Arriba, de izquierda a derecha: Cristina Dexeus, Maite Pagazaurtundúa, Consuelo Ordóñez, Manuel Almenar, y Maite Araluce; en el centro, el etarra; y abajo aparecen Daniel Portero, José María Fúster-Fabra, Jorge Piedrafita y Francisco José Alcaraz.
Víctimas del terrorismo, jueces, fiscales y abogados analizan la posibilidad de libertad de Josu Ternera
La justicia francesa ha autorizado que salga de la cárcel y quede bajo arresto domiciliario si es viable utilizar un brazalete electrónico para controlar sus movimientos
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06/7/2020 06:47
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Actualizado: 07/7/2020 10:38
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Víctimas del terrorismo, jueces, fiscales y abogados analizan en Confilegal la posibilidad de libertad del histórico exdirigente de ETA José Antonio Urruticoetxea Bengoechea, alias ‘Josu Ternera’.
El Tribunal de Apelación de París rechazó el pasado miércoles la entrega a España por delitos de lesa humanidad, por los crímenes cometidos por la organización terrorista desde 2004.
Horas después, autorizó que salga de la cárcel y quede bajo arresto domiciliario si es viable utilizar un brazalete electrónico para controlar sus movimientos.
Ordenó un estudio para comprobar que esa medida puede efectuarse con todas las garantías y se pronunciará al respecto, en función del informe recibido, el próximo 29 de julio en una nueva audiencia.
Desde que comenzó la pandemia, el etarra ha pedido salir en libertad provisional con cautelares por tener 69 años y sufrir varias patologías.
Este exdirigente de la banda terrorista fue detenido el 16 de mayo de 2019 en Sallanches, los Alpes franceses. Llevaba 17 años huido de la Justicia, desde noviembre de 2002, tras ser imputado por la masacre de la Casa Cuartel.
La Guardia Civil siguió la pista de un colaborador de Josu Ternera que llevó a su detención en Sallanches (Francia).
Desde entonces está encarcelado en París, a la espera de que los tribunales resuelvan sobre su situación. El Tribunal de Apelaciones de París dio luz verde el pasado 8 de enero a la demanda de extradición de la Audiencia Nacional para que sea juzgado en España por su participación en el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, decisión que Josu Ternera recurrió ante el Tribunal Supremo francés.
Tiene pendiente pronunciarse sobre él relativas al asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta en 1980 y la financiación de ETA a través de ‘herriko tabernas’.
Sobre esta última causa decidirá el 30 de septiembre.
Ternera también tiene causas pendientes en Francia, ya que recurrió dos sentencias en las que fue condenado a siete y ocho años de prisión, y que fueron dictadas en rebeldía, cuando se encontraba fugado.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, señala que hay que distinguir dos procedimientos, el atentado contra la Casa cuartel, que es un proceso de extradición, y la reclamación por el procesamiento de lesa humanidad, que se articula a través de una orden europea de detención y entrega (OEDE). «Son distintos instrumentos en atención a la fecha de los hechos de cada procedimiento y a la de entrada en vigor de la OEDE», indica.
Respecto a la denegación de la entrega por parte de las autoridades francesas manifiesta que «requiere una atenta lectura para poder determinar en qué se ha basado y si existe, o no, posibilidad de articular algún mecanismo para su revisión».
«Solo conocemos lo que la prensa ha transmitido sobre la no entrega por un delito de lesa humanidad. Dicho delito no ha sido traspuesto de forma idéntica en todos los países, por lo que como ya he dicho, es necesario ver el contenido exacto de la denegación: si es por el fondo de la petición realizando una valoración de los hechos, lo que no está previsto en la OEDE, pues solo se deben revisar las formalidades legales, o por falta de tipicidad en su ordenamiento interno», manifiesta.
Dexeus explica que «solo en el caso primero se podría intentar la vía de recurrir a los tribunales europeos para que determinen si Francia ha hecho una interpretación correcta de la OEDE y de la norma Europea que está en su origen».
«Si es por falta de tipicidad, poco se podría hacer», afirma.
La presidenta de la AF también destaca que «no debe ni puede olvidarse que existe, a su vez, una reclamación extradicional por el atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza de 1987» y que «esa reclamación, por los hechos en que se sustenta, es más difícil de denegar».
«Por tanto, confiemos en que sea, más pronto que tarde, entregado a la justicia española para dirimir sus responsabilidades penales», agrega.
En cuanto a la situación de libertad bajo control telemático, Dexeus manifiesta que «es difícil de discutir desde la lejanías el desconocimiento de lo que conste en el expediente personal del reclamado».
«Es cierto que chirría que una persona con responsabilidades penales tan graves esté en libertad: ofende a las víctimas y posibilita que pueda eludir la acción de la justicia», señala Dexeus.
«Confío en la Justicia, sea francesa o española, y espero que la racionalidad se imponga. Y eso supone que él mismo se someta a la acción de la justicia: por las víctimas y su memoria», concluye.
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, manifiesta que «desde la Directiva de 2002, impulsada por España, se ha avanzado mucho en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y en el principio de confianza recíproca entre los países miembros de la Unión Europea».
«Pero esa normativa, en la que se fundamenta la cooperación judicial penal como medio de lucha contra las formas más graves de delincuencia, se basa en que el Tribunal que recibe la petición se limita a comprobar si concurren los requisitos formales exigidos, sin entrar a valorar el fondo del asunto», explica.
Almenar subraya que «cualquier decisión que suponga que el Tribunal entra a analizar, siquiera someramente el fondo, no contribuye en absoluto a reforzar aquel principio y mina la confianza mutua».
Indica que «en cualquier caso, cabe recordar que, por lo que se refiere al presente caso, se ha rechazado la petición respecto de un concreto delito, restando otras imputaciones como las relativas al atentado de la T4, donde murieron asesinadas dos personas, o el asesinato de un concejal del PSOE, sobre las que el Tribunal no se ha pronunciado».
En cuanto a la posibilidad de que quede en libertad bajo control telemático, el presidente de la APM dice que «lo importante es garantizar que el investigado no pueda eludir la acción de la Justicia».
«Estoy seguro que el Tribunal adoptará las medidas necesarias a tal fin», afirma.
La asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, hijo del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en Granada en octubre de 2000, ha enviado una carta al embajador francés en España, Jean-Michel Casa, en la que le reprocha la «injustificable» decisión de los tribunales galos de no entregar al exjefe de ETA para ser enjuiciado por un delito de lesa humanidad, y le advierte de que si se vuelve a fugar emprenderá las «acciones judiciales oportunas».
Portero traslada al embajador su «estupor y malestar»; considera «arbitraria la argumentación dada por el Tribunal de Apelación» pues «basa dicho rechazo de entrega en la ‘imprecisión’ de la calificación jurídica de los hechos que se le atribuyen y la fecha de los mismos».
Afirma que ante un procesamiento como el que se ha comunicado desde España «sólo puede caber la entrega» y que sería en el desarrollo del juicio en la Audiencia Nacional donde las defensas podrían exponer las alegaciones de descargo, pero no antes.
«Todo lo demás es que el Estado francés desempeñe el rol de santuario de presuntos autores de crímenes contra la humanidad. Un retroceso de décadas en el Derecho penal internacional y en la protección internacional de víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos», subraya Portero.
Afirma que el Tribunal de Apelación de París ha entrado en el fondo de los hechos objeto de investigación a la hora de decidir sobre la entrega o no del etarra, por lo que considera que se ha «extralimitado» en los «requisitos cuya observancia se requiere para cumplimentar la orden europea de detención interesada por las autoridades judiciales españolas».
En esta causa, ‘Josu Ternera’ está procesado junto con los también exjefes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’; Mikel Carrera Sarobe, alias ‘Ata’; y Ángel Iriondo Yarza, alias ‘Gurbitz’, por los atentados cometidos por la banda terrorista a partir de 2004.
Según recuerda Portero al embajador, los cuatro eran «los máximos dirigentes del aparato militar y político de la organización terrorista en los hechos investigados, esto es desde el 1 de octubre de 2004 hasta 2009, los cuales participaron del plan de acciones delictivas durante su periodo de dirección, impartiendo las instrucciones precisas a los autores materiales para llevar a cabo las mismas».
Explica que los hechos investigados con respecto a ‘Josu Ternera’ se centran en los años 2006, 2007 y 2008, entre ellos el atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas.
Extracto de la carta de queja d DyJ al embajador de Francia en España por la puesta en libertad del terrorista d ETA Josu Ternera.https://t.co/8CnA3felE3 pic.twitter.com/O6u3zX46xK
— Daniel Portero (@daniel_portero) July 3, 2020
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que está personada como acusación popular en la causa por el atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza, ha mostrado su «preocupación» ante la posible decisión de la justicia francesa de que sea excarcelado y quede en arresto domiciliario.
La AEGC recuerda que Josu Ternera estuvo al frente de la banda terrorista en una de sus etapas más sanguinarias, y considera que existe «un elevado riesgo de fuga» si queda en libertad después de su detención en mayo de 2019. Por eso, pide que se extremen las medidas de seguridad y que se aceleren las gestiones para su extradición, ya que en España es reclamado por cuatro causas.
«No creemos que la existencia de algún caso de Covid-19 en las prisiones francesas sustente la justificación del arresto domiciliario», señala la AEGC, y subraya que «este asesino ha estado eludiendo durante 17 años la acción de la justicia».
Jorge Piedrafita, letrado de la AEGC que ejercita la acusación popular en la causa del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, es «contrario» a la posibilidad de libertad de este exdirigente de ETA «ya que entiende que el elevado riesgo de fuga de Ternera tiene mayor entienda en la ponderación de la decisión judicial frente a unos contagios esporádicos en prisión, que son un riesgo abstracto y no acreditado».
Manifiesta su «preocupación ante una eventual fuga del terrorista». En caso de ser escarcelado, espera que la Policía francesa haga un «estricto control» del preso mientras dure esa situación.
Piedrafita también espera que «se resuelva cuanto antes el último recurso contra la extradición», del que afirma que «debe ser desestimado por no existir ningún impedimento legal o vulneración de derecho que la impida», y que «una vez Ternera sea conducido a la Audiencia Nacional pueda retomarse la causa con su toma de declaración, se practiquen las diligencias que quedaron en suspenso hasta que se concediera la extradición y pueda sentarse en el banquillo al sanguinario etarra para hacer justicia a los cinco niños asesinados y a los seis adultos, así como a los 88 heridos en el brutal atentado».
«Desde esta acusación se seguirá trabajando para lograr la mayor pena posible por tan viles asesinatos y este atentado no quede impune», anuncia.
La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián, confía en que el Tribunal Supremo francés desestime el recurso del etarra contra la autorización de extradición a España por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza.
En cuanto a la posibilidad de libertad de Josu Ternera, hace hincapié en que «todavía no está en la calle».
No obstante, de producirse afirma que está «tranquila» porque confía en que la policía francesa hará su trabajo.
«Recordemos que gracias a la colaboración con la Policía francesa pudo ser detenido», destaca.
«Estamos tranquilos porque confiamos en la policía francesa. Ellos no lo van a dejar huir. Saben que está reclamado por gravísimos delitos», remacha.
Por otra parte, Consuelo Ordóñez, que también es abogada y ha dedicado gran parte de su vida en la lucha contra ETA y su entorno, y la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo (memoria, verdad, dignidad y justicia), destaca que «en el País Vasco y en Navarra, aunque ya no nos matan, siguen secuestrando nuestra libertad», y que «mientras se sigan defendiendo valores antidemocráticos en las instituciones y en las calles, nuestra libertad seguirá secuestrada».
Covite ha contabilizado 124 actos de apoyo a ETA en los seis primeros meses del año y alerta del “preocupante aumento” de las acciones de esta naturaleza en los últimos meses, hasta el punto de que en lo que va de 2020 «ya se han superado en un 158% los registros de 2019.
Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, señala que «el primer juicio por lesa humanidad es una necesidad histórica y judicial para la sociedad española».
«Porque ese juicio puede dar una verdadera radiografía del alcance del mal y de la persecución y de la intolerancia, muy especialmente en la sociedades vasca y navarra, con todo el efecto en toda la sociedad española durante décadas», explica Pagazaurtundúa, hermana de Joseba Pagazaurtundúa Ruiz, sargento de la Policía Municipal de Andoain (Guipúzcoa), militante del PSE, asesinado por ETA en 2003.
«Tenemos que respetar las decisiones de los órganos judiciales, pero es de lamentar profundamente, porque necesitamos poner orden sobre los hechos, y el delito de lesa humanidad necesita ser visibilizado, porque, además, jamás ha podido realizarse todavía en España y esta era la oportunidad, y tememos que no llegue a materializarse«, expresa.
Nuestra sociedad necesita ese primer juicio por crímenes de lesa humanidad.Hace falta la radiografía de ese mal en sede judicial. https://t.co/dxSEDvuq0P
— Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) July 1, 2020
Urkullu y Jonan Fernández cierran los ojos y bostezan ante la nueva generación de jóvenes intolerantes abertzales. Los han dejado crecer con su política blandiblup. https://t.co/CJlINC0IV9
— Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) July 4, 2020
Homenajean únicamente si no se han arrepentido. Les enaltecen por haber matado y considerarlo correcto. Muchas víctimas se sienten humilladas. https://t.co/Z2TjaWh5Pv
— Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) July 1, 2020
El abogado José María Fuster-Fabra, cuyo bufete lleva desde 1989 en la lucha contra ETA y representa legalmente a la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), señala que «Josu Ternera es uno de los personajes más siniestros, por no decir el más siniestro, de los que que ha existido dentro del ámbito de ETA».
«Detrás de casi todos los atentados y detrás de la historia de ETA está Josu Ternera», destaca Fuster-Fabra.
Critica que «en nuestro país se cometió en su momento la ignominia» de que el etarra «llegase a ser diputado del Parlamento vasco», donde fue «incluso fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos».
Recalca que Josu Ternera está «detrás de una gran parte de las muertes que ha producido» la banda terrorista históricamente, y que, además, éste «siempre ha procurado ser el que diera la orden, el que fuera la idea, lo que lo convierte todavía aún si cabe más siniestro que un pistolero: Ordenar matar sin arriesgar».
Este letrado subraya que «donde Josu Ternera tiene que pagar sus culpas es en España, donde ha producido todo este daño».
Entiende que «por el hecho de que en Francia tiene causas, que en un principio haya sido un tribunal francés el que le haya ingresado en prisión».
Fúster Fabra hace hincapié en que la historia de Josu Ternera está «llena de fugas» y que «ha permanecido durante muchísimo tiempo escondido precisamente para no comparecer ante la Justicia».
«Que ahora que por fin lo ha hecho, uno de los mayores responsables de las andanzas de ETA sea puesto en libertad con medidas telemáticas, que todo el mundo sabe que no son precisamente las más exactas, me parece totalmente inapropiado«, manifiesta Fúster-Fabra.
Destaca que «su final tiene que ser en una cárcel española respondiendo por todos aquellos crímenes que él ordenó cometer».
El último caso Fúster Fabra llevó de ETA fue el del asesinato del inspector de la Policía Eduardo Puelles en junio de 2009, uno de los últimos atentados de la banda asesina..
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que preside Maite Araluce –quien sufrió la violencia de ETA a los 15 años, cuando la banda terrorista asesinó a su padre en San Sebastián, Juan María Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa-, también ha rechazado «con profundo dolor y decepción» que la Justicia francesa permita el arresto domiciliario bajo control telemático de Ternera, de quien «siempre queda el temor de que pueda volver a fugarse sin responder por las causas judiciales que tiene pendientes».
«Ha sido una lucha de muchos años hasta conseguir que se le detuviera el 16 de mayo de 2019», señala en referencia a la operación de la Guardia Civil que puso fin a 17 años prófugo de la Justicia.
La abogada Carmen Ladrón de Guevara, que junto con su compañero Antonio Guerrero, ejercita la acusación popular en la causa que se sigue en la AN por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, señala que están esperando a que Francia finalmente le entregue para poder ser encausado en este procedimiento judicial.
Cuenta que las víctimas, que «llevan tantos años esperando y reclamando que fuera detenido», estas noticias en relación sobre su situación personal y su posible puesta en libertad, aunque sea con vigilancia telemática, «les genera preocupación y les altera especialmente».
«Yo me trasladé a Zaragoza para explicarles lo que íbamos a hacer, que solicitamos a la Audiencia Nacional que se cursara la correspondiente extradición para que se le trasladara a España para que le podamos encausar en este procedimiento, y las víctimas han sufrido tanto, que se muestran escépticas. Me decían ‘hasta que no lo veamos, no nos lo vamos a terminar de creer'», explica Carmen Ladrón de Guevara.
Apunta que las «llevan mucho tiempo sufriendo, han sufrido durante 17 años que estuviese prófugo de la Justicia».
La AVT destaca que seguirá trabajando para que responda por sus acciones criminales, y recuerda que así lo pidieron en una campaña lanzada en 2019 en la que varias víctimas del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza leían una carta en la que rechazaban que este miembro de ETA fuera «un hombre que ha trabajado por la paz».
«Todo lo contrario, durante décadas ha sido dirigente de una organización terrorista cuyo mandato se han ordenado cientos de asesinatos; debe permanecer en prisión y no salir nunca más, igual que sus víctimas nunca saldrán de los cementerios», señalaban en aquella misiva.
El presidente de Voces contra el Terrorismo (VCT) y diputado de VOX, Francisco José Alcaraz, que ejercita junto a su hermana y su cuñado la acusación particular en la causa por el atentado contra la Casa Cuartel, considera que «todas las decisiones que se han tomado sobre Josu Ternera desde su huida están condicionadas por el proceso político de negociación con ETA».
«También creo que incluso las decisiones judiciales que se han tomado en Francia desde que fue detenido están condicionadas por los acuerdos del Gobierno socialista con la banda terrorista. Es el máximo responsable de la negociación con ETA, por lo que el Ejecutivo de España, todo lo que haga y deje de hacer está circunscrito precisamente al proceso de negociación con ETA. Por lo tanto, buscarán subterfugios legales para poder facilitar cualquier salida al terrorista Josu Ternera», afirma.
Los movimientos de Francia y el Gobierno con Josu Ternera van encaminado a facilitar un nuevo caso «Bolinaga»
Josu Ternera destrozaría al PSOE si hiciese pública las actas que él negoció . Y el PP quedaría en evidencia por asumir el proceso pactado entre Rajoy y ZP. https://t.co/LaicKRAnu1— José Alcaraz Martos (@fjosealcaraz) July 2, 2020
Alcaraz afirma que «la información que tiene Josu Ternera pondría de rodillas a cualquier Gobierno, del PSOE o del PP, porque unos por acción y otros por omisión han sido coopartícipes en el proceso y en el cumpliento de los acuerdos» y que «eso implica la impunidad de ETA de cara a que su brazo político esté en las instituciones, los acercamientos y excarcelaciones», la «traición a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles que se oponen al proceso de negociación con ETA».
