El comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo Pérez, pagó a Enrique García Castaño, comisario principal, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional –número 3 del servicio de inteligencia– 4.333 euros mensuales entre junio de 2013 y abril de 2014, por su «colaboración» en la investigación y el espionaje al despacho de abogados Balder IP Law, S.L.
«El trabajo» le fue encargado a Villarejo el 27 de junio de 2013 por el bufete rival de abogados Herrero & Asociados, S.L., del que formaban parte los acusados Francisco Carpintero, Andrés Medina Bravo, Álvaro Martínez Muñoz, Mario Carpintero López y María Ángeles Moreno Nogales, se puede leer en el escrito de acusación que la Fiscalía Anticorrupción ha dirigido al magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, en el marco de la pieza 2 del caso Tándem, bautizada como Iron.
Herrero & Asociados, S.L. –dice Anticorrupción– «contrató a José Manuel Villarejo Pérez, a sabiendas de que era «comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía, destinado en la Dirección Adjunta Operativa desde el 13 de enero de 2011 hasta su jubilación el día 22 de junio de 2016″, donde realizaba funciones «relacionadas con la captación de información de interés policial».
El «pluriempleo» del comisario Villarejo era una actividad ilícita, prohibida dentro de la Policía Nacional.
POR QUÉ LA INVESTIGACIÓN AL BUFETE BALDER IP LAW, S.L.
Balder IP Law, S.L., había sido fundado por antiguos socios y empleados de Herreros & Asociados, S.L.
Los responsables de este bufete estaban convencidos de que les estaban robando información y clientes.
Era un caso claro, desde sus puntos de vista, de «competencia desleal».
El precio del encargo a Villarejo se fijó en 325.000 euros, más otros 300.000 euros en concepto de prima de éxito.
Y comprendía la obtención ilegal de información y datos de carácter reservados, como información tributaria, de Seguridad Social, movimientos bancarios, llamadas telefónicas y datos de carácter reservado de los fundadores y de varios trabajadores de Balder IP Law, S.L., además de uno de los socios de Herrero & Asociados y su esposa.
VILLAREJO Y GARCÍA CASTAÑO «COLABORABAN» AL MENOS DESDE 2005
Villarejo se sirvió para obtener gran parte de la información del comisario principal Enrique García Castaño, con el que formaba un «consorcio criminal» y cuya colaboración se remontaría, según el Ministerio Fiscal, «al menos hasta 2005«.
«El primero remuneraba la ilícita información que le facilitaba el segundo mediante entregas periódicas de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, no individualizadas por cada información concreta facilitada sino a modo de iguala por importe de 3.000 euros mensuales, además del pago en efectivo del alquiler por importe de 16.000 euros anuales de la vivienda habitual de Enrique García Castaño y su esposa»
El comisario Villarejo, prosigue disponía de un «complejo societario denominado Grupo Cenyt», del que era el verdadero dueño.
Una «organización criminal», en palabras de la Fiscalía Anticorrupción.
Villarejo contaba con la colaboración, no solo de García Castaño. También con la de Constancio Riaño Prieto, inspector jefe, y Javier Fernández Pérez, subinspector, ambos destinados en la Unidad que dirigía el comisario García Castaño, y con Antonio Chaparro, funcionario de la Agencia Tributaria. Todos acusados también.
«Entre estos últimos destaca la función desempeñada por el acusado Enrique García Castaño, el cual de forma permanente se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la organización criminal, a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, su capacidad de obtención de información para la Policía Nacional española, obteniendo un relevante lucro por ello», precisa la Fiscalía.
UNA DENUNCIA FALLIDA
La información obtenida ilícitamente fue utilizada para nutrir una denuncia falsa que fue presentada el 23 de enero de 2014 ante la Brigada de Seguridad Informática de la Unidad Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial por Andrés Medina Bravo, en nombre de Herrero & Asociados, S.L contra los siete miembros Balder IP Law, S.L.
Por los supuestos delitos de sustracción de datos informáticos y secretos de empresa.
El objetivo era que se les detuviera y fueran formalmente acusados.
Aquello dio pie, apenas veinte días más tarde, a la incoación de unas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 13 de Madrid.
Herrero & Asociados, S.L., trató por todos los medios de que se incorporasen a las actuaciones judiciales los datos reservados obtenidos por el Grupo Cenyt, enmascarando su origen ilícito, cosa que desestimó el magistrado.
Un año y medio más tarde, el 17 de julio de 2015, se decretó el sobreseimiento provisional del caso.
LA FISCALÍA ACUSA
En total, la Fiscalía Anticorrupción pide, por estos hechos, para Villarejo 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros.
Considera que ha cometido dos delitos de cohecho pasivo, dos delitos de cohecho activo, un delito de descubrimiento y revelación de secretos, 7 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares, un delito de tráfico de influencias cometido por funcionario público y un delito de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía Anticorrupción, asimismo, aplica a Villarejo la circunstancia modificativa agravante de la responsabilidad criminal de prevalimiento de su carácter público –era comisario en activo–.
Para el comisario García Castaño, la pena solicitada es de 5 años menos: 52 años de cárcel.
Además de Villarejo y García Castaño, Anticorrupción acusa a otras 12 personas –policías y abogados incluidos– y al bufete Herrero & Asociados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
