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Asociaciones judiciales aseguran que los objetivos del plan de choque para los juzgados son inalcanzables 

El plan de refuerzo de Justicia, cuya fase 1 comenzará el 1 de septiembre, contempla medidas de autorrefuerzo y refuerzo externo.
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La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) consideran que los objetivos marcados por el Ministerio de Justicia en el plan de choque para los juzgados ante la crisis de Covid-19 son inalcanzables.

Ambas asociaciones se centran en los juzgados de lo Social por tratarse de una de las jurisdicciones más afectadas por el parón provocado por la pandemia y la sobrecarga de trabajo.

Aun así, coinciden en que la situación también se da en otras, como la mercantil y la contencioso-administrativa.

Así se lo ha transmitido a la carrera judicial JJpD en un comunicado.

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Por su parte FJI ha elaborado un vídeo, que ha publicado en sus redes sociales, explicando su posición respecto al plan de choque.

Las cuatro asociaciones (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) se reunieron el pasado martes con vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar la situación de los órganos judiciales y el desarrollo de las medidas del plan de actuación.

El plan de choque de Justicia, cuya fase 1 comenzará el 1 de septiembre, contempla medidas de autorrefuerzo y refuerzo externo, como ya avanzó el departamento de Juan Carlos Campo el mes pasado.

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A juicio de JJpD, la “enorme debilidad” del plan radica en que el “punto de partida de medición de la productividad judicial adicional que se pide, pues se basa en condiciones de normalidad laboral según indicadores”.

Para esta asociación, “el punto de partida debería haber sido la nueva normalidad judicial generada por la pandemia que ha modificado los índices de productividad normales a la baja, especialmente en los órganos judiciales más sobrecargados. La nueva normalidad judicial no está definida en el plan y ni siquiera es tenida en cuenta”.

En este sentido, destaca que “los objetivos basados en una normalidad previa pueden ser inalcanzables en el epicentro de la crisis judicial, como los juzgados de lo Social de Madrid, con el consiguiente fracaso del plan y la repercusión negativa en la imagen de la justicia. Esta situación es extensible a un gran número de órganos judiciales”.

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Además, esta asociación recuerda que la pandemia de Covid-19 ha exigido tomar nuevas medidas en las sedes judiciales, por lo que resalta que se debe tener en cuenta la guía de buenas prácticas para reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales del CGPJ de 29 de abril de 2020 y la de buenas prácticas en los centros de trabajo publicadas por el Ministerio de Sanidad.

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Y es que, en su opinión, el plan de actuación “no se acomoda a estas medidas ni a la realidad de la nueva normalidad judicial con menos espacios, limitaciones de aforo, mayor lentitud de actuaciones, ausencia de limpieza profesionalizada entre actuaciones, inclusión de nuevos órganos judiciales, refuerzos en los mismos edificios, etc”.

Por todo ello, considera “imprescindible la creación de una comisión de seguimiento con participación de las asociaciones para la implementación del Plan”.

“El verdadero problema, la falta de juzgados”

Por su parte, FJI cree que “el proyecto nace viciado de origen” puesto que, tal y como explica en un vídeo, “según los datos del CGPJ en 2019, en los juzgados de lo Social ingresaron 94.711 asuntos más que la carga de trabajo fijada por el Ministerio de Justicia lo que indica que son necesarios más de 118 juzgados de lo Social en España. Este es el verdadero problema, la falta de juzgados”.

Subraya que el programa de actuación por objetivos para más del 64% de juzgados de lo Social supone que el mismo juzgado, en el plan de autorrefuerzo, resuelva al menos 145 procedimientos mensuales y en el de refuerzo externo un mínimo de 100 asuntos.

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En este sentido, apunta que en 2019 “cada juzgado resolvió de media 971 asuntos al año lo que supone de media 88 procedimientos al mes al descontar el mes de vacaciones”. El plan “supone pasar de 442 sentencias al año a cerca de 730″.

Además, indica que sobre la retribución extraordinaria “no hay garantía alguna, pues si no se llega al objetivo fijado la actividad extra no es retribuida, es decir, un aumento de actividad sin compensación económica alguna”.

“El plan del Ministerio aboca a que los jueces se sometan a una carga de trabajo que pone en serio riesgo su salud y no tiene en cuenta que todos sus asuntos deben ser resueltos con serenidad y tiempo suficiente para dar una respuesta de calidad a los ciudadanos”.

Concluye que el planteamiento es “irreal e inviable”, ya que “no se plantea solucionar la falta de jueces y juzgados que sufre la justicia española”.