Hoy comienza el juicio derivado del proceso iniciado por el Estado hace un año para reclamar a la familia Franco la propiedad del pazo coruñés de Meirás, para que pase a ser un bien público.
Se celebrará en la antigua sede de la Audiencia Provincial de La Coruña por cuestiones de espacio, la causa corresponde al Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña.
Está previsto que el juicio dure toda la semana.
El 10 de julio de 2019, la Abogacía del Estado presentó una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña en la que afirma que la compra del inmueble por parte de Franco en 1941 fue “simulada y fraudulenta”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló entonces que los Franco “actuaron contra derecho”, y que el Ejecutivo buscará recuperar la propiedad de este inmueble, ubicado en Sada.
En paralelo, el Ejecutivo también perseguía entonces la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que finalmente se produjo el 24 octubre, 44 años después de ser enterrado allí.
También solicitan la devolución de la propiedad la Xunta, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada, donde se ubica el pazo, y La Coruña.
Como demandadas se han personado seis miembros de la familia Franco y una sociedad mercantil.
El pasado enero se celebró la audiencia previa al juicio, que tuvo como primer objetivo intentar alcanzar un acuerdo o transacción entre las partes, examinar las cuestiones procesales que puedan impedir el seguimiento del proceso y fijar con precisión el objeto del pleito y los extremos de hecho y de derecho sobre los que exista controversia.
No hubo posibilidad de acuerdo entre las partes.
Los herederos de Franco manifiestan que han poseído como dueños, de «buena fe» y «con justo título» el inmueble, en el que no se han hecho inversiones a costa del erario público.
La familia ha aportado una serie de documentación con la que quieren «hacer valer» que el inmueble es de su propiedad.
Entre ella hay pólizas de seguro y declaraciones de la renta de Francisco Franco del año 1960 sobre el ejercicio 1959 y del año 1958, en la que figura el Pazo de Meirás como propiedad, así como los rendimientos agrícolas por fincas destinadas a cultivos.
UNA ‘SEGUNDA COMPRAVENTA FICTICIA’ QUE, SEGÚN LA ABOGACÍA, PERMITIÓ A FRANCO LA INSCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A SU NOMBRE
Según informó el Ministerio de Justicia en julio del año pasado, un estudio jurídico realizado la Abogacía del Estado ha sacado a la luz un documento que demuestra que Francisco Franco “falseó el título con el que inscribió el Pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad”.
Los hechos en los que se basa la demanda se remontan al 3 de marzo de 1938, fecha en la que se constituyó la denominada ‘Junta pro Pazo del Caudillo’, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de La Coruña, entre otras autoridades, con el fin de adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición de Franco para su utilización como residencia veraniega.
La compra se realizó el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro Pazo del Caudillo por 406.346 pesetas a la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán.
Esta escritura, desconocida hasta entonces, fue localizada por la Abogacía del Estado.
Según expone ésta, “la financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales”.
Explica que desde la fecha de la compra, el Pazo de Meirás fue objeto de numerosas actuaciones y obras, que incluyeron la dotación de infraestructuras y servicios, la expropiación de terrenos, la construcción de carreteras, el amurallamiento y acondicionamiento del recinto, así como otra serie de reformas que “fueron ejecutadas y financiadas en su conjunto por la Administración General del Estado”.
Desde entonces, el inmueble se usaba como residencia veraniega oficial de Franco.
La Abogacía del Estado expone que tres años después, acabada la guerra, el 24 de mayo de 1941 se otorga una segunda escritura pública en la que se presuntamente se simula la venta del Pazo por parte de Manuela Esteban Collantes a favor de Francisco Franco.
Con esta escritura como título, Franco inscribió a su nombre el Pazo de Meirás en el Registro de la Propiedad.
Según señaló el Ministerio de Justicia, esta inscripción, derivada de una “compraventa ficticia”, es la que permitió que, al fallecimiento de Franco, su viuda hiciese una donación del Pazo de Meirás a su hija, Carmen Franco, de quien pasó a su vez, a sus hijos y herederos.
En los casi 40 años en los que fue utilizado como residencia oficial de verano, el Pazo de Meirás fue administrado como una dependencia del Palacio del Pardo, “con el mismo uso público que este, siendo sede de la celebración de Consejos de Ministros y de numerosos actos y audiencias, administrándose exclusivamente con fondos y funcionarios públicos”.
“Incluso después del fallecimiento de Franco, el inmueble continuó durante varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil”, indicó Justicia.
LAS TORRES FUERON DECLARADAS BIC EN 2008
Las Torres de Meirás fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de sitio histórico en 2008, con el gobierno bipartito de PSdeG y BNG.
Los herederos de Franco recurrieron a la Justicia para intentar paralizar la declaración como edificio protegido y la obligación de que fuese abierto al público.
El gobierno gallego llegó a formalizar un convenio con la familia Franco con la obligación de abrirlo un mínimo de cuatro días al mes.
Sin embargo, en marzo de 2017 la Xunta inició un expediente tras supuestamente constatar que el teléfono habilitado para gestionar las solicitudes de visitas no estaba operativo.
PROCESO DE RECUPERACIÓN
Galicia decidió arrancar el proceso de recuperación del Pazo de Meirás en 2017.
En julio de 2018, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad reclamar al Estado que ejercitara las acciones legales procedentes para la recuperación del pazo para el patrimonio público.
En octubre de ese año, el Gobierno encargó un informe jurídico sobre la situación del Pazo para estudiar la fórmula adecuada para devolverlo a la ciudadanía, con todas las garantías.
En junio de 2019, la Cámara gallega volvió a aprobar por unanimidad instar a la Xunta a reclamar al Ejecutivo que iniciara “de manera urgente” las acciones legales “pertinentes” para la recuperación del Pazo.
Al mes siguiente, la Abogacía del Estado presentó la demanda.
DECLARARÁN 17 TESTIGOS
En el juicio declararán 17 testigos.
Hoy testificarán un guardia hortelano del Pazo hasta 1990, J.S.R.; dos vecinos de Meirás, J.P.B. y M.J.G.V; un funcionario del Ayuntamiento de La Coruña, A.A.P.; el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo tras el fallecimiento de Francisco Franco, E.M.M.; y el alcalde de Sada entre 1979 y 2007, Ramón Rodríguez Ares.
También declarará un amigo de la familia Martínez-Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas, que asumió asumió labores de gestión sobre la rehabilitación del pazo tras su incendio y parcial destrucción en 1978, L.F.Q.P.
En los días posteriores será el turno de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores del informe sobre actuaciones de la Comandancia de Fortificaciones y Obras de La Coruña, dependiente del Ministerio del Ejército, en el Pazo de Meirás, y del libro ‘Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio’.
También declarará como testigo el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xosé Manuel Núñez Seixas, presidente de la comisión de expertos nombrada por la Consejería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, y que realizó en junio de 2018 el informe sobre las posibilidades de incorporar al patrimonio público el pazo.
El 8 de julio testificarán testigos peritos y peritos: el profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), vocal de la Comisión de Expertos que elaboró el informe aportado por la Xunta de Galicia con su personamiento y por el Estado; E.G.S.; un catedrático de Derecho Administrativo de la USC y miembro de la Comisión de Expertos, L.M.M.; un catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña (UDC) y miembro de la Comisión de Expertos, J.M.B.L., y también tendrá lugar la pericial de TRAGSATEC (P.B.G., P.C.S.P., F.J.R.B. y F.J.M.M.).
El juicio está señalado hasta el viernes, de 9.30 a 15 horas.
Para el jueves, 9 de junio, se prevén las conclusiones, pero se ha reservado también el viernes por si fuera necesario.
