El caso se inició hace seis años. Concretamente el 28 de enero de 2014. La instrucción no debería haber durado más de dos años, por lo que este desenlace, a estas alturas, es un claro fracaso de la Administración de Justicia.
Porque lejos de resolverse se siguió alargando y alargando.
Hasta que ahora, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, el décimo que ha pasado por ese órgano judicial en estos seis años, ha decidido transformar las diligencias previas, la investigación –en lenguaje para que nos entendamos todos–, en procedimiento abreviado.
El equivalente al procesamiento en el procedimiento ordinario.
Y ha imputado a Miguel Ángel Ramírez, presidente y dueño del Seguridad Integral Canaria, S.A., del Grupo de empresas Ralons, que han entrado en concurso de acreedores recientemente, y del equipo de Segunda División Las Palmas, de 5 delitos contra la Hacienda Pública y tres delitos contra la Seguridad Social.
Junto a él, también ha sido imputado Héctor de Armas, quien fuera su mano derecha, quien padece una grave enfermedad y al que Ramírez despidió. De Armas es, hoy por hoy, uno de los grandes enemigos de Ramírez.
También está imputada Seguridad Integral Canaria, S.A., como persona jurídica.
Díaz Tejera recuerda en su auto, de 16 de junio pasado, que «el 20 de junio de 2016, en el folio 8046, la instructora ya manifestase que se estaba en la fase final de instrucción». Hace cuatro años.
«De las diligencias practicadas, se derivan indicios racionales suficientes a los efectos de continuar el procedimiento y pasar a la fase intermedia del proceso, permitiendo a las acusaciones solicitar la apertura del juicio oral», dice el magistrado en su auto.
ESTO NO SE TERMINA AQUÍ
Sin embargo, el caso está lejos de llegar a juicio. Según fuentes consultadas por Confilegal, es más que probable que el auto sea recurrido en reforma, primero, y luego en apelación, lo que alargará, entre seis meses y un año el paso siguiente: la incoación del auto de apertura de juicio oral, que, por lo menos, tardará otro año más, visto lo visto como están las cosas.
En conclusión, asumiendo que todo fuera según lo descrito, Ramírez podría verse en el banquillo de los acusados, como poco, en 2022. Ocho años más tarde de que se comenzara la instrucción del caso. Un tiempo en el que buena parte de los delitos habrán prescrito. Un ejemplo de lo que no debería ser jamás la justicia.
