El TC declara inconstitucionales varios preceptos del Código Tributario de Cataluña

El Pleno del TC, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 5 de la Ley de la Generalidad de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña y de aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la Administración Tributaria de la Generalidad.

Estima y declara inconstitucional, entre otras, la regulación (que excede la sola repetición) de los principios constitucionales en materia tributaria; la regulación con carácter general del ámbito temporal y de los criterios de interpretación de las normas tributarias; de la potestad de calificación de la Administración; la regulación del supuesto en la que la Administración tributaria de la Generalidad y el contribuyente pueden llegar a “entendimientos” para la determinación de derechos y obligaciones tributarias; o la atribución de la competencia para regular los plazos de prescripción y las causas de interrupción de su cómputo.

Desestima otras impugnaciones del Código realizadas por el Gobierno al no apreciar una extralimitación competencial, entre otras, en la atribución a la Administración tributaria de la Generalidad de la facultad de dictar disposiciones interpretativas y de la obligación de contestar a las consultas que se le planteen los ciudadanos sobre las normas tributarias que promulguen en el ámbito de su competencia.

También considera que no vulneran la Constitución el deber de aplicar las normas tributarias de acuerdo con la doctrina establecida por los órganos económico-administrativos y la jurisprudencia de los tribunales, la facultad de obtener información con trascendencia tributaria “con la finalidad de utilizarlas en el ejercicio de las funciones de aplicación de los tributos o de recaudación en período ejecutivo que tiene atribuidas por ley”, o la posibilidad de que los datos con trascendencia tributaria que obtienen los ayuntamientos catalanes en materia tributaria local se cedan directamente a la Agencia Tributaria de Cataluña «para el control del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias».

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, está fechada a 18 de junio.

Pinchando aquí tiene acceso a ella.

El Pleno del TC aborda en ella por primera vez de manera sistemática la cuestión de la existencia o no de competencia normativa autonómica para el establecimiento de normas tributarias de carácter general, tanto sustantivas (principios, categorías tributarias, etc..) como de procedimiento, para todos los tributos que conforman su Hacienda; normas de “parte general” de Derecho tributario plasmadas fundamentalmente en la actualidad en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y en sus reglamentos (estatales) de desarrollo.

Analiza la distribución constitucional de competencias en materia tributarias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en función de la naturaleza propia o cedida de los recursos tributarios que constituyen la Hacienda autonómica, y determina el contenido y el alcance de los concretos títulos competenciales que ope Constitutionis (arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE) reservan al Estado la configuración de los “principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de procedimiento, del sistema tributario español» para garantizar que el ejercicio del poder tributario por los distintos niveles territoriales sea compatible con la existencia de “un sistema tributario” (artículo 31.1 de la Constitución), del que los (sub)sistemas tributarios autonómicos forman parte.

Una vez aclarada la distribución de competencias en la materia, y teniendo en cuenta que las normas contenidas en el Código Tributario de Cataluña e impugnadas no distinguen entre tributos propios y cedidos ni hacen referencia alguna al bloque de la constitucionalidad ni a la LGT, el Pleno se pronuncia sobre la adecuación de los concretos preceptos impugnados al referido orden constitucional de competencias.