La Audiencia Nacional (AN) juzga desde hoy al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra y a otros seis acusados por el agujero de casi 10 millones de euros que presuntamente provocaron tanto en la entidad (4,2 millones) y en la extinta Bancaja (5,3 millones) por una subrogación hipotecaria relacionada con una parcela de Barcelona.
Además de Parra, se sientan en el banquillo el directivo de Banco de Valencia Francisco Egea Beneyto, el exdirector del Área de Riesgos de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja) José Vicente Giner Ponce, el exdirector del Área de Negocio Juan Zurita; y los tres responsables de Iberfin Capital: José Antonio Parra Aznar, hijo de Domingo Parra; Francisco de Andrés Sales y Dimas de Andrés Pujol, hijo de Francisco de Andrés.
Según se desprende del escrito de acusación provisional del Ministerio Público, Domingo Parra, Francisco Egea, José Vicente Giner y Juan Zurita «aprobaron, en detrimento de los legítimos intereses de las entidades financieras que debían defender, la subrogación» por parte de la mercantil Iberfin Capital una carga hipotecaria que resultó ser inferior en casi 10 millones de euros a la que originariamente gravaba la finca adquirida.
Esa finca se ubicaba en Barcelona, y la hipoteca procedía de un préstamo anterior concedido por ambas entidades a la sociedad Patrimonial Andybal.
Según el Ministerio Público, el reparto de la sociedad quedaba de la siguiente manera: el 25% era de Intercapiresa, de la familia del propio Domingo Parra, y el 75% restante era de Inversora del Reyno de Valencia, propiedad de Francisco de Andrés Sales y su esposa.
La Fiscalía ha calculado que el beneficio supuestamente obtenido por la familia de Domingo Parra se acerca a los tres millones de euros.
El Ministerio Fiscal considera los hechos constitutivos de dos delitos de administración desleal según el artículo 295 del Código Penal vigente en el momento de la comisión, o alternativamente de dos delitos de apropiación indebida del artículo 252 en relación al 250.5 del Código Penal vigente en el momento de la comisión de los hechos.
LAS PENAS QUE SOLITA LA FISCALÍA
Para Domingo Parra pide dos años o alternativamente tres años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargo, empleo o profesión en el seno o a cuenta de una entidad bancaria.
Para su hijo solicita cinco meses de cárcel o alternativamente un año y seis meses por el delito de apropiación indebida.
Para Francisco de Andrés reclama diez meses de prisión por administración desleal o alternativamente un año y seis meses de prisión por apropiación indebida de acuerdo al artículo 252.
La misma pena reclama para su hijo Dimas de Andrés.
Para Jose Vicente Giner, Juan Zurita y Francisco Egea solicita dos años de cárcel por administración desleal o alternativamente tres por apropiación indebida.
Además, el Ministerio Público solicita que Domingo Parra, Francisco Egea, José Antonio Parra, Francisco de Andrés y su hijo indemnicen conjunta y solidariamente al FROB y en su defecto a Caixabank (sucesor del Banco de Valencia) con 4,2 millones de euros mas los intereses devengados desde noviembre de 2010.
A esta responsabilidad civil añade que Francisco de Andrés, Juan Zurita y José Vicente Giner indemnicen a Bankia (sucesora de Bancaja) con 5,3 millones.
Pide que de estas sumas sea responsable civil subsidiario Iberfin Capital, y que Intercapiresa responda como partícipe a titulo lucrativo por el importe de 2,7 millones.
CONDENAS DE PARRA
Domingo Parra, el empresario Bautista Soler, su hija María Victoria Soler, y el marido de ésta, Vicente Fons, fueron condenados el pasado enero a devolver solidariamente 94 millones de euros al FROB, que tuvo que rescatar la entidad con dinero público por el agujero que dejaron con prácticas de administración desleal.
Parra también fue sentenciado en abril de 2019 por la AN a cuatro años de prisión por las irregularidades en una serie de operaciones bancarias vinculadas con proyectos inmobiliarios que causaron un perjuicio a la entidad de 198 millones de euros y pusieron en riesgo su viabilidad económica.
Además, en febrero de 2019 aceptó un año y siete meses de cárcel por administración desleal en la gestión de préstamos a una sociedad que le era afín, causa en la que abonó 330.000 euros por el perjuicio causado.
