerables querellas y denuncias interpuestas por particulares o asociaciones respecto a la gestión gubernamental en el control de esta maldita pandemia que nos asola originada por el coranavirus (por los miles fallecimientos, por la presunta transmisión de la enfermedad al haberse autorizado y promovido las manifestaciones del 8-M, el no prohibir los numerosos actos en las fechas previas a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo –partidos de fútbol, conciertos, mítines, etcétera).

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La fiscal general ya ha mantenido reuniones telemáticas por medio de la Junta de Coordinación y los altos cargos de la Fiscalía planteando la necesidad de coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal, remarcándose la necesidad de dar una respuesta unitaria frente a los procesos del coronavirus y, dentro de estos procesos, por supuesto, a las querellas por los fallecimientos en las residencias de mayores (bastantes miles de ancianos).

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Actuación lógica por cuanto la Fiscalía debe ejercer sus funciones conforme al principio de unidad de actuación (artículo 124.2, “in fine”, CE).

PÉREZ DE LOS COBOS

Pero nos tememos que será una actuación con una rigidez absoluta y con criterios muy claros y definidos progubernamentales si –como ya anticipa algún medio de comunicación– la Fiscalía, que –no nos olvidemos– ejerce la acusación, va a apoyar el recurso de apelación de la Abogacía del Estado que defiende al delegado del Gobierno de Madrid en el procedimiento seguido en citado Juzgado instructor.

A lo anterior, debemos añadir el cese fulminante e inaudito por parte del ministro del Interior del coronel de la Guardia Civil, Jefe de la Comandancia de Madrid, Diego López de los Cobos, por “pérdida de confianza”, ocurrido, extrañamente –y como todos conocemos- un domingo por la tarde, después de sucesivas llamadas telefónicas (recriminatorias y requirentes), lo que llevó a la dimisión del CEO de la Guardia Civil, el director adjunto operativo –el máximo cargo uniformado, esto es, no político de tal institución- y cese del jefe del Mando de Operaciones, el superior inmediato a Pérez de los Cobos….

Cierto es que este cese se ha vendido como “una pérdida de confianza”, pero, de lo que sabemos, extraña que fuera un domingo por la tarde-noche y máxime cuando se negó a entregar e informar sobre un informe pericial encargado a sus subordinados que, en calidad de Policía Judicial, fueron requeridos para su confección por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, quien instruye una denuncia por presunta prevaricación administrativa del delegado del Gobierno en Madrid al no prohibir la manifestación del 8-M.

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Además de ser el encargado máximo de la seguridad en las tristemente conocidas algaradas que sufrió Cataluña por la celebración del referéndum ilegal celebrado el 1-O.

Parece, a primera vista, que se trata de una reacción déspota por parte del Ejecutivo por no informar de tal informe pericial previamente a sus superiores y, además, la entrega de “una pieza” a los independistas catalanes que están apoyando al Gobierno.

POR CUMPLIR LA LEY 

En suma, destitución por cumplir la ley, someterse a la autoridad judicial competente y, en definitiva, por negarse a incurrir en un delito de revelación de secretos y/o desobediencia a la Autoridad Judicial

En la actualidad y por tal motivo, hay una verdadera crisis dentro de la Guardia Civil lo que demuestra que, a esta fecha, todavía no se hayan cubierto los puestos del coronel cesado, jefe de la Comandancia de Madrid, y del jefe del Mando de Operaciones, también cesado.

En la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, exigida por los partidos políticos de la oposición, además de no dar explicación convincente de tal cese, se limitó a intentar aplacar esta crisis con el anuncio de la subida salarial del último de los tres tramos pactado en octubre de 2018 por los sindicatos policiales y de la Guardia Civil con el Gobierno –recuérdese de Mariano Rajoy, esto es del Partido Popular- para equipararlos a los “Mossos d´Escuadra” y que, sucesivamente, había denegado el Gobierno: en diciembre de 2019, y en febrero y abril de este año , vinculándola a la aprobación de los Presupuestos.

Y, sorpresivamente, dos días después de cese del coronel, después de la celebración del Consejo de Ministros y posterior comparecencia parlamentaria, sin petición alguna expresa de los sindicatos policiales, se acuerda tal subida por un importe de la no despreciable cantidad de 250 millones de euros.

En la situación actual, de una más que grave crisis económica derivado del confinamiento decretado para frenar la pandemia (ríanse ustedes. de la crisis “del ladrillo” del 2008), ¿se dispone de 250 millones para los agentes policiales y de la Guardia Civil y nada se acuerda sobre una paga extraordinaria por la magnífica labor hecha por los sanitarios por su dedicación y esfuerzo, más allá del deber, en esta pandemia?

