El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y vicepresidente de la Plataforma Pymes, Antoni Cañete, pidió a los diputados que “cuiden y salven a los que pagan impuestos. Sin ellos será imposible financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”.
Las pymes plantean al Congreso que se inyecten 150.000 millones de euros sin comprometer el balance de las empresas ni del país
Los problemas en la cadena de pagos amenazan la estabilidad de 500.000 empresas españolas
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09/6/2020 06:45
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Actualizado: 09/6/2020 01:32
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El secretario general de PIMEC, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y vicepresidente de la Plataforma Pymes, Antoni Cañete, compareció ayer ante el Congreso de los Diputados en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica y situó a las pyme como factor clave y estratégico para la reactivación.
Cañete pidió que “cuiden y salven a los que pagan impuestos. Sin ellos será imposible financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”.
Al mismo tiempo propuso impulsar un Pacto de Estado para la Formación Profesional, reclamó un régimen sancionador para los morosos y una representación real de las pymes.
Cañete junto con Iñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, Gabriel Domenech, responsable del servicio de estudios del BBVA o el economista Juan Ramón Rallo, forman parte del grupo de profesionales de la sociedad civil elegidos para formar parte del grupo de trabajo Reactivación Económica de esta Comisión, que tiene como objetivo proponer medidas de impulso en el escenario post Covid-19 en los diferentes ámbitos productivos.
En el caso de Sagardoy y Domenech señalaron claramente que es necesario reformar el mercado de trabajo pero sin tener que abordar la derogación de la reforma laboral de 2012, pues consideran que lo que el mercado de trabajo necesita «son mejoras en eficiencia y equidad», considerando, eso sí «muchos espacios de mejora para reducir la temporalidad, el desempleo estructural y el desempleo de larga duración».
«No es el momento ni la forma, legítima, por supuesto, pero no es momento adecuado», comentó Sagardoy, que ha defendido la fórmula del diálogo social para acordar los cambios laborales, y asegurando que la reforma laboral de 2012 ofrece más soluciones a las empresas para evitar la fórmula de despidos.
Durante su intervención Antoni Cañete ha lamentado las duras consecuencias de la crisis del Covid-19 para el tejido de pymes y autónomos, “un 20% de los cuales no volverá a levantar su persiana”, según datos de PIMEC.
En este sentido, ha destacado la pyme como factor clave y estratégico para la reconstrucción del país y ha pedido que “cuiden y salven a los que pagan impuestos.
A este respecto recordó que “las pymes son clave en la reconstrucción del país. ¡Sin las pymes no saldremos de esta!”, resaltó, para luego señalar que “cualquier estrategia de recuperación debe contar con el 99’8% de nuestras empresas, casi el 70% del empleo privado, aproximadamente el 60% del PIB y más de la mitad de la recaudación tributaria empresarial”.
Cañete ha hecho una propuesta para lograr un crecimiento sólido, justo y sostenible basado en tres ejes fundamentales: innovación y conocimiento, productividad y competitividad y, finalmente, voz y representación real.
Basándose en el primer eje, Antoni Cañete ha propuesto un Pacto de Estado para la FP, ya que “la Formación Profesional es posiblemente el elemento de competitividad más importante de un país”.
Cañete ha recordado que nuestra FP se basa en la oferta de los centros educativos, pero “lo adecuado sería basarse en la demanda de nuestro sistema productivo” y por tanto pedimos que se reconozca el papel formativo de la empresa.
Otro factor que lastra las pymes es la morosidad. “Durante esta crisis hemos obligado a las empresas a endeudarse a través de créditos ICO, cuando la solución podría haber sido eliminar la morosidad”, ha lamentado Cañete.
Antoni Cañete durante su intervención en el Congreso de los Diputados.
Cañete aludió al maltrato a las pymes durante décadas. “Sufren plazos medios de cobro de sus facturas de en torno a los 80 días, con picos que pueden superar los 200 días. Esto implica el doble de la media europea y casi tres veces la media alemana”.
Al mismo tiempo recordó que “pagan su electricidad un 50% por encima de la media de Francia y Portugal (para consumos anuales inferiores a 20 MW) y participan insuficientemente en la contratación pública: 19% frente a 30% del promedio europeo”.
También recordó que “pagan tipos de interés por sus préstamos un 20% superiores a la media europea, pese a los tipos únicos del BCE y fiscalmente, contribuyen al impuesto de sociedades con un tipo efectivo más alto que las grandes empresas (18% frente a 8%)».
«Y el Covid-19 empeora esta ya grave situación”, apuntó.
Cañete ha señalado públicamente en varias comparecencias la necesidad de evitar la ruptura de la cadena de pagos. “Si no se logra habrá un gran número de quiebras, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que están a dos mensualidades de no aguantar más”.
“Entre el 15% y el 20% de las empresas podrían desaparecer y la mayoría de las quiebras se producirán por falta de liquidez por la ruptura de los flujos monetarios», subraya Cañete. «Esto es, entre 500.000 y 600.000 empresas”.
Inyectar liquidez al sistema
En este sentido, propuso en su intervención, diversas medidas que supondrían una inyección de más de 150.000 millones de euros de liquidez al sistema, sin riesgos y sin comprometer el balance de las empresas ni del país.
«Se trata de meter liquidez al sistema siempre y cuando los interesados estén dispuestos a cumplir sus compromisos de pago pendientes que son muchos y diversos como nuestro lector podrá observar».
A este respecto, reclamó que las administraciones paguen sus facturas pendientes (14.000 millones de euros); que las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, abonen 122.000 millones pendientes de pago a sus proveedores y que los ayuntamientos liberen los 12.000 millones de remanentes que tienen en cuentas corrientes para salvar autónomos y pymes.
Junto con estas medidas contables algunas fiscales tales como, que se cambie el criterio liquidación del IVA y solo se ingrese el IVA cobrado; que se devuelva de manera inmediata el IVA a compensar retenido por Hacienda; y que los grandes contratistas paguen a sus proveedores.
Hay que acabar con la morosidad
En esta línea, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad remarcó la necesidad que “poner fin a la morosidad es un elemento esencial de viabilidad y competitividad de un país” y por tanto ha pedido una vez más que “aprueben la ya presentada proposición de ley de multas para los morosos. Urge un régimen sancionador”.
Antoni Cañete también manifestó que “en el modelo hacia el que debe transitar una España reconstruida, las pymes tienen que situarse en el puente de mando, con la voz y la representación que les corresponde. Ahora no la tienen”.
Finalmente, requirió “generar una nueva base económica, más inclusiva, amparada por un Pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas y sociales”.
Este experto entregó a los diferentes grupos parlamentarios un documento de veinticinco páginas que recoge media docena de propuestas de enmiendas de PIMEC a los diferentes Reales Decreto-Ley que se han aprobado durante el estado de alarma, teniendo en cuenta que todos se encuentran en trámite en el Congreso de los Diputados.
Las propuestas de la patronal incluyen aspectos como la mejora de las prestaciones para empresarios autónomos, modificación de permiso retribuido recuperable, restitución de los fondos de formación profesional.
Al mismo tiempo se reclama incentivos fiscales para las inversiones empresariales de prevención del Covid-19, flexibilización de los ERTE por fuerza mayor, desgravación fiscal de las reducciones y condonaciones de alquileres a pymes para favorecer su aplicación y rebaja del IVA de los sectores más afectados por el confinamiento.
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