La aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), hecha pública el pasado 3 de marzo, ha tenido un efecto inesperado, cuando todo el mundo pensaba que su aplicación iba a ser pacífica: su diferente interpretación por parte de unos y otros órganos judiciales.
Hasta la fecha, 19 tribunales han fallado a favor de lo que se considera que es la interpretación «oficial» de la sentencia. Los bancos tienen obligación de cumplir con el control de transparencia, deben haberle explicado al consumidor cómo funciona el cálculo del tipo de interés, los elementos que componían el IRPH y las consecuencias si se incumplía, incluyendo en ella las comisiones y otros conceptos.
De la misma forma, también tenían que haber ofrecido al cliente una tabla histórica explicando como se había comportado en los últimos años. Y si no se cumplía ese deber de transparencia podía ser considerado abusivo y ser sustituido por otro, como el Euríbor, decisión que debía tomar el juez español.
En esta línea han fallado 14 Juzgados de Primera Instancia –Burgos, Lérida (2), Orihuela, Jaén (2), Cornellá de Llobregat (Tarragona), Guadalajara, Sanlucar la Mayor y San Cristóbal de la Laguna (Santander), Orense, Palma de Mallorca, Vigo y Zamora– y 5 Secciones de Audiencias Provinciales –Álava, Tarragona, Málaga (2) y Barcelona–, que son tribunales de apelación.
En la línea contraria, interpretaciones alternativas con matices «disidentes», se han pronunciado 8 órganos judiciales: 1 Juzgado de Primera Instancia –Tarragona– y 8 Secciones de Audiencias Provinciales –Madrid, Barcelona, Cáceres, Sevilla (2), Alicante, Granada y Huelva–, según información proporcionada por Asufín – Asociación de Usuarios Financieros, autora del mapa que ilustra la apertura de este artículo.
Patricia Suárez, presidenta de Asufín, reconoce que la ausencia de unanimidad en la aplicación del fallo del TJUE es preocupante, sobre todo por el hecho de que son los tribunales de primera instancia los que mayoritariamente están aplicándolo en un sentido casi unánime y son los tribunales de apelación, en la segunda instancia, los que lo están haciendo en sentido diferente.
Sin embargo, Suárez es optimista.
«Los consumidores no deben perder las esperanzas, además de los tribunales de primera instancia, hay también Audiencias Provinciales que están sentenciando en la misma dirección, a favor de los consumidores, anulando IRPH Cajas y también Entidades», explica.
«Es cierto que en ciudades grandes, como Barcelona, la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial se pronunció en contra. Como también es cierto que ha habido otra Sección, la 4, de lo Civil de esa misma Audiencia Provincial, que ha fallado en la misma dirección que los 14 Juzgados de Primera Instancia y las 5 Secciones de Audiencias Provinciales«, añade.
«Una cosa está clara: No hay unanimidad en su interpretación», apunta.
Suárez guarda dos esperanzas. La primera, la anunciada cuestión prejudicial al TJUE que el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana Zorraquino, ha anunciado que va a elevar a Luxemburgo.
González de Audicana fue el autor de la anterior cuestión prejudicial, que estuvo en el origen de la sentencia del TJUE del 3 de marzo, esta que ha provocado diferentes interpretaciones.
El tribunal de apelación que tiene que ver las sentencias procedentes de su Juzgado es la Sección 15 de la Audiencia Provincial de la ciudad condal, especializada en mercantil, contraria al sentido que la mayoría de los tribunales españoles le están dando. El magistrado sabe que toda sentencia que falle de forma contraria a la «jurisprudencia» de la esa Sección invariablemente va a ser tumbada.
La segunda esperanza de la presidenta de Asufín es que el Tribunal Supremo celebre un Pleno lo antes posible y zanje este debate.
«La sentencia del TJUE dejaba meridianamente claro que sí se podía valorar la falta de transparencia de esta cláusula y declarar su abusividad», señala.
Sin embargo, Suárez es consciente de que en la Sala de lo Civil se están produciendo cosas atípicas, como es la de preguntar a las partes, en casos de recursos de casación por IRPH, que valoren –en los autos de admisión–, la sentencia del TJUE.
Como bien informó Confilegal, esto puede indicar que el Supremo, lejos de cerrar este contencioso, con una sentencia de unificación de doctrina, asimilando la del TJUE, está más cerca de plantear, a su vez, otra cuestión prejudicial sobre el asunto, con lo que la solución definitiva –una sola interpretación– parece lejos de alcanzarse.