Recuérdese que son más de cincuenta mil los sanitarios infectados y varias decenas de muertos. Cifras, ambas, que son las mayores del mundo. Y es una paga extraordinaria que se ha concedido ya en varios países europeos, los más asolados por la pandemia.

En la grave crisis que nos encontramos –reitero- y que, por supuesto, va a ir a más, disponer de 250 millones para policías y guardias civiles y no para sanitarios parece un escándalo.

No decimos que aquéllos no tengan derecho, que sí lo tienen -y desde hace muchos años- por el agravio salarial comparativo con las fuerzas del orden de Cataluña… pero no en las circunstancias actuales.

Parece un vano intento de acallar el grave descontento de la Guardia Civil, cuerpo muy jerarquizado y con gran espíritu de cuerpo, y que, en principio, no ha conseguido.

¿Y QUÉ PASA CON LA JUSTICIA?

Lo tuits tanto del portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados y del vicepresidente Segundo del Gobierno y que tuvieron como respuesta un duro comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, amén de también la totalidad de las asociaciones judiciales, es algo insólito (vid. anterior columna de fecha 7 de mayo, que analizaba estas graves manifestaciones contra o por la sentencia condenatoria dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra una militante y diputada de tal partido en la Asamblea de Madrid).

Igualmente, acusar a la magistrada instructora citada por parte de la Abogacía del Estado de convertir la instrucción “en una causa general acerca de la gestión [del Gobierno] de la crisis sanitaria” parece un tanto excesivo.

Cierto es que algún partido político –sino todos- o, incluso, particulares, cuando se les está investigando por unos hechos presuntamente delictivos, generalmente vinculados con la corrupción, acusan de lo mismo, que se les está haciendo una causa general prospectiva “por si encuentran algo”, pero es la primera vez que se hace por la Abogacía del Estado o, lo que es lo mismo y conforme lo expuesto “ut supra”, por el Gobierno. Es un enfrentamiento insólito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial hasta ahora nunca visto.

¿Qué es lo que pretende el Gobierno?, ¿qué finalidad tienen estas actuaciones?

Nos lo podemos imaginar: simple y llanamente, amedrentar.

Hasta hace muy poco tiempo –y seguimos, pero ya menos- el peso estaba en los sanitarios (médicos, enfermeros, celadores, etcétera). Los sanitarios han tenido una presión abrumadora y angustiosa por la abundancia de ciudadanos contagiados; sin duda han sido desbordados.

Han atendido a los contagiados y luchando contra el coronavirus sin medios de protección individual, han estado sobrepasados, muy superados a pesar de su entrega absoluta (recuérdese que, en el pico de la pandemia, a finales de marzo, llegamos a la friolera cantidad de 950 muertos en un solo día). Son muchos miles los ciudadanos fallecidos y más de un cuarto de millón los contagiados.

PRESIÓN SOBRE LA JUSTICIA 

El sistema sanitario no pudo, se sobresaturó y se desbordó (escalofriantes las imágenes emitidas por los medios televisivos de la saturación de hospitales, por todos conocidas). Ahora la situación ya está controlada… si no llega un rebrote.

No obstante, de suceder –esperemos que no sea así- ya dispone el sistema sanitario de más medios y están, presuntamente, preparados.

La presión ahora se va a deslizar, se está deslizando hacia la Justicia, hacia los jueces. La avalancha de casos en la Justicia, sea en la jurisdicción civil, mercantil, contencioso-administrativa y en la jurisdicción penal, es y será abrumadora.

La presión no va a ser solo de abundancia de casos (la Justicia por cuanto todos los órdenes jurisdiccionales ya estaban, antes de la pandemia, desbordados, con cargas de trabajo superiores al 100 %, llegando incluso a más del 200 % en algún orden jurisdiccional).

Ya estamos acostumbrados a tal ritmo de trabajo.

Pero es que la presión no va a ser solo por esta avalancha de nuevos casos, sino también mediática y, fundamentalmente, política, máxime en el orden jurisdiccional penal.

Ya lo estamos viendo.

Vienen tiempos duros para la Justicia. Tiempos recios (apropiándome del título de la última magnífica novela de nuestro postrero Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa).

Pero no nos preocupemos, ¡empieza ya el fútbol!, se reanuda la Liga ¡qué alegría! Ya estamos todos contentos.

¡Panem et circenses!