«Puede ser un caso Boligana por la posibilidad de que en Francia quede en libertad bajo control telemático y que esto pudiera condicionar que la entrega a España para ser juzgado de momento por el atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza se produzca en los mismos términos en los que esté allí, y porque por la enfermedad que tiene podemos tener un retraso en el juicio», explica Alcaraz.
El presidente de VCT también destaca que «el pasado enero, el PSOE votó en el Parlamento Europeo en contra de que Europa investigue los 379 asesinatos de ETA sin resolver».
Alcaraz hace hincapié en que «la mayoría de los asesinatos de ETA, entre ellos los que están sin esclarecer, fueron a órdenes de Josu Ternera como jefe de la banda», que es quien «más años ha estado al frente de ETA».
Señala que «por tanto, nadie más en ETA tiene más datos que él sobre quiénes ejecutaron cada atentado y quién es el asesino de cada persona».
«Paradógicamente es también el terrorista más protegido por los gobiernos de España, en tanto que fue el que llevó a cabo la negociación con el Gobierno socialista», añade.
«Cuando sea juzgado por el atentado de la Casa Cuartel debería cumplir una pena de más años de los que va a poder vivir. Pero si se hiciese justicia tendría que ser juzgado por toda la historia criminal de ETA», sentencia Alcaraz.
El próximo 11 de diciembre se cumplirán 33 años del asesinato de su hermano pequeño, Ángel, y sus dos sobrinas gemelas, Miriam y Esther.
Pedro Ángel Alcaraz, su hermano pequeño (en el centro), que tenía 17 años cuando ETA lo mató, y las pequeñas Miriam (a la izquierda) y Esther (a la derecha), sus sobrinas gemelas, que tenían tres años.
JOSU TERNERA INGRESÓ EN ETA CON 20 AÑOS
José Antonio Urrutikoetxea (Miravalles (Vizcaya), 1950) ingresó en ETA con 20 años y, en 1984, pasó a formar parte de su cúpula directiva, una promoción que se llevó a cabo tras la detención del etarra Eugenio Etxebeste, alias ‘Antxon’.
En enero de 1989, dos años después de asumir el papel de ‘número 1’ de la banda terrorista, fue detenido en Bayona (Francia), y condenado a 10 años de prisión por la Justicia francesa, que cumplió hasta el 4 de mayo de 1996, cuando lo entregó a España.
Josu Ternera, en una imagen de archivo.
La Audiencia Nacional lo mantuvo en prisión preventiva hasta el 14 de enero del 2000, cuando el Tribunal Supremo ordenó su puesta en libertad al considerar que su condena en Francia por asociación de malhechores incluía las acusaciones que se le formulaban en España por pertenencia a banda armada, dentro del denominado ‘caso Sokoa’.
Estando en prisión fue elegido diputado en el Parlamento vasco por Euskal Herritarrok (EH), miembro de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara, y concejal en Ugao-Miravalles, su pueblo.
Su último papel de relevancia interna tuvo lugar durante la primera etapa del proceso de negociación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Posteriormente, fue relegado por Francisco Javier López Peña, alias ‘Thierry’, ya fallecido.
En 2002 Ternera protagonizó su última aparición pública, en Ginebra, donde participó junto a Arnaldo Otegi en una reunión con periodistas de la Asociación de Corresponsales Acreditados ante la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la capital suiza.
Su último rastro se diluyó en julio de 2013. Aquel año fue visto en un piso alquilado en Durban-sur-Arize, en el sur de Francia y muy cerca de Andorra y de la frontera española.
El 3 de mayo de 2018 participó en el comunicado en el que ETA anunció su disolución, siete años después de que la banda terrorista comunicara el cese de su actividad armada.
La banda asesina cometió el último atentado el 30 de julio de 2009.
Diego Salvá Lezáun y Carlos Sáenz de Tejada, dos agentes de la Guardia Civil en Mallorca, fueron las últimas víctimas mortales de 43 años de asesinatos, con casi 1.000 muertos y más de 6.000 heridos.
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