La Audiencia Provincial de Las Palmas, en funciones de apelación, dio por buena la instrucción del caso de Alba durante los seis meses en que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas.
La instrucción del magistrado Alba sobre el caso Ramírez fue validada dos veces por la Audiencia Provincial de Las Palmas
Esto posibilitó su imputación por delitos más graves
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10/11/2021 06:48
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Actualizado: 10/11/2021 00:10
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La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en funciones de apelación, validó dos veces la instrucción que el magistrado Salvador Alba llevó a cabo, durante los seis meses en que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria sobre el caso del empresario Miguel Ángel Ramírez y su empresa, Seguridad Integral Canaria.
Esto ha posibilitado su imputación por 5 delitos fiscales y 2 contra la Seguridad Social. La Fiscalía solicita una condena de 21 años de cárcel y la Agencia Tributaria 73 años de prisión. Además de peticiones de multas entre los 60 y los 236 millones de euros, lo que se verá próximamente cuando se fije una fecha de juicio.
La instrucción ha durado casi ocho años y ha tenido 9 jueces de instrucción diferentes.
El magistrado Alba dictó una providencia, el 3 de noviembre de 2015, ampliando los ejercicios iniciales (de 2009 a 2010) en los que supuestamente cometió dichos delitos a los años 2011, 2012 y 2013.
Dicha providencia es crucial en el caso contra el empresario ya que interrumpe la prescripción y permite que pueda ser juzgado, además, por los ejercicios de 2011, 2012 y 2013.
De no haber existido dicho documento, Ramírez solo habría sido juzgado por el ejercicio de 2010 y la consecuencia penal no habría pasado de una petición de condena de un año de cárcel.
Esta ampliación de ejercicios fiscales es, precisamente, lo que ha venido atacando el abogado de Ramírez, el exmagistrado de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán.
Sin embargo, tanto la Sección Primera como la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, ambas en funciones de apelación, validaron la instrucción de Alba y lo establecido en la providencia.
La primera en un auto de octubre de 2016, en el que se afirmó que, en ningún momento, la instrucción de Alba vulneró derechos fundamentales de Ramírez ni se actuó con falta de imparcialidad y se validó la providencia.
El abogado solicitó la nulidad de todas resoluciones tomadas y todas las declaraciones recibidas por el magistrado Alba desde octubre de 2015 y marzo de 2016, cuando estuvo al frente del mencionado Juzgado.
Y la segunda en otro auto, este de 2021, por el que se desestimaron nuevamente los pretendidos defectos procesales de dicha providencia y se la dio por buena, ampliando los ejercicios fiscales a los años 2011, 2012 y 2013.
LA IMPOSICIÓN DE LA FIANZA DE ALBA FUE AJUSTADA A DERECHO
El caso contra Ramírez fue iniciado por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas en enero de 2014. Fue instruido, en un principio, por la magistrada Victoria Rosell. Hasta octubre de 2015, cuando dio el salto a la política.
Durante ese tiempo, la magistrada no impuso ninguna fianza al empresario.
El magistrado, Salvador Alba, que sustituyó a Rosell comisionado por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, impuso a Ramírez una fianza de 35 millones de euros, considerando que la deuda del empresario era de 23 millones de euros.
Poco tiempo después, Alba redujo dicha fianza a los 17 millones de euros. Por dicha decisión, el magistrado fue muy criticado.
Cuando abandonó ese Juzgado, su sustituta, la magistrada Carla Vallejo, redujo la fianza a solo 3 millones de euros.
La actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, fue muy criticada e investigada por dicha instrucción. Máxime cuando su pareja, el periodista Carlos Sosa, vendió la concesión de una radio insular a la Unión Deportiva Las Palmas, propiedad de Miguel Ángel Ramírez, quien durante un año y diez meses estuvo siendo investigado por ella desde su Juzgado.
Vallejo era amiga de Rosell y también de Julio Luis Wood Rodríguez, quien formó parte del tribunal de la Audiencia Provincial que condenó a Alba.
A pesar de haber sido recusado por Nicolás González Cuéllar, abogado defensor del magistrado, por amistad evidente de Wood con Rosell y con Vallejo, el magistrado no se apartó de dicho tribunal.
Una actitud que contrasta con la de Pablo Llarena, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se apartó voluntariamente del tribunal que tiene que dirimir el recurso de casación interpuesto por Alba contra su condena.
Por considerar, en línea con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tan importante es la apariencia de imparcialidad como la imparcialidad misma.
Llarena y Alba coincidieron en la dirección de la Asociación Profesional de la Magistratura y aunque no eran amigos, el primero consideró que su presencia ponía en riesgo la credibilidad del tribunal, cosa que no hizo Wood.
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