La ha presentado la abogada de la AEGC Elena Fletes de la Cal, en nombre de un agente del Puesto de Robledo de Chavela; imputa a los tres mandos conductas constitutivas de un supuesto delito de abuso de autoridad.
La AEGC denuncia al mando que ordenó que fuesen las mujeres de los guardias civiles las que salieran a comprar
Y a los superiores directos de este sargento, el capitán jefe de la Primera Compañía de San Lorenzo del Escorial y a su teniente adjunto
|
30/6/2020 17:28
|
Actualizado: 30/6/2020 17:44
|
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha presentado una denuncia contra el mando que está al frente de la unidad en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, un municipio de poco más de cuatro mil habitantes situado en la Sierra Oeste de Madrid, que ordenó el pasado abril que fuesen las mujeres de los guardias civiles las que salieran a comprar.
«Y, por tanto, se expusieran ellas al Covid-19», apostilla esta asociación.
La AEGC denunció entonces «el comportamiento que estaba teniendo este sargento del Puesto con los integrantes del mismo, inmiscuyéndose en la vida privada de sus subordinados».
En el escrito que tuvieron que firmar los agentes figura textualmente: “En el caso de que la salida la pueda hacer nuestra mujer, lo deben hacer ellas para evitar el contagio, ya que un contagio puede ser fatal para el resto”.
Además, continúa advirtiendo que “para comprobar el cumplimiento de esta orden, y como medida excepcional debido a la situación actual, se debe avisar al comandante de puesto cada vez que se vaya a salir del domicilio, especificando el motivo y el tiempo que se abandone el mismo”.
Según informaron a Confilegal fuentes de la Guardia Civil el pasado 21 de abril, «esa recomendación se anuló en cuanto se tuvo conocimiento de ella. Quedó sin efecto».
La denuncia la ha presentado la abogada de la AEGC Elena Fletes de la Cal, en nombre de un guardia civil del Puesto de Robledo de Chavela, en la que también se imputan «las mismas conductas tanto al capitán jefe de la Primera Compañía de San Lorenzo del Escorial, como a su teniente adjunto».
La letrada imputa a los tres mandos conductas constitutivas de un supuesto delito de abuso de autoridad.
En concreto, la abogada de la AEGC y representante del agente, acusa al sargento de “haber emitido órdenes ajenas al servicio y relativas, por tanto, a la conducción de la vida privada, restrictivas de derechos tales como el de circulación y privacidad que excedían los parámetros legales de la situación de alarma”.
La AEGC subraya que durante ese periodo se «exigió a los guardias civiles del puesto comunicar con antelación las salidas que tuvieran previstas, al tiempo que se les imponía que estas salidas las realizaran los cónyuges», y que el mando también «exigía a sus subordinados una justificación en caso de efectuar ellos las salidas para asuntos domésticos».
«Precisamente, en una de estas salidas sin la “supuesta autorización” del sargento, realizada por nuestro asociado en su coche particular, fue parado por el mando en presencia del capitán de la compañía y del teniente, ambos también denunciados», explica la AEGC.
Señala que al agente «se le sometió posteriormente a un registro personal y del vehículo».
La AEGC denuncia que se trata de una diligencia a todas luces «innecesaria» y que «no se reflejó en ninguna aplicación, pero sí fue observada por los vecinos de la localidad, lo que supuso, además, una humillación para el agente, que es muy conocido en el municipio».
Añade también que «esta no es la primera vez que el sargento del Puesto de Robledo de Chavela protagoniza
una conducta anticonstitucional».
Según afirma, «con anterioridad al confinamiento, el mando habría anulado la solicitud de permiso por vacaciones de otro agente sin que éste tuviera conocimiento o hubiese autorizado dicha solicitud, es decir que fue suplantado».
La AEGC recuerda que el pasado abril ya anunció que «cuando todo volviera a la normalidad llevaría ante la justicia este comportamiento abusivo».
«Ahora confiamos en que sea la Justicia la que ponga fin a este tipo de conductas que no sólo dañan la imagen de la Institución, sino que también perjudican seriamente el funcionamiento del puesto por el malestar que crea», concluye.
Noticias Relacionadas:
