Luis Pineda, en el centro, flanqueado por sus abogados Miguel Durán, a la izquierda, y Luis de las Heras, a la derecha, de perfil. Foto: Carlos Berbell.
Miguel Durán pide la nulidad del juicio a Pineda ‘por basarse en motivaciones espurias y falsas’
Manifiesta que "la causa está viciada al ser un encargo ilícito del BBVA a Villarejo"
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10/7/2020 16:48
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Actualizado: 10/7/2020 17:28
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Miguel Durán, el abogado del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) la anulación del juicio de su cliente porque, según afirma, «ahora de forma inequívoca está claro que todo el procedimiento se basa en motivaciones espurias y falsas».
«La causa está viciada al ser un encargo ilícito del BBVA a Villarejo», manifiesta.
Durán presentó ayer un encrito en el que denuncia «la lesión de derechos fundamentales de Luis Pineda».
Reclama la nulidad de todas las pruebas obtenidas tras la denuncia anómima.
Subsidiariamente solicita que «se reabra la instrucción para poder investigar las conductas irregulares ocurridas no sólo durante la fase de instrucción del presente procedimiento, sino durante toda su instrucción».
Señala que de no admitirse la petición principal, resulta «imposible» a esta defensa «enfrentarse con las suficientes garantías a su derecho de defensa», a la vista de los testigos que declararán en el juicio, entre ellos, el inspector jefe que hace el informe policial, de quien Durán ha pedido su imputación en la pieza del BBVA del ‘caso Tándem’, junto con la del exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó y el excomisario general de la Policial Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, entre otros.
Asimismo, expone que es «imposible» ejercer el derecho de defensa si no es llamada a testificar «la gente que ha confabulado para crear este proceso contra Pineda y Ausbanc, eso es el excomisario José Manuel Villarejo, el expresidente del BBVA, Francisco González, y Corrochano» que ya había pedido y que fueron denegadas «incluso sin dejar a la defensa que expusiera las preguntas que hubiera formulado».
Durán manifiesta que de no aceptarse las pruebas solicitadas por la defensa, se le está «negando precisamente concurrir en condiciones idóneas para esta defensa probar lo que está alegando».
La Fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para el presidente del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses; los acusa de delitos de organización criminal y extorsión, a lo que en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones.
Luis Pineda entiende que habría sido «el entramado BBVA-Villarejo quien confeccionó la denuncia anónima para destruirle».
«Pineda se considera una víctima de los encargos que el excomisario José Manuel Villarejo habría realizado para la entidad financiera, que habría encomendado a Villarejo que acabase con Ausbanc», según señalan a Confilegal desde el despacho Durán & Durán, y apuntan que la condición de víctima la tiene otorgada por el magistrado instructor de Tándem, y por esa razón Luis Pineda ejercita la acusación particular.
La defensa sostiene que “fue Villarejo quien hizo las gestiones para que se abriera un procedimineto contra Pineda, para lo que se utilizó información y datos personales y privados del propio Pineda, como por ejemplo su tráfico de llamadas».
‘OPERACIÓN SOLICITADA POR EL BBVA A LA CÚPULA POLICIAL’
Miguel Durán expone en el escrito que las nuevas fuentes de prueba y evolución de la investigación en las diligencias previas de la pieza del BBVA del ‘caso Villarejo’ ponen de manifiesto que desde mucho antes de la «espuria denuncia anónima», existe una «operación solicitada por el BBVA a la cúpula policial que desarrolló una investigación parapolicial previa con el objetivo de satisfacer los criminales fines del presidente de la entidad, Francisco González, de destruir Ausbanc y a su presidente, Pineda, que no fructificó».
Afirma que esa «investigación parapolicial instada por el BBVA» para destruir a Ausbanc, se reiteró por el no hallazgo de elementos incriminadores, y «se reiteró a la cúpula policial en todo caso en las aludidas comidas del 25 de julio de 2014 y el 7 de enero de 2015, necesariamente conocidas por los más altos cargos del Ministerio del Interior».
Según manifiesta la defensa de Pineda, el impulso definitivo contra Ausbanc y Pineda finalmente se tomó en esa comida del 7 de enero de 2015, a la que asistieron, entre otros, Cosidó, a la sazón Director General de la Policía, y el entonces presidente del BBVA, Francisco González.
Miguel Durán señala que consta que a raíz de la comida en el Complejo Policial de Canillas y el buen clima, Corrochano se puso en contacto con el entonces responsable de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega, para informarle que “la policía había tomado la decisión de impulsar las investigaciones contra el Sr. Pineda y Ausbanc”, pero que “necesitaban una denuncia, aun cuando fuera anónima, que les sirviera de detonante de las investigaciones”.
Dice que consta igualmente que «para la materialización de la operación era necesario», pues así se lo manifiesta Corrochano a Ortega, “una sólida trabazón jurídico-penal del significado de la actuación de Ausbanc (…) las prácticas de Ausbanc eran un secreto a voces y que incluso había salido todo ello en diferentes medios de comunicación, pero que se ignoraba qué concretos delitos podía suponer todo aquello y con qué fundamento. En definitiva, se trataba hacer un trabajo fino de abogado penalista para que los cuadros policiales tuvieran constancia del grado de solidez jurídica que tendría que iniciar aquella investigación”.
Añade que de hecho, el propio Ortega, exmagistrado de la Audiencia Nacional, declara que conoce a otro exfiscal de sus tiempos en la AN y que actúa como abogado del BBVA.
Miguel Durán señala que «prácticamente todos los ordenamientos jurídicos de corte acusatorio han incorporado una regla de exclusión probatoria en virtud de la cual no se reconocen efectos a las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales (ilicitud probatoria)».
Apunta que sobre esta cuestión es clásica la cita del principio proclamado por el Tribunal Supremo Federal alemán (BGH), en su sentencia de 14 de junio de 1960 al establecer que «no hay principio alguno del ordenamiento procesal penal que imponga la investigación de la verdad a cualquier precio».
«Pero es que, además, en el presente caso nos encontramos con el que el foco de ilicitud de la prueba se encuentra en la propia autoridad», asegura.
«En el estado actual se ha disipado cualquier duda de que estuviéramos ante una denuncia anónima», agrega.
«Como somos plenamente conscientes de la doctrina sobre la denuncia anónima establecida por el Tribunal Supremo, vamos a seguir la propia sistemática de nuestro Alto Tribunal para verificar como en el presente caso estamos ante una denuncia anónima inadmisible, de hecho es que directamente no es ni aplicable esta doctrina, pues no estamos ante una denuncia anónima, sino ante un delito de cohecho», prosigue.
Por último, agrega que para evidenciar la gravedad de todo lo que está sucediendo, fruto de las investigaciones forénsicas en la pieza del BBVA del caso Tándem «se han hallado 134.668 hits (archivos, documentos, etc.) rojos, en relación al encargo del BBVA a la organización de Villarejo en relación a la destrucción de Ausbanc».
EL JUICIO SE REANUDA EL 16 DE JULIO
Además de Pineda, y el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard, se sientan en el banquillo la abogada Virginia López Negrete y otras siete personas por supuestamente integrar una organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.
Las acusaciones las ejercen la Fiscalía, Podemos, Credit Services y Bankia.
La Audiencia Nacional ha fijado para el 16 de julio la reanudación del juicio, que se interrumpió por el coronavirus, y se reanudó en junio con el interrogatorio a Pineda.
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