Este plan, según Justicia, se llevará probablamente al Consejo de Ministros del 7 de julio para su aprobación. Foto: Ministerio de Justicia.
Justicia explica a Comunidades Autónomas, jueces, fiscales, operadores jurídicos y sindicatos su plan de choque para los juzgados
Tendrá dos fases: la primera entre septiembre y diciembre y la segunda a partir de enero de 2021
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27/6/2020 02:00
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Actualizado: 19/8/2020 10:49
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El Ministerio de Justicia comenzó ayer viernes una ronda de reuniones sectoriales para explicar las medidas de refuerzo de los órganos de las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y de los juzgados de lo mercantil.
El plan de choque tras la pandemia de Covid-19 que prepara el departamento de Juan Carlos Campo tendrá dos fases que arrancarán en los próximos meses.
La primera entre septiembre y diciembre y la segunda a partir de enero de 2021.
Este plan, según ha informado Justicia en un comunicado, se llevará probablamente al Consejo de Ministros del 7 de julio para su aprobación.
Hasta el momento, ya ha sido presentado a las Comunidades Autónomas, sindicatos y asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de justicia.
Se trata de un plan de actuación comprometido en la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Aumento de la litigiosidad
Según Justicia, el reto más significativo para la Administración de la Justicia, a día de hoy, es «hacer frente al previsible aumento de la litigiosidad derivado de la ralentización de la actividad durante la crisis, así como de las medidas extraordinarias que se han tenido que adoptar y las consecuencias de la coyuntura económica».
El objetivo, por tanto, es reforzar aquellos órganos judiciales que afrontarán el mayor incremento de entrada de asuntos, con la intención de que recuperen, de forma paulatina, la normalidad en su actuación, reduciendo en lo posible la pendencia acumulada.
Así, la primera fase comenzará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de diciembre. Los apoyos se concentrarán en los órganos judiciales de los órdenes social y mercantil con una carga de trabajo superior al 130% del módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial.
La segunda fase se iniciará a partir del 1 de enero de 2021, a partir de este momento Justicia prevé contar con datos más completos del impacto de la crisis del Covid-19, lo que asegura «permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar en esta fase que afectarán a las tres jurisdicciones».
Programa de actuación por objetivos
Se adoptarán, por un lado, medidas de autorrefuerzo que consistirán en el establecimiento de un programa concreto de actuación por objetivos para personal destinado en el propio órgano que percibirá por ello una retribución extraordinaria.
En este programa podrán participar el titular del órgano judicial, un letrado de la Administración de Justicia, dos gestores/tramitadores y un auxilio judicial por órgano.
A priori, esta medida está destinada a dar cobertura a 229 órganos de lo social (64,31% del total) y a 86 órganos mercantiles (86% del total de la jurisdicción).
De forma especial los que superen, el 130 por 100 del módulo de carga de trabajo establecido por el CGPJ con medidas de auto refuerzo.
Los refuerzos externos se aplicarán a aquellos órganos que superen el 200 por 100 del módulo y los que, sin llegar a este nivel, excedan del 130 por 100 de pendencia.
Además, mediante medidas de refuerzo externo, se apoyará al órgano judicial con personal que no está destinado en la sede.
Se nombrará para ello a un juez, un letrado de la Administración de Justicia (social) o uno por cada dos jueces (mercantil), dos gestores y dos tramitadores por órgano, y un auxilio judicial por cada cuatro equipos.
Se reforzarán con estas actuaciones 57 órganos de lo social (16,01%) y 66 juzgados de lo mercantil (66%) pero se podrá extender su aplicación a otros órganos en función de su pendencia.
Nuevos órganos judiciales
El plan también contempla medidas estructurales, consistentes en la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales, cuya creación estaba prevista con anterioridad al estado de alarma.
En el ámbito de la jurisdicción social, el objetivo será la resolución de, al menos, 145 procedimientos mensuales. Si se trata de refuerzos externos, el objetivo consistirá en la realización de las actuaciones procesales debidas para el señalamiento y resolución de más de un centenar de procedimientos mensuales de carácter preferente.
En el ámbito de lo mercantil, el objetivo de la primera fase será la resolución de los procedimientos de menor complejidad pero que suponen un elevado porcentaje en la carga de trabajo del juzgado.
Con las medidas de autorrefuerzo se tratará de incrementar la resolución de los asuntos por reclamaciones aéreas en un 20%. El objetivo de las medidas de refuerzo externo consistirá en la realización de las actuaciones para la resolución de, al menos, 180 procedimientos mensuales en materia de reclamaciones aéreas.
Las asociaciones judiciales y de fiscales reclamaron que, ante las jubilaciones forzosas y las anticipadas, se convoquen más plazas en las oposiciones a las carreras judicial y fiscal.
El Ministerio tiene el compromiso de mantener el mismo número de la última convocatoria siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.
Coordinación más allá de la pandemia
Al frente de la reunión celebrada con las Comunidades Autónomas ha estado el secretario de Estado, Pablo Zapatero, quien ha subrayado el valor de la cogobernanza y la coordinación como una fórmula de éxito ya comprobada durante la gestión de la crisis y que el Ministerio pretende mantener más allá de la pandemia.
En ese sentido, el secretario de Estado ha pedido a los representantes de las Comunidades Autónomas un esfuerzo común como punto de partida, que pasa por “compartir datos para hablar un mismo lenguaje”.
Zapatero les ha planteado la posibilidad de trabajar conjuntamente en un sistema de información abierta que permita una gestión eficiente por parte de todos.
El objetivo es acordar este protocolo de actuación con las CCAA para ir encaminando ya los trabajos que se desarrollarán al hilo de la Conferencia Sectorial que se celebrará a finales de julio.
Por su parte, la directora general para el Servicio Público de la Justicia, Concha López-Yuste, ha explicado que se trata de un plan “dinámico y sujeto al cumplimiento de objetivos”, por lo que cada 15 días se realizará un control y evaluación de su funcionamiento.
Ello permitirá, según López-Yuste, adaptar las medidas a las circunstancias del momento y anticipar las actuaciones que se pondrán en marcha en la segunda fase.
La reunión con las asociaciones de jueces y fiscales ha estado presidida por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, y López-Yuste.
Por su parte, el subdirector general de Acceso y Promoción del Personal al servicio de la Administración de Justicia, José Ramón Crespo, ha destacado la receptividad y clima constructivo mostrados por los representantes sindicales con los que se ha reunido.
El subdirector general de Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal, Francisco Cabo, también ha mantenido un encuentro con representantes de las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia.
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